Columna | Tierra de Sal

La temática en torno a la violencia hacia las mujeres, hoy nos ocupa desde una nueva arista; para muchos es poco conocida: la violencia a las mujeres en el quehacer político.

¿Qué pasa con el tema de violencia política en contra de “ellas/nosotras”?

Vale la pena recordad que las cifras del 2016 al 2018, según la FEPADE mantuvieron un récord de doscientas denuncias, cifra que se dice fácil, pero es un fuerte reflejo de la mentalidad patriarcal todavía enraizada dentro del siglo que nos toca vivir.

“El director del Centro de Información de la ONU, para México, Cuba y República Dominicana, Giancarlo Summa, así como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que integran el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), advirtieron que, la violencia política ha alcanzado niveles nunca antes vistos y representa uno de los desafíos que enfrenta el país en el proceso electoral” (jornada.com.mx/ultimas/2018/06/26/violencia-politica-en-mexico-a-niveles-nunca-antes-vistos-onu-)

Y, ante la creciente demanda de equidad, igualdad y no violencia política el pasado 16 de agosto, se llevó a cabo el foro de “Violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2017-2018” con sede en la cd de México, con el objetivo de tipificar este tema en la próxima legislatura.

Entendamos que, la violencia política hacia las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo” (ver. Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, 2017)

Teniendo como antecedente este documento emitido con fecha 2016, y luego de haberse celebrado el pasado foro, donde la FEPADE busca en el siguiente periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, que inicia el uno de septiembre, se tipifique como delito la violencia política de género y de manera sustantiva se salvaguarden sus derechos políticos.

Cabe recordar que, de las 200 quejas presentadas antes del 2018, se suman 40 al término del proceso electoral del 1 de julio. Nos debe quedar claro que, en esta sociedad mexicana, de enorme arraigo patriarcal, muchas mujeres, siguen siendo víctimas de violencia política, donde sus derechos han sido vulnerados ya sea por omisión o en acciones y, es menester poner un freno a dichas acciones.

Si bien es cierto que la violencia política se puede encuadrar en los siguientes términos: física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida y ejecutada a través de agentes del estado; colegas de trabajo, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, todos ellos se vuelven factores determinantes quienes tienen en sus manos la búsqueda de condiciones favorables para erradicar este mal social.

Como sociedad debemos, implementar acciones afirmativas de difusión, apoyo y defensa en los temas anteriormente citados; primero, para saber detectar que se es víctima de violencia política ¿cómo?, preguntarse si la violencia se dirige a cualquier mujer por el hecho de serlo y si tiene un impacto diferente para mujeres respecto a los hombres. Si entorpece o invalida el reconocimiento y ejercicio de sus derechos político y electorales.

En México la violencia política de género se encuentra regulada en las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia correspondientes a 21 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Y en Puebla pese a los intentos que se han tenido durante varios meses por tipificar la violencia política contra las mujeres, no ha prosperado; el escenario se ha vuelto adverso para muchas mujeres políticas quienes han/hemos sido violentadas por acción y por omisión.

Ahora bien, es viable considerar y evaluar, el objetivo de esta propuesta de la sociedad incluyente, en equilibrio y en equidad y lejos, muy lejos de la no violencia política hacia las mujeres, habría que preguntarnos:

¿quiénes son los impulsores de estos temas y cuál es su objetivo real?

Pues si bien es cierto que, se desea fortalecer el ejercicio de respeto a los derechos políticos electorales de las mujeres, NO debemos permitir que este ejercicio condicione a las mujeres a ser un mero instrumento de dominación masculina y se vuelvan (ellas) una comparsa para servir a sus intereses.

Ellas no deben ser instrumento de manipulación ni motivo para enarbolar la tan nociva herencia patriarcal; es decir, la inclusión de Ellas debe ser sustentada en los verdaderos criterios de fortalecimiento al sector femenino donde sean incluidas, respetadas y valoradas por la fortaleza misma que representan y NO por el hecho de ser “la hija, la esposa, la novia, la madre, la suegra, la esposa de, etcétera”; Si así fuera estarían hablando de un perverso juego sustentado en el nepotismo y el fortalecimiento de “oscuras” dinastías.

Al final del día, abrir el proceso democrático como factor de fortalecimiento en temas de mujeres y de género debe ser uno de los discursos que fortalezcan el quehacer político, donde exista verdadera sanción a quienes transgredan el fortalecimiento del tejido político social en temas de Ellas.

Esperemos pacientemente los próximos resolutivos y el abordaje significativo en dichos tópicos. Y si no, al tiempo.

Twitter | @mayrusmayrus7 @Divandelamujer