Las desgracias que se originan por los fenómenos naturales, llámense terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios forestales, inundaciones, tormentas tropicales, deslaves, ciclones y los huracanes como el que azotó el puerto de Acapulco en días pasados, no pueden ser motivo de alegría para nadie, y mucho menos motivo para lucrar con la desgracia ajena o aprovechar la situación para obtener beneficios ya sea económicos o políticos; dejando a un lado la crítica situación que llegan a vivir las familias afectadas, no sólo por la pérdida de sus viviendas y bienes materiales; sino también por la de sus seres queridos, circunstancias que les llegan a cambiar la vida en horas, sin que muchas veces puedan tomar las medidas o contar con los apoyos de los gobiernos de los tres órdenes para prevenir mayores daños; sin embargo para desgracia de los millones de mexicanos que hemos padecido alguna de estas situaciones, lo que ha sucedido es que nuestra clase política y gobernantes, lo que han hecho es aprovecharse de la situación en su beneficio, con discursos y actitudes demagógicas anunciando apoyos económicos, cuando en la realidad se desvían recursos y después de un tiempo, se abandona a la gente afectada a su suerte, negándole los apoyos anunciados bajo diversos pretextos y finalmente sin que nadie sepa a donde quedaron los recursos que supuestamente eran para atender los desastres naturales.

Otro caso que considero pertinente mencionar y que lo vivimos en 2020 y 2021 lo fue la pandemia de la COVID 19, que dejó en nuestro país más de ochocientas mil muertes y que como dijo el presidente López Obrador: “la cayó, como anillo al dedo a su proyecto político de la 4T” ,ya que por una parte, le permitió acceder a miles de millones de pesos para atender la pandemia y sus efectos y por la otra su gobierno llevó a cabo un manejo opaco de la aplicación de los recursos destinados a combatir la misma, y que a la fecha nadie sabe, ni ha podido explicar cuanto se gastó y quienes fueron los beneficiarios de los negocios millonarios que se llevaron a cabo entre entes privados y el sector salud con la compra de las vacunas extranjeras y los medicamentos para combatir la COVID 19.

Por lo anterior López Obrador, bien dijo que la pandemia, les cayó como anillo al dedo, porque si algo le agrada es conducirse con opacidad y que cualquier solicitud de información o transparencia en el manejo del erario público, le ha dado respuesta, descalificando al interrogador acusándolo de ser su enemigo político o de servir a la mafia del poder, pero sin responder o proporcionar la información que solicitada

Así mientras el país estaba inmerso en la guerra desatada por el presidente contra el Poder Judicial de la Federación, para eliminar los 16 fideicomisos que administra por 15 mil millones de pesos, para destinarlos a cumplir los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo y que después de haber sido aprobada por la mayoría de los diputados federales de las fracciones de Morena, PT y PVEM estaba por ser discutida en el Senado de la República, el huracán OTIS que alcanzó la categoría 5 devastaba el puerto de Acapulco y zonas cercanas, sin que el gobierno de AMLO, hubiera tenido tiempo suficiente para reaccionar y prevenir a la población del puerto para que tomara las medidas de emergencia necesarias, para salvar sus vidas.

Cabe señalar que fue el 27 de julio de 2021, cuando el presidente López Obrador formalizó la desaparición del FONDEN (fondo de desastres naturales) justificando la decisión al declarar que “se operaban con corrupción y que se convirtieron en un barril sin fondo”

El FONDEN, tenía como objetivo cubrir  daños inmediatos por desastres naturales en todo el país y para apoyar la reconstrucción de otros desastres que se hubieren presentado en el pasado; así hasta finales de 2020 el FONDEN continuo asumiendo compromisos y el 30 de junio de 2021 sus recursos pasaron a la Tesorería de la Federación, y se declaró que a partir de ese momento la atención a los desastres sería financiada con el Presupuesto anual  de egresos de la Federación teniendo como objetivo: mitigar los daños provocados por fenómenos naturales.

Al respecto el Subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, declaró esta semana que aunque el FONDEN como tal ya no existe, con este nuevo programa, México cuenta con recursos suficientes para hacer frente a los daños causados por el huracán OTIS en Guerrero y el gobierno federal anunció la activación de el bono para catástrofes con una cobertura de hasta 485 millones de dólares, los que hasta este momento, nadie sabe si serán suficientes para hacer frente a los cuantiosos daños originados por el huracán y si los recursos se destinarán a las grandes empresas hoteleras afectadas o serán para la población más vulnerable del puerto que quedó totalmente en la miseria al perder sus viviendas y bienes, así como en algunos casos a sus familiares que fallecieron y otros que hasta este momento se encuentran desparecidos.

Habrá que investigar en las próximas semanas, cuales son los criterios y mecanismos que se aplicarán  por el Gobierno federal para asignar los recursos del bono para catástrofes y si realmente ayudarán a los damnificados y sus familias; o si terminarán en las campañas políticas de 2024, donde se renovará la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas, ya que será muy difícil fiscalizar su uso y que no se repitan los vicios de los gobiernos anteriores, donde los funcionarios federales y estatales encargados de entregarlos terminaron desviándolos y a la fecha, siguen existiendo muchas familias afectadas, que no ha recibido apoyo alguno y han perdido las esperanzas de recibir ayuda del Gobierno para resolver su situación.

Es total responsabilidad del presidente y su equipo evitar que se lucre económica y políticamente con la desgracia de los guerrerenses y demostrar que como lo ha declarado no son iguales a los gobiernos neoliberales y no caerán en la tentación de usar los recursos para las campañas políticas y las elecciones de 2024. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

                                   *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.