Sin lugar a dudas, uno de los rubros más castigados para preservar el estado de derecho, la paz social y la seguridad de los ciudadanos, con motivo de la pandemia del Covid 19 ha sido la Procuración y la Administración de Justicia, tanto en el ámbito local, como en el federal, en este momento, son numerosos los asuntos que día a día se acumulan en todas las materias y que sólo esperan el retorno de los funcionarios judiciales y la apertura de los Juzgados para presentar un sinfín de juicios nuevos y buscar a toda costa continúen los que ya se encontraban en trámite antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.

Señalo esto, porque para el Gobierno de la 4T dicha situación y las alternativas para solucionarla, no parece estar entre sus prioridades, es decir, el dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales”

Se puede argumentar a favor de los Gobiernos federal y estatales, que estamos ante una causa de fuerza mayor que justifica la inacción de las autoridades judiciales y que en este momento lo prioritario es la salud y seguridad de los ciudadanos, y en eso, estamos de acuerdo; sin embargo al irse levantando la contingencia sanitaria en forma paulatina, son muchos los rubros que requerirán especial atención para reactivar, no sólo la vida y la movilidad social, sino también para lograr la recuperación de la economía del país, cuyo deterioro cada día es más evidente, con el aumento de personas en extrema pobreza, a pesar de los problemas sociales impulsados por el Gobierno federal, ningún recurso será suficiente para atender las necesidades más apremiantes de esta población que carece de empleo e ingresos y que sólo tiene dos caminos: vivir del empleo informal o entrar a la delincuencia, si quiere lograr sobrevivir junto con sus familias.

Me parece lamentable, la parálisis y falta de estrategias de los integrantes del Poder Judicial, para buscar la forma en que resolverán el alto número de demandas que recibirán en los próximos meses, sobre todo, si tomamos en cuenta que lo deben hacer con el mismo personal y con un presupuesto que no será incrementado en lo que resta del año.

Ni las jornadas de más de ocho horas, ni el apoyo del personal y de la infraestructura obsoleta con la que funcionan, auguran que las cosas en materia de administración de justicia mejorarán después de la pandemia, ya que al momento no existe como tal un diagnostico de lo que se avecina, ni tampoco un plan que permita atender tantos nuevos juicios.

No olvidemos que los inversionistas extranjeros y empresas trasnacionales si algo exigen para traer sus capitales, es que el estado les garantice una adecuada administración de justicia, el respeto a los derechos humanos y contar son seguridad pública, rubros en los que por el momento, aún con la puesta en marcha del T MEC estamos reprobados y eso lo sabemos todos.

En cuanto a los juicios que seguramente más se demandarán en los Juzgados en materia civil, familiar y mercantil, están los relacionados con el arrendamiento de inmuebles para casa habitación y para comercios, en los que por la Pandemia existe un número importante de arrendatarios que dejaron de pagar desde abril de este año a la fecha sus rentas, además de los servicios como mantenimientos en las áreas comerciales, lo que se tradujo en una drástica caída de la actividad económica y la quiebra de miles de comercios.

En materia familiar, los juicios de divorcio, alimentos, patria potestad, patrimoniales, sucesorios, entre otros y finalmente en materia financiera y mercantil en los que miles de personas serán demandadas por deudas, desde tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, por la falta de pago de títulos de crédito, etc.

Será interesante conocer: ¿cuáles serán los criterios que aplicarán los juzgadores para atender los casos de ruina o insolvencia de las personas? Optarán por aplicar la ley a secas o por una justicia humanitaria que busque la mediación y conciliación en los juicios para resolverlos con criterios en los que cada una de las partes asuma una postura de llegar a acuerdos, o que como siempre se terminen en juicios tortuosos, en los que al final ambas partes pierdan su tiempo y dinero, buscando una justicia, que hoy también enfrenta a la Pandemia y que puede cambiar, por una causa de fuerza mayor.

                                                               *Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.