El pasado 20 de septiembre el Senador Ricardo Monreal Coordinador de Morena en la cámara alta, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de DELITOS GRAVES, señalando en la exposición de motivos “El nuevo sistema de justicia penal tiene como premisa que un imputado debe permanecer en prisión preventiva solamente en los casos que exista plena justificación para ello, atendiendo a la gravedad de la conducta cometida y que ello resulte indispensable para garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando así lo solicite el Ministerio Público. De manera oficiosa, el juez lo podrá solicitar respecto de los delitos incorporados desde la creación del nuevo sistema penal, precisamente en el artículo 19 constitucional, en el que se previeron aquellas conductas delictivas más perjudiciales para la sociedad, cuyo catálogo se desarrolla de manera detallada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales”

Refiere también que la intención del legislador en el nuevo sistema de justicia penal, fue darle al juzgador una mayor libertad, al eliminar el mecanismos de penas mínimas y máximas para implementar una medida cautelar y que al establecer un catálogo de conductas, lo hizo circunscribiéndolas a las que consideró más dañinas para la sociedad, tales como: homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de menores, tráfico de menores y delitos contra la salud, entre otros. Lo anterior significa que en los casos de delitos que no se incluyan en lo previsto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados podrán seguir su juicio sin permanecer en prisión preventiva; situación que a la fecha ha permitido que muchos presuntos delincuentes, gocen de este beneficio y se de la percepción a la sociedad de que el nuevo sistema beneficia más a quienes cometen un delito, que a la víctimas.

Por ello la propuesta de reforma al artículo 19 Constitucional presentada por el senador Ricardo Monreal, plantea que los jueces apliquen la prisión preventiva en forma oficiosa, además en delitos como: los cometidos en materia de corrupción, en materia electoral, en materia de hidrocarburos y en materia de armas y explosivos. Argumenta en su iniciativa en el impacto y perjuicio que originan a la sociedad dichas conductas, que en el caso de la corrupción permiten actualmente a los servidores públicos seguir sus juicios en libertad, dando un mensaje de impunidad y de que al final obtendrán una sentencia absolutoria burlando la acción de la justicia.

En materia electoral por el grave daño que se origina a la democracia al viciar y pervertir los procesos electorales, manipulando la voluntad ciudadana y socavando la credibilidad de las autoridades y el sentido del voto, originando con ello que los Partidos Políticos y candidatos recurran a estos actos con tal de conseguir el triunfo electoral, aún en contra de la decisión de los votantes. Conductas que a la fecha permiten a los imputados seguir sus procesos en libertad.

Por lo que hace a los delitos en materia de hidrocarburos, aún y cuando ya se encuentran previstos los delitos de delincuencia organizada en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se plantea que se incorporen los delitos en materia de hidrocarburos en el artículo 19 para hacer posible que en la propia ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, se amplíen a aquellos delitos que no caen en el supuesto de delincuencia organizada.

Finalmente en cuanto hace a los delitos de armas de fuego y explosivos, argumenta que unos de los factores que más han contribuido en forma grave en la crisis de seguridad pública y delincuencia que enfrenta el país es el uso de las armas de fuego y explosivos que se utilizan para la comisión de delitos, por ello considera que quienes hagan uso de estos dispositivos, deben afrontar las consecuencias legales de su comportamiento por el grave daño que causan a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto.

En mi opinión, es una iniciativa que de aprobarse servirá para dar herramientas a los jueces para dictar la prisión preventiva oficiosa a quienes cometan dichos delitos y se logrará que la sociedad en su conjunto tenga la seguridad de que no habrá impunidad, ni privilegios para quienes han dañado al país y a pesar de ello se aprovechan de la máxima del nuevo sistema de justicia penal de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”