Columna | P U L S O    P O L I T I C O

           La negativa a cubrir los salarios caídos y la restitución en sus puestos de trabajo, a los empleados del gobierno que fueron despedidos injusta y arbitrariamente durante el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas, puede repercutir en serios problemas legales para el gobernador del Estado, a quien funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal, le han venido ocultando el problema.

           Nos informan que ya se presentó el caso de uno de esos empleados, perteneciente a la tercera edad que habiendo ganado un amparo de la justicia federal, no solo no ha sido liquidado, sino además, pese a que se presenta a trabajar muy puntual todos los días, acatando la determinación de las autoridades federales, se le niega el pago del sueldo correspondiente.

             El jefe del Ejecutivo Estatal, no es culpable de esta situación, sino funcionarios de la Secretaría General de Gobierno o Secretaría de Gobernación del Estado, que ni le informan del problema y tomaron la decisión de no pagar lo que corresponde a los empleados despedidos en forma arbitraria durante el primer gobierno panista en la historia de la entidad.

            Los funcionarios a los que hacemos alusión o no saben las consecuencias que su postura puede tener para su jefe, o las conocen y plenamente conscientes de ellas, realizan los actos ilegales que pueden hacer caer en “desacato” al gobernador, con sanciones del gobierno federal de elevadas multas y hasta destitución del cargo que ostenta.

             Son muchos los trabajadores que ya ganaron sus respectivos casos y cuentan con el amparo de la Justicia Federal y sin embargo, ninguno ha sido liquidado y la justificación ha sido “que no hay dinero”.

            TAN SI HAY RECURSOS, NOS DICE UNO DE LOS AFECTADOS, que se ha anunciado la inversión de 62 millones de pesos en obras de reparación de una ciclopista que nadie usa, que no es ni medianamente necesaria y se mantiene a los trabajadores despedidos en la incertidumbre y con problemas económicos, pues además de haber sido despedidos, no se les pago lo que les correspondía conforme a la ley.

             Es urgente la intervención del gobernador Sergio Céspedes para primero aclarar que él no ha tenido ni siquiera información del caso y menos ha ordenado desacatar lo que se establece en los amparos ganados por los trabajadores del Estado.

            Uno de ellos ya se quejó por el incumplimiento o desacato de la orden federal y se aplicará la sanción correspondiente, y los demás al correrse esa noticia, ya se están preparando para exigir el cumplimiento de la sentencia a su favor.

             El gobernante poblano es una persona sensata y bien intencionada y no es justo que sufra las consecuencias de la actitud de funcionarios menores que todavía no se han dado cuenta que muchas cosas ya han cambiado o están cambiando en el país.