Columna | P U L S O    P O L I T I C O

             Ayer el licenciado Francisco Castillo Montemayor, quien fuera Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el gobierno de Mario Marín, dio una conferencia de prensa en la que anunció que demandará a la juez que sin pruebas lo acusó de desvío de recursos y de otorgar convenios a empresas de amigos, para obtener recursos ilícitos.

             Esas acusaciones sin pruebas, lo mantuvieron cuatro meses y medio recluido en la cárcel de San Miguel y otro tiempo igual en  prisión domiciliaria dada su edad de 72 años, causándole daños a su salud, gran daño moral a su familia y pena y dolor a mucha gente cercana a él.

             No me voy a quedar callado, seguiré denunciando las anomalías, los abusos y los gastos inútiles que se hicieron en el anterior gobierno, para cancelar un proyecto a todas luces benéfico para el medio ambiente y para la ciudadanía.

             Dijo que su liberación fue por falta de pruebas, habiendo ganado el amparo que interpusieron sus abogados ante la justicia federal.

Eso prueba, que su reclusión en el penal de San Miguel, fue por cuestiones netamente políticas y no por faltas penales o administrativas que hubiera cometido.

            Las instituciones de justicia federal, son de las pocas que todavía tienen credibilidad ante los ciudadanos. Hay confianza en ellas y eso se debe a que se mantiene una vigilancia estricta del comportamiento de jueces y magistrados.

             En 18 meses fueron sancionados 12 jueces y 5 magistrados por el Consejo de la Judicatura Federal por haber incurrido en faltas “no graves” que no ameritaron inhabilitaciones, destituciones o acciones penales, según un reporte del primero de marzo del 2018.

             Entre 2013 y 2014, según informes de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF, se han aplicado amonestaciones públicas o apercibimientos privados contra 12 juzgadores y 5 magistrados por falta de profesionalismo, incumplimiento de disposiciones relacionadas con el servicio público y deficiencia en el servicio.

              De 71 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, sujetos a investigación, solo están 5 jueces y 4 magistrados acusados de delitos graves.

             La constante vigilancia del comportamiento de su personal, es lo que mantiene al Poder Judicial de la Federación, con buena fama, ante la opinión pública y mantiene un alto grado de confiabilidad entre los ciudadanos.

             Por eso llama la atención, nos dice un amigo abogado, que no se haya procedido en Puebla, para investigar la conducta de la licenciada Sandra Hilda Sainz Rendón, Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado Administrativo del Sexto Circuito, que mantiene en su poder, una propiedad inmueble de la colonia Arboledas de Guadalupe, reclamada por herederos legítimos de la propietaria original y se niegue a cumplir la disposición del juez tercero de lo Civil del Estado de Puebla, que declaró nula la escritura expedida por la notaría pública número 18 y ordenó la devolución del inmueble a sus legítimos propietarios. Esto fue el 18 de marzo del 2015.

             Nos informa el abogado, que se vino una serie de amparos promovidos por la funcionaria federal que han venido alargando el problema hasta la fecha.

           La tercera sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo 26/2016  del 13 de julio del 2016 confirmó la resolución favorable del amparo solicitado.

          La abogada Sainz Rendón, solicitó amparo directo y el 18 de enero del 2018 el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo y protección, por lo que quedó firme la sentencia de nulidad de escritura emitida por el juez tercero especializado en materia civil.

          Como consecuencia de esto, el juzgado tercero civil del Estado, ordenó a la señora Hilda Sandra entregar la posesión del bien inmueble de la colonia Arboledas de Guadalupe, el 2 de febrero del 2018. se advierte que en caso de no hacerlo se decretará el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.

             Pero salta otra triquiñuela: una persona extraña al juicio, se presenta para alegar violación a sus derechos, puesto que según dijo, tiene rentada una recamara de la casa en litigio por 500 pesos mensuales y logra parar la acción de la justicia.

            El litigio lleva ya siete años y la funcionaria federal no se inmuta pese las decisiones de los jueces que han llevado el caso.

            El amigo abogado que nos informa, nos dice que el comportamiento de la funcionaria del Sistema Federal de Justicia, daña la buena imagen que aun tiene dicho sistema y que por lo tanto se hace necesaria la intervención de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF para evitar que sufra quebranto la buena fama de la justicia federal.

            ¿Bueno pero cuál es la falta de la funcionaria federal? Preguntamos y la respuesta  fue: Mira, la señora ha interpuesto amparos usando a su conveniencia y abusando de los instrumentos que el derecho otorga para impedir y desobedecer el mandato de una autoridad judicial.

            Un particular cualquiera, puede hacerlo, aunque al final va a perder, pero alguien que tiene una responsabilidad en el aparato de justicia federal, no puede estar abusando de los medios de que dispone, porque daña al prestigio de la institución en la que presta sus servicios.

            Te dije al principio, que la Justicia Federal, todavía tiene prestigio y credibilidad entre los ciudadanos, ahora yo te pregunto ¿es válido que se permita el daño de ese prestigio y que se reste credibilidad a una institución tan importante, solo por intereses particulares de una funcionaria.

• Se documentó mal manejo de recursos públicos por 39 millones de pesos.
 
La Fiscalía General del Estado cumplió la orden de aprehensión dictada por un Juez Penal, en contra de Francisco Eduardo Castillo Montemayor quien fungió como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio pasado, y quien deberá responder ante acusaciones por el delito de peculado.
 
En la causa penal se sustenta que en el año 2008, el entonces funcionario hizo un mal manejo de recursos públicos por más de 39 millones 275 mil pesos, al realizar movimientos ilícitos ante la supuesta adquisición de equipo para tratar basura y que se destinaría a 11 municipios.
 
Se constató dentro de las diligencias desarrolladas, que dicho equipamiento no existe o en otros casos no funciona, por lo que ante las pruebas acumuladas en las investigaciones, se acreditó el ilícito y un Juez Penal ordenó la captura de Castillo Montemayor.
 
En cumplimiento al mandato judicial, agentes estatales de investigación ubicaron al imputado y lo trasladaron a un Centro de Reinserción Social para ponerlo a disposición de la autoridad competente.