• Al inaugurar la Expo Transporte ANPACT, el gobernador ofreció atender las peticiones de este sector
• En Puebla se trabaja por cambiar el modelo de gobierno y se combate la corrupción, aseveró

Puebla, Pue.- Al expresar que se responderá a los planteamientos de los fabricantes de vehículos de carga y transportistas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ofreció la aplicación de la ley en contra de quienes vulneren la seguridad.

Durante la inauguración de la edición 18 de la Expo Transporte ANPACT 2019, el mandatario reconoció que la ubicación del estado es un privilegio, pero que está posición impacta en la incidencia en el robo en carreteras y de hidrocarburo.

"Decirles que Puebla es su casa, decirles a las asociaciones y organizaciones de transportistas que vamos a responder a cada planteamiento que ustedes nos hagan, no vamos a vacilar en aplicar la ley en contra de personas o en contra de cualquier organización criminal. Estamos del lado de la ley y en Puebla el Estado de Derecho se aplica", sentenció el gobernador.

En su mensaje, Barbosa Huerta destacó que desde el arranque de su administración se emprenden acciones para devolver al estado una ruta de seguridad y de paz, por lo que una muestra de ello es la disminución en un 17 por ciento de la incidencia delictiva en el mes de septiembre.

Asimismo, destacó que se emprendieron acciones para cambiar el modelo de gobierno que se implantó en Puebla, por lo que se combate a la corrupción y se impulsa un mecanismo de simplificación.

"Debemos de actuar como gobiernos que con un Estado de Derecho fortalecido, con gobiernos simplificados, sin corrupción y que garanticen la seguridad pública de las personas, de las familias, de los negocios, del patrimonio", destacó Barbosa Huerta.
 
En tanto, la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín señaló que el sector transporte se posicionó como una de las principales actividades económicas del país, con una aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del 6.7 por ciento.

Indicó que desde su fundación en 1992, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se convirtió en un vínculo entre este sector y el gobierno.

"La ANPACT ha sido interlocutora del gobierno con sus asociados y participa de manera activa en el grupo de trabajo que da seguimiento a la agenda automotriz”, afirmó la funcionaria federal.

La Expo Transporte ANPACT 2019 tendrá actividades los días 17 y 18 de octubre en el Centro Expositor.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPACT, Miguel Elizalde Lizarraga; la secretaria de Economía estatal, Olivia Salomón; la presidenta municipal Claudia Rivera; el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Senado, Ricardo Moreno Bastida.

Además de Carlos Morán Moguel, subsecretario de Comunicaciones y Transporte; Francisco Cervantes, presidente de Concamin; Fabiana Briseño, secretaria de Turismo de Puebla; Abel Mauro Hibert, subjefe de Análisis e Innovación de la Oficina de Presidencia de la República.

De los diversos motivos de preocupación que genera la 4T, uno sobresale: el irrespeto por el estado de derecho.

La diferencia entre ser un país desarrollado o no serlo reside en dos factores centrales: la aplicación de la ley y el sistema educativo.

En los países desarrollados, la ley es una barrera rígida. Aquí es una franja: elástica, porosa, negociable.

El país ha tenido históricamente un déficit de legalidad y un superávit de impunidad. La joven democracia mexicana (1997) había venido sembrando semillas de legalidad e institucionalidad. La erosión del poder de un solo hombre produjo el cambio de sus potestades autoritarias por contrapesos y leyes. No fueron una panacea, pero se avanzó.

A esas potestades, Jorge Carpizo las definió como facultades metaconstitucionales: las que están más allá de la constitución, valga el barbarismo. Se fueron desvaneciendo, pero hoy están de vuelta.

Ejemplos del desprecio hacia a la ley abundan y alarman: la cancelación del aeropuerto por una “consulta”; el otorgamiento de 7 de cada 10 contratos sin licitación; nombrar a un militar en activo para dirigir la Guardia Nacional; vetar sin procedimiento a empresas para participar en licitaciones de medicamentos; no castigar la toma de vías férreas por la CNTE o los saqueos tras accidentes carreteros. En fin: un rosario de alertas.

El desdén por las leyes no es un rasgo del presidente: es su genoma. Él es un justiciero: un líder que llegó a aplicar su instinto, no la ley. Su sensibilidad, no las normas. Está convencido -con razón- que México se pudre en injusticia, en impunidad, en desigualdad. Poseedor de diagnósticos impecables pero de tratamientos lamentables, pretende gobernar bajo la fuerza del ejemplo, no del imperio de la ley.

Ello explica el porqué su inobservancia frecuente de los mandatos de la carta magna pero su ímpetu para promulgar una constitución moral. El justiciero opera bajo su percepción de lo que es equitativo, se guía por su criterio y ejerce su arbitrio que lo aproxima, tarde o temprano, a su exceso: la arbitrariedad.

En esa lógica, el líder sustituye a las instituciones: la decisión de perdonar a corruptos del pasado no solo consolida la impunidad: también hace pedazos la presunta autonomía del Fiscal General de la Nación.

El siguiente paso, fatal para la vida del país, es la intentona de Morena para controlar al poder judicial. Ampliar el número de Ministros de la SCJN es inútil e innecesario: inútil desde el punto de vista procesal, pero innecesario, pues si la corrupción del pasado está perdonada y la presente dejó de existir a partir del 1º de diciembre por el ejemplo del presidente, entonces no hay materia para la pretendida nueva sala.
 
Más peligrosa es la desaparición de la Judicatura, que le daría a Morena la capacidad de nombrar, asignar, sancionar y remover a todos los jueces y magistrados del país.

Por este camino, el país se precipita al viejo abismo de la arbitrariedad. Del que la ley se obedezca pero no se cumpla. De la impartición de justicia a modo. Del país de las reglas no escritas y no de leyes públicas. De la nación de hombres fuertes e instituciones débiles.

Dentro del marco de la ley coagula toda la vida nacional: las relaciones sociales, políticas, productivas. Ahí se delimita la convivencia de los mexicanos y ahí, sobre todo, reside la única y genuina igualdad: la que le garantiza al débil exigir justicia ante un juez aún contra los poderosos. Dentro del estado de derecho se nutre la confianza, el respeto y se estructura la convivencia pacífica.

Esa, a la que tanto aspiramos.

Twitter | @fvazquezrig