Desde el surgimiento de nuestra forma de gobierno como Democracia y durante la vigencia de ésta, en nuestro país, no habíamos observado una crisis tan suigeneris como la que hoy vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la destitución del Presidente en funciones José Luis Vargas, mejor conocido como el “magistrado billetes”.

Tras ser evidenciado a nivel nacional, debido a la denuncia e investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su contra, por el delito de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019. Lo que motivó que Cinco magistrados de los que que integran la Sala Superior, Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, lo destituyeran de la presidencia por pérdida de confianza y nombrando al primero de los mencionados como nuevo Presidente.

Situación que ha desatado toda una polémica de incertidumbre, legalidad y vacío jurídico, ante la falta de disposiciones para regular la destitución de un magistrado presidente, que ya no goza de la confianza de quienes lo invistieron para ejercer el encargo más importante dentro del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.

Desde mi punto de vista, la destitución de Vargas, aunque no es legal, si es legítima, porque al ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima autoridad en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, y al ser un ente autónomo, donde son los siete magistrados que la integran, quienes internamente elijen a quien fungirá como Magistrado Presidente por un periodo de cuatro años, sus decisiones en teoría, no están sujetas a otro poder.

Al ser electo de esa forma, si bien es cierto, no se contempla la forma de su destitución, también lo es, que, es un acto que faculta al pleno de la Sala Superior según lo establecido en el artículo 10 fracción IV, de su Reglamento interno, para la elección por mayoría de votos, lo que nos evidencia que es un acto plenario y potestativo de los siete magistrados, que a contrario sensu, cuando no exista convergencia y convencimiento de la designación, se entiende la facultad para destituir a quien hayan embestido.

Sin embargo, el presidente destituido, no acepta dicha decisión, al grado que, en un acto desesperado, anunció la interposición de una controversia constitucional para oponerse jurídicamente a su destitución, acción que solo vendría a agravar la crisis referida, puesto que al solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia, en actos de naturaleza administrativa, de un órgano que jerárquicamente no tiene a un ente superior (para ese tipo de decisiones) y que goza de autonomía, lo único que ocasionara es una colisión deontológica interminable.

Lo que el magistrado debió hacer, desde que se supo que existía una  investigación en su contra, es haberse separado del cargo pidiendo una licencia, como ya lo hemos manifestado en artículos anteriores, a fin de evitar se pusiera en tela de juicio su probidad y fama pública para desempeñar tan relevante cargo, de vital importancia para la vida democrática del país y con ello impedir se llegara a esta situación, en momentos donde se encuentran en trámite cientos de recursos e impugnaciones de los partidos políticos de la pasada elección del seis de junio y que deben resolverse antes del 20 de agosto del año en curso, conforme al calendario electoral.

De una u otra forma, tal parece que este diferendo de los magistrados del Tribunal Electoral, no tiene una solución inmediata, porque las posiciones se han radicalizado y si prevalece su destitución, quedará claro que existen dos bloques en las decisiones, del grupo que lo destituyó y puso al nuevo Presidente y de Vargas y la magistrada Soto que lo apoya. En el supuesto caso de que se le permitiera concluir su período de todas formas los bloques permanecerían igual y las resoluciones se seguirían radicalizando.

Aquí, quién sale ganando al final con esta crisis, es el Presidente López Obrador, quien se ha pronunciado por acusar, que tanto el Tribunal como el INE  son órganos que no funcionan y que deben desaparecer o renovarse, porque responden a los intereses de grupos políticos o partidos y no representan los intereses del pueblo de México e incluso acusó en una declaración hecha este viernes seis de agosto: “Que todo el poder judicial está podrido, salvo honrosas excepciones” urgiendo a una nueva reforma electoral, que seguramente responda a sus intereses y su proyecto político para 2024

Lo único positivo de todo este conflicto, es que, al final el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldivar ya anunció que no prorrogará su mandato hasta 2024, sino lo culminará en 2022 como estaba previsto desde su designación.

               *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.