Este domingo 5 de junio se pone a prueba, de nueva cuenta, el sistema electoral mexicano, tan disputado por sus inconsistencias; se supone que existe un marco legal con mayores garantías y una cultura política de mayor arraigo que darán unas elecciones más confiables, con acatamiento voluntario de sus resultados en casilla.

Examinemos entonces. Las campañas en busca del voto en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se desarrollaron sin sorpresas ni sobresaltos, salvo el cuestionado  gobernador Francisco Cabeza de Vaca que pudiera ser atraído a juicio.

Los debates entre candidatos no encendieron pasiones ni promovieron conocimientos;  la batalla se enfrenta en las trincheras digitales con un  cúmulo de odio recíproco entre simpatizantes de aspirantes en disputa de la representación del voto público; su función conciliadora y difusora de las personalidades destacadas es difusa, debido a que:

a.-Los debates  sirven solo de pasarelas a conocidos políticos locales, cuya tendencia dominante es la descalificación del puntero con adjetivos más que con argumentos o documentos que anulen su candidatura.

b.- Los temas de debate son de dimensión local, de un carácter leve, en Oaxaca el eje de preguntas fueron, los derechos indígenas y afromexicanos, migración, combate a la corrupción, como se advierte su nivel de conflicto favorece al consenso.

c.- No abordaron, en cambio,  problemas fundamentales del federalismo, sobre, una nueva Convención hacendaria que revise las aportaciones federales a los Estados, o la relación con los municipios en las participaciones federales, el vinculo de la seguridad municipal y la seguridad publica federal, etc.

d.- Se pierde, en consecuencia,  la oportunidad de mostrar las ventajas de una decisión alterna y diferente; es decir,  la del convencimiento o de adoctrinamiento partidario.

e.- Los debates no pasan de ser un requisito burocrático a favor del control del árbitro electoral. Para modificar esa insuficiencia bastaría que el moderador ajustara la discusión en torno a la plataforma electoral que presenta cada candidato, mostrar su viabilidad y su conveniencia.

f.- Los debates acaso solo favorecen a una mayor difusión de la imagen de los candidatos pero no cambian las preferencia de los electores.

¿ELECCIONES DE PARTIDO DE ESTADO?

Con la reformas electorales de 2014 los ciudadanos de los Estados perdieron el derecho originario de elegir a sus gobernantes.

 El pretexto para centralizar o nacionalizar los procesos locales, asi como cambiar la razón social del Instituto Electoral de Federal a Nacional fue que: “los gobernadores controlaban a su favor los comicios de su localidad”.

Con los cambios  aprobados por la LXII Legislatura se “tiró el agua de la cuna con todo y niño”; ahora el proceso electoral lo organiza la Federación a nombre de la nación, aunque fueron los estados los que dieron origen a la nación, no al revés.

La elección de cada estado no presenta características propias sino se realizan con un solo modelo comicial que incluye desde su apertura hasta la declaración de triunfo electoral;  por tanto, las impugnaciones y resoluciones también corresponden a un solo tribunal, todo lo cual lleva a la desaparición de cualquier rasgo de protección jurisdiccional de las propias entidades. Se trata pues de un modelo centralizador, que en ocasiones llega a absorber o negar las leyes electorales de los propios estados.

El problema de la absorción del poder originario de los estados no queda ahí, dado que las condiciones actuales dan una estructura de partidos híbrida: formalmente pluralismo de partidos en la realidad de bipartidismo, donde la oposición o minoría es heterogénea, así como el partido oficial o de mayoría se compone de una movilización social a la vez de un partido con estructura militante, cuya orientación y decisiones son de orden vertical hasta convertir el proceso electoral de los estado en una sola contingencia basada en Elecciones de partido de Estado.

Entre las características de la injerencia de partido de Estado se destacan las políticas de bienestar social con marcado acento de control subordinado a los órganos del partido oficial, así como la función que cubren los delegados especiales, antepuestos a las decisiones de los órganos institucionales del Estado de la entidad,;  ambas figuras anticonstitucionales emergen en las decisiones a favor del interés oficial.

ANGUSTIA O AUTOCRITICA

Si las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo son producto de la melancolía hay que despreocuparse, pero si son certeras, avaladas por la verdad y la razón, la angustia debe ser suplida por la autocrítica y la catarsis de no persistir en el error e recuperar el sentido y valor del Estado de liquidar las amenazas y agresiones de  violencia del crimen.

Muñoz Ledo es un político que piensa y habla, lo hace bien por lo general, forma parte de sus procedimientos habituales, siempre sujetos a la atención,  de otra manera tendría que probar que existe un acuerdo entre el Estado y el narco, cuyo mentís de entrada se da por la persecución realiza el Gobierno Federal en concordancia con el de los Estados Unidos en el combate al Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Otra situación que es posible en la denuncia de quien fuera un disidente del PRI en la formación del nuevo surgimiento del Frente Democrático Nacional en 1988, a partir del cual se configuraron los derechos civiles de los mexicanos en un sistema de pluralismo democrático, tendría que resolver la conjetura sobre si el Estado mexicano ha sido rebasado por el narco o si ha sido contenido en el acuerdo de una armisticio de respetar posiciones bajo control.

Las respuestas son muy difíciles de obtener, evidencias de caso existen, como: inmovilización de personal electoral en Sinaloa el día de la votación, 6 de junio 2021, o el reforzamiento del cacicazgo de Coyomeapam Puebla, de Aracelí Celestino, cuyas secuelas de violencia son la desaparición de defensores de derechos humanos, además tres personas asesinadas víctimas de la represión por la policía del Estado.

Una valoración coloquial sobre las condiciones de violencia imperantes, se dice que en Colombia  presenta un choque entre el Estado y los criminales de la droga, mientras que en México cada vez más se acentúa una guerra de orden civil, ¿será?

Es muy grave que el Estado sea cómplice de los cárteles de la droga, aún resulta desmesurado que sea rebasado por esos grupos. El Estado debe evidenciar su función primordial de otorgar seguridad a los miembros de su composición, es ahí donde surge una demanda indispensable,

¿Qué pretendiente a la Presidencia reúne las prendas necesarias de otorgar seguridad a los ciudadanos mexicanos?