Estado y Derecho, son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presenten dentro de lo amplio del Pacto Social.

El Estado desde su nacimiento, ha sido regido por el Derecho, pero no todos los estados han regido su actuación conforme a lo que actualmente conocemos como un Estado de Derecho. El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su Derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un “Estado de Derecho”, eso resultaría una visión muy estrecha, ya que lo anterior simplemente reconoce un “Estado de Legalidad”.

Por tanto consideramos al Estado como, la sociedad jurídica y políticamente organizada, por medio de la estructuración del poder público para su ejercicio dentro de un territorio determinado.

Y la diferencia entre un Estado de derecho sobre un Estado de legalidad radica en que el primero busca una optimización funcional de su ordenamiento jurídico con las necesidades de su sociedad y el segundo solo la exacta aplicación de la norma, dejando a un lado la satisfacción social.

Por lo que el efectivo funcionamiento del Estado de Derecho, es considerado como el elemento principal para el simbiótico ejercicio de poder y derecho, de donde se conforma la existencia misma del Estado y que la distribución del primero es parte de su organización institucional.

Pues bien ante este fundamental binomio, el estudio titulado Índice de Estado de Derecho México 2018, desarrollado por la organización internacional World Justice Project (WJP), el cual evalúa, por primera vez, la prevalencia del Estado de derecho en cada entidad federativa, y las clasifica a través de un índice, nos ha mostrado una preocupante y lastimosa realidad que evidencia lo que los ciudadanos de a pie padecemos a diario, y que es que en Puebla, el Estado de derecho está totalmente reprobado en cuanto a la efectividad de su ejercicio.

Lo anterior en razón de que, Puebla es calificado como el quinto estado de la Republica donde el Estado de derecho es ineficiente y disfuncional, es más debido a su índice de efectividad podríamos hablar casi de un Estado fallido, donde la ausencia de una efectiva impartición de justicia, una significativa ausencia de contrapesos, respeto a derechos humanos, transparencia, así como en conocimientos de derechos civiles; hacen pensar que el Estado de Derecho se ha convertido en una figura decorativa del ejercicio del poder gubernamental, esto de acuerdo con el reporte en comento.

La entidad, en un lamentable y preocupante caso, reprobó en todos los indicadores, siendo casos de corrupción y un ineficiente sistema de justicia civil los peores evaluados, al obtener un puntaje de 0.32 en escala de 1 posible. Pero no es de extrañarse, si analizamos diversas leyes aprobadas por las dos legislaturas anteriores, como la Ley Bala que tuvieron como objetivo el control social de los grupos ciudadanos, con las consecuencias de todos conocidas y la ley de expropiación estatal, entre otros ordenamientos.

Dentro de este estudio los principales focos rojos que debilitan con mayor fuerza el Estado de derecho son la corrupción, y la impunidad. Leslie Solís, una de las investigadoras, dijo que la falta de policías y fiscalías preparadas que garanticen investigaciones sólidas, y que resuelvan delitos, es uno de los problemas más graves, que debilita hoy al sistema inmunológico del país, en metáfora el Estado de Derecho. Si a lo anterior se suma, el problema de colusión entre los grupos de la delincuencia organizada con las policías a nivel municipal que les brindan protección y que detentan el cargo aun habiendo reprobado las pruebas de control de confianza, el resultado que tenemos es un alto índice de desconfianza y miedo de los ciudadanos, quienes se sienten desprotegidos y a merced de quienes supuestamente reciben un salario para brindarles seguridad.

Por lo que, es entendible que ni uno ni miles de sistemas de anticorrupción que instaure el gobierno podrán combatir un problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos, como lo es la corrupción ya que la misma involucra desde un caso aislado y particular de un burócrata, hasta convertirse en un fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la estabilidad social.

Recuperar la confianza ciudadana y restablecer un estado de derecho, comprometido con las necesidades sociales es uno de los grandes retos que tienen ante sí, quienes llegan como ediles a los 217 Municipios de Puebla y el próximo gobierno estatal, junto con el Congreso del Estado que debe fortalecer las áreas de seguridad pública y procuración y administración de justicia para recuperar la paz social en la entidad.