Columna | Desde el portal

 Como en las finanzas y el rumbo del país, es responsabilidad del titular del Ejecutivo Federal fijar las metas y las prioridades. Ha sido él el elegido para la implantación de los programas de Gobierno, en consecuencia, las remociones de sus titulares en nada afectan las políticas públicas porque éstos o éstas seguirán la línea fijada y, en consecuencia, están de acuerdo.

 Por ello, la salida de la maestra Delfina Gómez hacia la gubernatura del Estado de México -aunque el proceso de elección como candidata es sólo formal-, y la llegada de Leticia Ramírez no modificarán los planes de la educación pública en México, fundamental en el desarrollo presente y futuro de nuestro país.

 La educación, como la salud, son claves para la población. La formación de las nuevas generaciones sobre bases nacionalistas y de desarrollo comunitario alejadas de la filosofía mercantilista e individualista son indispensables, para retomar el rumbo, del que ya estábamos alejados. La educación y la salud gratuitas con acceso universal es una conquista social.

 Buenas relaciones entre autoridades educativas y magisterio, salarios dignos e instalaciones decorosas en las escuelas, son algunos de los avances logrados en lo que va de la actual administración y que deberán ser mantenidos y ampliados para sentar las bases de una educación de amplio plazo a los mexicanos, por encima del cambio de titulares de la SEP.

TURBULENCIAS

Politización de los percances

 El rescate de 10 de los 15 mineros que quedaron atrapados en El Pinabete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, al igual que la violencia en media docena de entidades del país, se ha convertido en bandera política sin el mínimo respeto para los angustiados familiares. Ahora el gobernador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, culpa a Manuel Bartlet, de la CFE, de haber autorizado permisos para la explotación de la mina de carbón, en tanto que otros sectores se apresuran a pedir la intervención de organismos internacionales para detener el terrorismo en nuestro país. “Haiga sido como haiga sido”, corresponde al Gobierno Federal, estatal y municipal garantizar las condiciones de paz, seguridad y tranquilidad a los habitantes y no enfocarse en encontrar enemigos y adversarios, que sí los hay, para no cumplir con sus funciones…Y la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, sostiene su dicho de pedir a la delincuencia organizada cobre las facturas a quienes no les han pagado sin afectar a la población. El problema es que con ello está justificando la acción criminal y la obligación de los sectores productivos a aceptar el chantaje, y reconociendo esa práctica ilegal; sobre todo porque se trata de una autoridad que debe hacer prevalecer la Ley. Se le puede reconocer su valentía e incluso de desautorizar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de salir en su defensa al decir que estaba nerviosa cuando lo dijo, pero el fondo del mensaje, desde el punto de vista legal y moral, es inaceptable. No se puede aceptar que una autoridad reconozca la criminalidad y la justifique: paguen derecho de piso para no dañar a los demás. Eso no es posible…La detención de más de un centenar de hombres armados en Michoacán demuestra también que la policía y la GN cuentan con la formación y los recursos necesarios para someter a la delincuencia, sólo que no ocurre así porque tienen otras órdenes o hay complicidad. Basta que se aplique la Ley y el Estado mexicano emplee todo lo que está a su disposición para cumplir con su función, de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en nuestro país, de lo contrario, los sectores afectados insistirán en que otros países vengan a supervisar lo que el gobierno constitucional no puede realizar…

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