La democracia nació en las ciudades-Estado de la Grecia clásica en el siglo V a.C. y alcanzó su mayor desarrollo en la época de Pericles. Fue durante ese período cuando la población ateniense participó activamente en la toma de decisiones, apareciendo con ello, los primeros vestigios de lo que se consideraría democracia participativa.

Sin embargo, la historia de la democracia como forma de gobierno se ha visto marcada por una tensión perpetua entre su expresión ideal y realidad concreta, de tal modo que desde sus orígenes en las ciudades-Estados de la Grecia clásica, se ha tratado de buscar y de conciliar la participación de los ciudadanos con la gestión y capacidad de gobierno.

La democracia participativa es una concepción más reciente de la democracia representativa, donde el ciudadano tiene mayor influencia en la política, pudiéndose expresar a través de canales legales, establecidos en forma pública o privada, lo cual ha implicado un mayor compromiso con las decisiones de interés general y no solo de tipo eleccionaria.

El propio Estado ha creado instituciones de democracia semidirecta como la consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; y desde el seno de la propia sociedad han surgido las ONG que buscan tomar intervención en asuntos públicos, siempre respetando a los poderes legalmente constituidos, pero dando a conocer sus voces y actuando en consecuencia.

La democracia participativa promueve el debate, la toma de conciencia y de responsabilidades, la sana crítica, la cooperación entre individuos y grupos, y el despertar de la conciencia cívica, para lo que se debe estar informado de la actualidad política, y preparado, especialmente en valores democráticos. La libre expresión a través de marchas, denuncias, difusión por medios masivos son otras vías de participación.

Pero esta participación debe estar legitimada y legalizada, es decir, debe cuidarse el marco normativo por la cual se va a llevar a cabo, así como, efectivizar la misma buscando la participación mayoritaria, para que sea realmente un instrumento democrático, de lo contrario este se convierte en una dictadura plebiscitaria.

La legalidad es una garantía de protección del individuo frente al poder exorbitante que ostenta el Estado, por eso debe velarse por mantener su integridad. Los liberales morales sospechan de la legitimidad porque en ella puede contenerse un interés mayoritario, amañado y peligroso, frente al interés individual. Consideran la legitimidad como una expresión más emotiva que racional. En su sentir, la razón solo puede encontrarse en las formas jurídicas debidamente establecidas. La rigidez de la norma traza unas reglas de juego claras, públicas, expresas, de dominio público, que obliga a todos por igual. El deber del Estado es asegurar que tales formas no sean transgredidas.

El deber del Estado es someterse al derecho que él mismo crea. El respeto por las decisiones democráticas exige compromisos poco populares pero garantes de lo debidamente acordado atrás.

Pues bien, esta máxima democrática no debe hacerse a un lado en un tema como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, puesto que según lo manifestado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la construcción del mismo la va a decidir el pueblo mexicano en una consulta que carece de método y fundamento legal.

Lo anterior en razón que los lineamientos para una consulta ciudadana están establecidos en el artículo 35 constitucional, el cual, requiere que para utilizar este instrumento democrático es necesario que la misma sea convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, de una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras o por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y además señala como autoridad encargada para su organización y desarrollo al INE. Esto porque debe hacerse dentro de un proceso electoral federal.

Con lo anterior debemos entender que la decisión será tomada hasta dentro de tres años o que la misma será realizada contra lo estipulado en la Constitución, es decir, al estilo López Obrador, pasando por alto las leyes y las instituciones. ¿y el cambio prometido?