Columna | P U L S O    P O L I T I C O

          Ayer se celebró el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República, que a lo largo de ese tiempo, perdió el enfoque social que tuvo cuando entró en vigencia, al triunfo de la Revolución de 1910.

          Ha sido la Constitución que ha sufrido más reformas que ninguna otra en el mundo, según afirman algunos expertos y el mayor número de reformas regresivas, se aprobaron durante los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, empezando por Miguel de la Madrid y terminando con Enrique Peña Nieto.

          En tiempo de Carlos Salinas, se terminó con la reforma agraria: se privatizó el ejido, desaparecieron los bancos agrícola, ejidal y rural, desaparecieron los apoyos al campo, se inició la privatización del Seguro Social, se inició la privatización de la educación media-superior y superior; los trabajadores empezaron a perder derechos conquistados por sus luchas a través de sus organizaciones; se transformó el artículo 130 constitucional, etc.

          Los cambios regresivos, continuaron con los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La mayor parte de esos cambios, que como decimos en líneas arriba, sumaron casi 500, incluían reprivatizar la empresa petrolera PEMEX, reprivatizar la Comisión Federal de Electricidad, empresas prioritarias para garantizar, junto con la autosuficiencia alimentaria, la soberanía nacional.

          Hemos comentado aquí lo que decía en sus clases de economía política en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAP, el abogado de profesión y economista autodidacta (entonces todavía no se establecía en México la carrera de economista) Carlos M. Ibarra: “El país que no tenga autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética, estará perdido”. Y vimos como Estados Unidos derrumbó la economía cubana, tratando de derribar su gobierno revolucionario.

        Después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que también es necesaria la independencia en la producción de medicamentos.

       LA LEY FEDERAL DE TRABAJO FUE REFORMADA silenciosamente en el gobierno de Calderón y los trabajadores perdieron derechos, perdieron prestaciones y se debilitaron sus organizaciones sindicales.

        Los campesinos, que fueron quienes masivamente participaron en la primera revolución social del mundo, que fue la mexicana, tienen casi todos sus derechos perdidos y las clases medias populares, han frenado su avance. Todo se debe, a las reformas constitucionales del neoliberalismo que hemos padecido durante más de 30 años.

        En ese periodo han crecido como nunca, los bancos, las explotaciones mineras, las grandes cadenas comerciales, porque nuestra Constitución sufrió reformas retrógradas, destinadas a beneficiar al gran capital y a fomentar el empobrecimiento de campesinos, trabajadores de la ciudad y clases medias populares, que fueron hacia las que la Revolución triunfante, enfocó sus baterías, sobre todo en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y gobiernos posteriores, en los que se impulsó la educación pública en todos sus grados, se impulsó la educación normalista y técnica, la salubridad y asistencia para todos los mexicanos, se establecieron los derechos de los obreros, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la Seguridad Social, se nacionalizó el petróleo, se creó la Comisión Federal de Electricidad. Se dio el derecho de voto a la mujer, exportábamos maíz, producíamos nuestro propios combustibles, exportábamos frijol, arroz, ganado vacuno, y todo lo que desde los años ochenta, ya no existe.

         Ahora, además de que importamos maíz forrajero y transgénico, para consumo humano, de que importábamos, parece que ya no, gasolinas y exportábamos petróleo crudo, exportábamos arroz y ahora lo importamos, lo mismo que el frijol, tenemos que importar medicamentos y tenemos que contratar médicos especialistas de otras naciones, porque todo eso nos falta.

        Nos sobran criminales, narcotraficantes, que han creado un ambiente de inseguridad y de elevada criminalidad en el país, al grado de que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, solicitado en el Congreso Federal, que los diputados intervengan en la vigilancia y control, con acuerdos previos con autoridades federales y estatales, de los planes para combatir ese flagelo, que es tan grave, que tan solo en el pequeño estado de Colima, el índice de criminalidad es de 93.9 por cada cien mil habitantes.

       Y POR AHÍ VAN, BAJA CALIFORNIA, ZACATECAS, Morelos y Sonora, además de Guanajuato, Tamaulipas y otros más.

        El Congreso federal, está obligado a revisar todos y cada uno de los artículos constitucionales, para hacer su adecuación a las verdaderas necesidades del pueblo de México y no solo a las del grupo de poderosos que han llegado a creerse dueños del país.

         No debe olvidarse que el Partido Acción Nacional, nació en 1939, precisamente para combatir al gobierno de Lázaro Cárdenas, que según ellos, como dicen ahora, estaba hundiendo al país.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1917 como norma suprema de México, se estableció a un Poder ejecutivo fuerte y omnipotente, diferente al de la Constitución de 1857 con menos tintes de poder y autoritarismo . El ejecutivo, nació marcado por la supremacía o predominio constitucional sobre los otros poderes; más tarde, merced a diversas causas, ha ido acrecentando su esfera de competencia y haciendo cada vez más relevantes sus funciones y atribuciones..

Signos evidentes de tal predominio son, entre otros, la amplitud y heterogeneidad de sus facultades, el amplio derecho de veto, la potestad para designar a los más altos funcionarios de la Federación o el importante catálogo de actos políticos.

Pero especial mención (y enojo de la ciudadanía), merece el llamado “poder de la bolsa”, que hasta ahora habían ostentado, esto es, las atribuciones en el aspecto financiero, que hacían del Ejecutivo la figura protagónica en la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los empréstitos y la cuenta anual.

Ésta supremacía o predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes, acarreó como consecuencia, un abuso del poder en favor de ellos y sus familiares, no solo en lo que duraba el desempeño de su encargo, que dicho sea de paso, los presidentes mexicanos son los que mejor salario perciben por el desempeño de su cargo en Latinoamérica, colocándose en segundo lugar solo abajo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este abuso y privilegios los han extendido, aun después de haber terminado su encomienda presidencial y valiéndose del acuerdo número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976, el cual asignaba de manera vitalicia a cada ex presidente un total de 78 elementos de los cuales 22 pertenecían a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército. Dicho documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Aunado a que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pues sólo fue registrado en la Secretaría de la Presidencia.

Asimismo, el rubro de la pensión vitalicia quedó estipulado en el acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además disponía la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarían a su servicio directo; entre ellos directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Naturalmente este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y tampoco contaba con la firma del presidente en turno Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparecía era la del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero dicha “firma” era sólo un garabato y no la rúbrica oficial.

Decretos presidenciales, a todas luces abusivos y carentes de toda legalidad, que adjudicaban el pago de una pensión vitalicia con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género; por todo ello, los expresidentes mexicanos formaban una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumían del erario, muy superiores incluso a los de países más ricos.

Pues todo ello al fin parece haber terminado con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el Código Penal Federal.

Dicha ley establece que los ex presidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando y además obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente a partir de que entre en vigor la mencionada ley.

El objeto es también es, regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Dicha ley da cumplimiento a una de las promesas de campaña del  presidente electo y significa, el fin de los privilegios de una élite política que después de haberse servido del poder, los mexicanos teníamos que seguir manteniendo de por vida. Esperemos ahora que dicha normativa se extienda en los Estados a quitar los privilegios a exgobernadores que también tienen a su servicio a personal de seguridad del Estado a sus órdenes para resguardar su seguridad.