Columna | Desde el portal

  En San Lázaro diputados del PVEM y Morena impulsan una iniciativa para establecer la pena de muerte contra feminicidas y secuestradores, en tanto la Fiscalía General de la República hace lo propio para endurecer las penas hasta 81 años de cárcel para autores de delitos graves, lo cual demuestra que la indignación contra la violencia es creciente.

 Y esa realidad que se refleja en el Poder Legislativo y en la FGR es avalado por una gran parte de la sociedad que, como es el caso de Marcelina Cruz,a madre de Giovana, presunta autora del feminicidio de Fátima, teme por la vida de su hija, ante las amenazas de personas que condenan tal bestial hecho. Ya en otras regiones del país, desde hace décadas, los vecinos organizados han linchado a los ladrones.

 La impunidad, complicidad y omisión de las autoridades encargadas de impartir justicia, desde el policía de crucero, el MP o el juez, el magistrado o el ministro, coadyuva a la indignación generalizada del pueblo al dejar en libertad a los delincuentes, facilitarles la fuga de la prisión o del juzgado, y permitirles que gocen de cabal impunidad lo mismo por delitos del fuero común que del federal.

 La estrategia de abrazos, no balazos, ante estos indignantes hechos que van en ascenso, se queda corto ante la repetición de los delitos de alto impacto. Si bien la pena de muerte no está en la agenda de Morena –que es mayoría en la Cámara de Diputados- si debe considerarse cuando menos cadena perpetua para los feminicias o sanciones más severas pues aunque no guste la mano dura es preciso hacerlo cuando menos para ejemplo de los delincuentes en libertad.

TURBULENCIAS

Impacta ejecución de estudiantes en Puebla

La SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cumplieron con el otorgamiento de la matrícula a la generación 2019-2020, de las 11 escuelas normales de la entidad y continúan con la atención a las peticiones de los estudiantes, por lo que exhortó a estudiantes en paro que se reincorporen de inmediato a sus actividades académicas, así como a seguir por la vía del diálogo la revisión a sus planteamientos e inquietudes. Indicó que en lo que corresponde al IEEPO, no hay trámites pendientes por cumplir y se brinda el acompañamiento necesario en el proceso para la transformación de la malla curricular, lo cual es una facultad de la Federación, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la SEP, no del estado… El Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato de dos colombianos estudiantes de Medicina, José Antonio Parada Cerpa, de 22 años y Ximena Quijano, de 25, de la UPAEP, así como Javier Tirado Márquez, de la BUAP, y el chofer de un Uber,  José Manuel Vital y cuyos cadáveres fueron localizados en la colonia El Tanque de Santa Ana Xalmimilulco, en las inmediaciones del aeropuerto de Huetjotzingo. Las víctimas, fueron ejecutados luego de acudir el domingo a presenciar el Carnaval en Huejotzingo y que a las 22:15 horas pidieron el servicio de un Uber para regresar a sus casas, y cuyo vehículo, un GM Beat, placas TPP14GA, fue localizado “no muy lejos” de donde se encontraron los cuerpos; se catearán tres domicilios relacionados con los hechos, reveló, en tanto en la capital poblana miles de universitarios salieron a las calles para exigir Justicia y cese de la violencia en la entidad y en el país.

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Otros cinco acusados serán sentenciados mañana

Washington, D.C., 6 de noviembre de 2017 – Dos ciudadanos mexicanos fueron sentenciados el día de hoy a dos instancias de cadena perpetua por el asesinato de un oficial federal, el intento de asesinato de un oficial federal, y ofensas relacionadas en el asesinato del agente especial Jaime Zapata, y el intento de asesinato del agente especial Víctor Ávila, ambos de la Oficina de Investigaciones Nacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI),  el 15 de febrero de 2011 en México.

