Ni duda cabe, que las autoridades electorales se encuentran en su peor momento en cuanto a su falta de credibilidad y confianza a nivel nacional, justo ahora, cuando estamos inmersos en un proceso electoral trascendental para México.

Y es que lejos de fortalecer los principio de certeza y legalidad con su actuar y sus resoluciones, para blindar el proceso electoral, las autoridades electorales (INE, TEPJF, FEPADE) han dejado mucho que desear, con sus actos y resoluciones sobre las candidaturas independientes.

Como todos lo sabemos los candidatos independientes que aspiraran a la presidencia de la republica debían reunir el apoyo de 866 mil 593 ciudadanos, el 1 por ciento del total de los inscritos en la lista nominal de electores (86 millones 659 mil 234) al 31 de agosto de 2017, en un mínimo de 17 entidades, para lo que el INE determinó, según con el objetivo de “facilitar” la tarea de los aspirantes, mediante su Acuerdo INE/CG387/2017 los Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo requerido, en el cual estableció una aplicación (app) para que los auxiliares de los aspirantes, con el uso de un teléfono móvil, pudieran tomar fotografía del ciudadano dispuesto a apoyar, de su credencial para votar, además de obtener su firma.

Los anteriores datos, deberían ser enviados, por el auxiliar del aspirante, a un servidor central del INE, para su registro, almacenamiento, acuse de recibo, revisión inmediata y observaciones, si los datos enviados no fueran los requeridos, permitiendo su rápida y oportuna aclaración, rectificación o sustitución.

Pues bien, esta supuesta ayuda, terminó siendo la tumba de las aspiraciones de los independientes, ya que lejos de ayudar a agilizar el procedimiento de obtención de apoyo ciudadano, resultó ser el filtro ideal para eliminar a candidatos incomodos o a los verdaderamente independientes.

Ejemplo de las incongruencias de las autoridades electorales sobran pero citaré solo las del caso del Dr. Luis Ponce de León Armenta y el conocidísimo caso del Bronco, como candidatos independientes, el primero de ellos interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado con número de expediente: SUP-JDC-0208-2018, donde expone la improcedencia para determinar la no aplicación de los artículo 361, 362, 367, 369 al 372, 376 al 378 y del 383 al 386 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por considerarlos inconstitucionales, mismo que por su aplicación heteroaplicativa, fueron impugnados en tiempo y forma en su primero y segundo acto de aplicación al invadir la esfera jurídica del quejoso, violando su derecho a ser votado.

La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue, sobreseer el juicio respecto del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/0749/2018, emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por carecer de definitividad y firmeza; así como declarar inexistente la omisión reclamada.

Por otra parte, respecto al medio de impugnación presentado por el Bronco, ahí sí, el fallo del Tribunal Electoral cuestiona el grado de error en que incurrió la autoridad administrativa del INE en la revisión de las firmas de apoyo. Considerando que en una revisión adicional podrían adicionarse las más de 16 mil firmas que faltaban para cumplir con la ley, requisito del que fue liberado el Bronco y fue así que ordena al INE registrarlo como candidato independiente a la Presidencia de la Republica.

Decisión que el INE acató no sin antes señalar nuevamente su inconformidad y las irregularidades en las que incurrió Rodríguez Calderón, y fue el consejero Ciro Murayama quien pidió ir a los datos duros para luego enumerar las irregularidades: apoyos duplicados, gente que no estaba en el padrón, personas que ya habían muerto y otros apoyos que fueron descartados. Enfatizó que el INE tenía la obligación de acatar la sentencia pero también no renunciaban al cabal ejercicio de su autonomía e imparcialidad”.

Asimismo, Lorenzo Córdova, titular del INE, advertía a su vez que Rodríguez Calderón todavía podría perder su lugar en la boleta electoral ya que la Fiscalía Especializada para la Atención Delitos Electorales (FEPADE) investiga las presuntas irregularidades financieras en la recolección de firmas de apoyo, información que ratificó Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE, quien dijo que espera que el INE entregue documentación complementaria para iniciar las investigaciones, y si se comprueban los delitos al gobernador con licencia, puede perder su registro, lo que seguramente ya no sucederá, por el tiempo que pueden tardar las investigaciones.

Como puede usted observar una autentica novela electorera que deja muy mal parado al Tribunal Electoral arrastrando al resto de las instituciones tanto electorales como no electorales, las que supuestamente deberán revestir el proceso electoral de certeza y legalidad, si de por sí, la confianza en el sistema judicial y los tribunales del país estaban en un 32 por ciento en 2016, de acuerdo con el reporte de la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con la Comisión Europea titulado “Perspectivas económicas 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo”. Con todo esto las instituciones electorales mexicanas han visto mermada su credibilidad y confianza hasta llegar a un 4.71 por ciento según datos de Consultorías como Innovative Marketing & Consultants.

Todo lo anterior ha ocasionado un ambiente pésimo para desarrollar el proceso electoral, porque hay muchas instancias que de verse debilitadas pueden poner en riesgo la elección más importante de las últimas décadas.