Uno de los mayores retos, que sin duda alguna enfrentará el próximo Gobierno de la República y que ha hecho crisis en la mayoría de los Estados, es lograr rescatar el “Estado de Derecho” que no sólo ha perdido vigencia en las instituciones del país, sino que su constante violación y en algunos casos su manipulación y uso faccioso para beneficiar a los grupos en el poder, se ha convertido en un cáncer, que ha lacerado no sólo la confianza en las autoridades al permitirse la constante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución General de la República, sino también se ha vuelto uno de los problemas que en mayor medida han permitido el crecimiento de la corrupción, impunidad y sobre todo el aumento alarmante de la delincuencia en varios de los Estados de la República, por la colusión evidente entre los carteles con las autoridades como las policías estatales, municipales y las fiscalías. Ejemplos sobran y las víctimas de dichos actos seguimos siendo los ciudadanos, como usted o como yo, a quienes no nos queda, más que esperar suceda un milagro para que las instituciones tomen de nuevo su rumbo y volvamos a confiar en quienes supuestamente deben otorgarnos seguridad para que se combata en forma real y efectiva a los grupos de la delincuencia organizada cuyo crecimiento sigue viento en popa, sin que nada, ni nadie parezca tener el antídoto a esta situación.

Señalo lo anterior, porque uno de los elementos fundamentales que dan vigencia al Estado de Derecho, es precisamente el contar con un Poder Judicial encargado de la trascendental  tarea de administrar justicia, que sea autónomos, imparcial e independiente, alejado de los intereses de grupos de poder que eviten su perversión y que haga que sus resoluciones se encuentren manipuladas o sean dictadas desde una oficina distinta a los juzgados y recintos de los Tribunales Superiores o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es factible cuando los jueces, magistrados o Ministros deben su nombramiento al Gobernador en turno o al Presidente de la República. Como ejemplos podemos citar la designación en 2015 de Eduardo Medina Mora como Ministro del máximo tribunal del país y quien no contaba con experiencia en la administración de justicia y que sin embargo, pese a la oposición de diversas organizaciones de la sociedad civil y de abogados de diversos estados del país, fue impuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el caso de los Estados del país, sucede lo mismo, los nombramientos de los jueces y magistrados son aprobados por los Congresos Locales, a propuesta del Gobernador en turno y en la mayoría de los casos, operan como pagos de facturas a exfuncionarios que deben acomodar en alguna posición, para que continúen cobrando en la nómina de gobierno o también se consideran como Premios para compensar los favores o labor realizada en favor de su jefe, incluso para que trasciendan al período de su gobierno y les cubran las espaldas, si a futuro existiere alguna demanda o juicio en su contra. Total que en estos procedimientos, la decisión de quienes reciben dichos nombramientos se politizan y dejan fuera los derechos y méritos de funcionarios del Poder judicial que tendrían el derecho a ocupar dichos cargos, pero que no los pueden obtener, por no contar con las relaciones y padrinazgo del Gobernador, a quién lo que menos importa es pisotear los derechos y carrera judicial de quienes deberían ser considerados para dichas posiciones.

El problema se torna más grave aún, porque ya en su actuación en la función judicial, estos personajes demuestran su ignorancia de la ley y falta de experiencia y desgraciadamente sus errores e ineptitud terminan padeciéndola, los ciudadanos cuyos asuntos caen en sus manos y que se ven obligados a agotar todas las instancias legales, para obtener una sentencia apegada a derecho y justa.

Para todos estos casos, los funcionarios afectados por su imposibilidad de llegar a estos cargos, como los jueces que cuentan con carrera judicial y cuyos derechos humanos han sido violados, pueden ampararse en términos de lo dispuesto por el artículo 103 Constitucional y artículo 1 de la Ley de Amparo vigente, para evitar se sigan vulnerando sus derechos; sin embargo esto no ocurrirá ya que seguramente con dicha actitud ponen en riesgo su nombramiento actual y pueden ser víctimas de persecución política en su contra, como ha sucedido en el pasado. Así que sólo quedaría a los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados llevar a cabo acciones para rescatar la dignidad del Poder Judicial y luchar porque lleguen al Tribunal Superior de Justicia Magistrados probos, con experiencia y sobre todo con independencia para emitir sus resoluciones, alejados de la perversión de la política.