Los acusados, José Emanuel García Sota, conocido como Juan Manuel Maldonado Amezcua y apodado Zafado, 36, de San Luis Potosí, y Jesús Iván Quezada Piña, conocido como Loco, de Matamoros, se encuentran entre los siete nacionales mexicanos extraditados a los Estados Unidos bajo cargos federales en este caso.  Un jurado los declaró culpables el 27 de julio en el Juzgado del Distrito de Columbia, y fueron sentenciados por el Honorable Juez Royce C. Lamberth.

“Los agentes especial Jaime Zapata y Víctor Ávila de la HSI estaban en México al servicio de su país cuando fueron emboscados por estos despiadados criminales, los cuales ahora pasarán el resto de sus vidas en prisión”, dijo el Subprocurador Interino Kenneth A. Blanco.  “Este caso sirve de recordatorio de que si se ataca a un agente de Estados Unidos, el gobierno estadounidense perseguirá al agresor hasta el fin de la tierra para asegurar que sea traído ante la justicia”.

“Le agradecemos al Gobierno de México”, agregó el Director Interino de ICE Thomas D. Homan, “y al Departmento de Justicia, al igual que todos nuestros socios que participaron para enviar a estos asesinos a prisión.  Los hombres y mujeres de ICE no olvidarán el ejemplo de valor y sacrificio que nos mostró el Agente Especial Zapata, según trabajamos para erradicar estas redes criminales de todo el mundo”.

García Sota y Quezada Piña fueron encontrados culpables de cuatro delitos federales: asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de una persona protegida internacionalmente; además de utilizar, portar, blandir y disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia causando la muerte. Los veredictos fueron emitidos tras un juicio que comenzó el 10 de julio en la corte de distrito federal del Distrito de Columbia, durante el cual el gobierno presentó testimonio de 22 testigos, incluyendo el agente especial Ávila.

Según la evidencia presentada en el juicio por el gobierno, tanto García Sota como Quezada Piña eran miembros de escuadrones de asesinos de Los Zetas, o “estacas,” y se encontraban cumpliendo una misión de tiroteos ese día para robar vehículos para uso en operaciones del cartel. La tarde del 15 de febrero de 2011, García Sota y Quezada Piña se encontraban entre un grupo de miembros del cartel dirigidos contra un vehículo blindado modelo Chevrolet Suburban, el cual llevaba matrículas diplomáticas y era conducido por los agencies especiales en una autopista muy transitada en el sur de San Luis Potosí. El agente especial Zapata y el agente especial Ávila se encontraban en misión oficial, dirigidos hacia el sur de la Ciudad de México, cuando ocurrió el ataque. Durante la emboscada, los miembros del cartel dispararon hacia el vehículo de los agentes con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. El agente especial Zapata, de 32 años de edad, murió a tiros, mientras que el agente especial Ávila, en ese entonces de 38 años de edad, fue herido. Los investigadores luego encontraron aproximadamente 90 casquillos de bala en la escena, según la evidencia presentada en el juicio.

Otros cinco acusados se habían declarado culpables previamente de cargos federales en este caso, y serán sentenciados el día de mañana. Rubén Darío Venegas Rivera, conocido como Catracho, de 29 años; José Ismael Nava Villagrán, conocido como Cacho, de 35; Julián Zapata Espinoza, conocido como Piolín, de 36, y Alfredo Gastón Mendoza Hernández, conocido como Camarón, de 34 años de edad, se declararon culpables de cargos federales de asesinato e intento de asesinato entre agosto de 2011 y octubre de 2016. El quinto acusado, Francisco Carbajal Flores, conocido como Dálmata, de 42 años, se declaró culpable en enero de 2012 de conspiración para gestionar los asuntos de una empresa mediante un patrón de actividades de chantaje/crimen organizado y de actuar como encubridor/cómplice después de la comisión del asesinato e intento de asesinato de los agentes de ICE. Todos los cinco acusados son ciudadanos mexicanos, exceptuando a Venegas Rivera que es hondureño.

El Gobierno de México brindó asistencia considerable durante el transcurso de la investigación y etapas de enjuiciamiento del caso, el cual fue investigado por el FBI, con ayuda sustancial de ICE, la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U., el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de E.U. y el Servicio de Alguaciles de E.U..