Columna | Desde el portal

 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los gobernadores y presidentes municipales -los funcionarios públicos-, saben que el uso de recursos públicos para apoyar a candidatos constituye un delito grave, cárcel sin derecho a fianza, por lo que no deben entrometerse en actividades políticas-electorales.

 Esto en relación a las quejas de algunos aspirantes a puestos públicos en campaña por el trato privilegiado a unos o a unas y el desdén con el que son tratados otros, lo cual hace que se realice una contienda desigual porque mientras al preferido del gobernador o del alcalde se ponen los recursos disponibles del estado -que son los impuestos a los ciudadanos-, a otros se regatean.

 La jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum, dijo que todos están de acuerdo en que no haya uso de recursos públicos pero reconoció que algunos mandatarios, alcaldes o diputados, han expresado sus preferencias personales en relación a la disputa por la candidatura presidencial, pero no es posible evitar aunque sí los apoyos oficiales.

 Señaló que ella cuando viaja a los estados va invitada por universidades o instituciones autónomas u organizaciones civiles pero al no poderse despojar “de la cachucha” que ostenta, mantiene una relación institucional con las autoridades de los lugares que visita, cuidando que no se mezcle lo electoral con lo oficial. Queda todo a criterio del elector y del candidato.

TURBULENCIAS

Invitados a Palacio Nacional

 Luego que el presidente López Obrador reveló que tenía una solicitud de Carlos Loret de Mola de entrevistarlo, dijo que no aceptaba pues no acostumbra reunirse con mercenarios del periodismo, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard sí ofreció a Joaquín López Dóriga -otro comunicador cuestionado por el tabasqueño- aceptar ser entrevistado ya como presidente, en  octubre próximo, en Palacio Nacional. “Yo no tengo tiempo de atenderlos, quizá el nuevo presidente o presidenta, sin cooptarlos o comprarlos, los pueda atender”, señaló el tabasqueño…El senador Ricardo Monreal denunció a gobernadores que reúnen hasta 30 mil personas para recibir a “corcholatas” de Morena en sus estados y pidió piso parejo para todos o la aplicación de la Ley electoral que establece reglas en las contiendas. Ebrard también se quejó del mal trato que recibió en Oaxaca en relación a la apoteótica reunión para Sheinbaum, pero reiteró que no será el dedazo quien decida la candidatura presidencial, sino que será el pueblo…Otra vez ha sido cuestionada la labor al frente del deporte nacional de la sonorense Ana Guevara por falta de apoyo a los deportistas que, con recursos públicos, acuden a los eventos internacionales y en muchas ocasiones ponen el nombre de México muy en alto pese a que se cuenta con presupuesto para apoyar a los jóvenes. Y aunque el presidente AMLO desmintió que no se apoyó al equipo de natación, familiares de las campeonas dicen lo contrario…Incremento salarial arriba de la inflación, basificación y revisión a las jubilaciones que fueron en retroceso durante los gobiernos neoliberales ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a los maestros y maestras en su día, en tanto que los mentores disidentes calificaron el incremento salarial como insuficiente y realizaron marchas y plantones, como es costumbre, en diferentes ciudades del país. EL Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca nuevamente quedó convertido en un enorme mercado con casas de campaña y maestros acampando en la vía público, inconformes con la falta de atención a sus exigencias…La oposición tiene medio centenar de aspirantes a la candidatura presidencial dijo el presidente López Obrador al considerar que confía en la continuidad del proyecto de transformación que se ha consolidado ya y que será difícil dar marcha atrás…

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica que, democracia es una forma de organización política, pero a su vez, también es una filosofía y un estilo de vida, basados en la organización colectiva de diversas formas de participación social, que mediante el voto ciudadano fortalecen la cohesión social para generar un mayor crecimiento económico y una distribución justa de la riqueza.

Asimismo, dentro del sistema jurídico mexicano, tenemos que los derechos políticos son: votar, ser votado, derecho a reunirse y asociarse políticamente, derecho de petición, derecho de acceso a la información, libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de culto, esencialmente. Todos estos derechos políticos son genéricos, por llamarles de un modo distintivo, pero adquieren un carácter de derechos político-electorales cuando al ejercerlos existe una vinculación entre ellos y las elecciones.

Sin embargo, esta gama de derechos político-electorales sufren su mayor afectación ante la presencia de los fraudes electorales, los cuales, ya son parte de nuestra historia política, y han marcado etapas importantes desde hace mucho tiempo, puesto que, México lleva 30 años de lucha en cada elección, contra las sospechas de fraude sin importar el costo económico.

Ante esta lamentable realidad, el presidente electo ha emitido una propuesta como una de sus primeras acciones de gobierno, la cual, consiste en reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustible y el fraude electoral.

Los fraudes electorales, la compra de voto, el tráfico con la pobreza de la gente y las amenazas, son prácticas que dan forma a este fenómeno de constante presencia dentro de nuestro sistema electoral, y por lo tanto de incidencia directa en nuestra democracia, originada por aquel innombrable suceso de la caída del sistema en las elecciones de 1988, la cual, desde entonces, pareciera haberse convertido en parte de nuestra cultura democrática.

El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral (falta de equidad y de competitividad) y la transparencia de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio y, por ende, la directa manifestación de la voluntad popular en las urnas.

Hasta hoy, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es el instrumento normativo que establece los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, estableciendo que, los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible (es decir son  aquellos que tutelan el derecho individual y colectivo de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes).

Los delitos se encuentran contenidos a partir del artículo 7 al artículo 20 de la Ley, sin embargo los tipos penales contemplados en diversos artículos son alternativos, esto es porque en el tipo se enuncian varias acciones, pero ninguna de ellas alcanza a ser considerada grave a pesar del real impacto que tiene sobre el estado de derecho.

Con el emplazamiento a realizarla, esperemos ver cuál será la sustancia de la propuesta, si solo aumentará la sanción a la conducta o emitirá un nuevo normamiento jurídico, que permita erradicar de nuestro sistema político electoral, este fenómeno, que ha lacerado la construcción de una auténtica Democracia en nuestra nación.