PUEBLA, Pue.- Desde la Secretaría de las Mujeres, se reconoce que la declaratoria de culpabilidad contra los responsables en el caso de Cecilia Monzón, representa un paso decisivo en el acceso a la justicia para ella y su familia.

Este fallo confirma que la violencia contra las mujeres no debe ni puede quedar impune, y envía un mensaje claro de que el Estado está del lado de las víctimas y de la defensa de sus derechos.

En concordancia con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reafirma que el acceso a la justicia para las mujeres es una prioridad para el gobierno de Alejandro Armenta, quien refrenda su compromiso con la erradicación de la violencia de género y con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Como lo ha señalado la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para que la justicia llegue y se consolide.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Puebla, Angélica Alvarado Juárez y José Miguel Trujillo de Ita lamentaron las declaraciones de la oposición al buscar confundir y mal informar sobre el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla.

La diputada por el Distrito 8 con cabecera en Huejotzingo por el Partido del Trabajo (PT), consideró que como diputadas y diputados su primera obligación no es prejuzgar, sino escuchar y revisar con seriedad el informe entregado por la presidenta de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya.

Alvarado Juárez recordó que con la entrega del informe se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Además, el acto atiende lo dispuesto en el artículo 223 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del artículo 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, en los que se especifican los supuestos para hacer uso de la palabra.

En ese sentido, José Miguel Trujillo de Ita, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mencionó que el Congreso no puede actuar con base a señalamientos externos, sin antes revisar la información oficial, es decir, las diputadas y diputados deberán analizar el informe y posteriormente se realizará la comparecencia de la presidenta de la CDH, donde se podrá aclarar, cuestionar y justificar el trabajo realizado hasta el momento. 

“Emitir juicios sin analizar ese informe sería irresponsable y contrario al debido proceso parlamentario”.

El Congreso –coincidieron los legisladores-, no rehúye el debate; por el contrario, lo ordena, porque las instituciones se fortalecen con documentos, argumentos y preguntas claras, no con descalificaciones o guiones de sobremesa que buscan manchar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla.

Foz de Iguazú, Brasil.- En un gesto diplomático que marca un nuevo capítulo en la presión regional sobre la crisis venezolana, seis gobiernos latinoamericanos hicieron un llamado conjunto al restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La declaración fue suscrita este sábado al margen de la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, en el sur de Brasil. 

Los firmantes —Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú— expresaron su “firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos” en la nación caribeña. 

La declaración, promovida por estos gobiernos, apuntó a la gran preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, además de hacer referencia a denuncias de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país. 

Un documento diplomático con matices

Aunque el comunicado fue respaldado por los seis estados, no fue suscrito por Brasil ni por Uruguay, miembros plenos del Mercosur con gobiernos de orientaciones más cautelosas respecto a Caracas. Tampoco firmó Chile, presente en la cumbre como país asociado, lo que evidencia divisiones en la región sobre cómo abordar la crisis venezolana. 

Los líderes que apoyaron la declaración hicieron hincapié en la necesidad de liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente, garantizar el debido proceso y proteger la integridad física de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos. 

Contexto regional y tensión internacional

La iniciativa se da en un momento de creciente tensión en torno al futuro de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta presiones internas y externas por su gestión del poder, las elecciones y el respeto a las libertades fundamentales.

Mientras tanto, otras voces regionales han llamado a evitar la violencia y a apostar por el diálogo. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió contra cualquier intervención militar extranjera en Venezuela que pudiera derivar en una “catástrofe humanitaria”. 

Esta declaración se suma a una serie de pronunciamientos internacionales de diferentes organismos y estados durante 2025 que insisten en la necesidad de soluciones pacíficas para la crisis venezolana, entre ellas llamados de organizaciones multilaterales y países a favor de elecciones libres y respeto de derechos humanos.

Mensajes de actores venezolanos

Desde Venezuela, figuras de la oposición, como líderes reconocidos internacionalmente por su defensa de la democracia y los derechos humanos, han agradecido el apoyo de estos países, considerándolo un espaldarazo al reclamo que sectores democráticos dentro de Venezuela han repetido durante años. 

El pronunciamiento de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú refleja un endurecimiento de la postura de una parte de América Latina frente a la situación venezolana, insistiendo en mecanismos pacíficos y diplomáticos para restaurar la democracia, en un contexto de profundos desacuerdos regionales sobre cómo abordar el conflicto político en Venezuela. 

-“Puebla no necesitaba un museo de 14 mil millones de pesos para demostrar que es de primer mundo”, refirió el mandatario.

PUEBLA, Pue.- “Mientras unos gobiernos saqueaban a Puebla, nosotros disolvemos esa corrupción, ese abuso de poder”, enfatizó el gobernador Alejandro Armenta.

Subrayó que su administración trabaja todos los días para poner orden frente a los excesos de los gobiernos neoliberales que aprovecharon el caos y el modelo de negocios privatizador; por lo que, el Gobierno del Estado no persigue, pero tampoco es omiso. “Poner orden no significa atropellar derechos”, puntualizó.

El gobernador señaló que los dirigentes de partidos de oposición actúan con un “cinismo descarado”, al descalificar las acciones de gobierno, cuando en sus administraciones fueron permisivos, creció el robo y distribución ilícita de combustible e “hicieron del estado un botín”.

El mandatario estatal calificó de inmoral la deuda de 4 mil 300 millones de pesos hasta el año 2037, por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis. Afirmó que ese dinero se podría utilizar en obra pública, en seguridad y educación para beneficio de las y los poblanos; en consecuencia, actualmente se negocia con los empresarios para llegar a un acuerdo.

Apuntó que la deuda del CIS se debe finiquitar, y que, si fuera necesario, su administración acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por último, destacó que es deber del gobierno regresar al orden que se perdió durante los gobiernos neoliberales, pues dejaron hacer, dejaron pasar y permitieron el saqueo del Estado. Por ello, el Gobierno de Puebla combate la inseguridad provocada por grupos delictivos y “cadenas de corrupción”, amparadas, en algunos casos, por complicidades municipales.

- Avalan acuerdo para entregar la Presea “Luis Rivera Terrazas” a investigadoras e investigadores 

La Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad aprobó el acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y los 217 Sistemas de los municipios de la entidad, diseñen e implementen acciones y campañas de difusión para la promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores. 

Así como la prestación de servicios legales, de psicología y servicio social, con el fin de garantizarles una vida digna, con calidad y libre de violencia. 

Por otra parte, en sesión de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se aprobó el punto de acuerdo impulsado por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y por el diputado Pavel Gaspar Ramírez, mediante el cual se exhorta al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias para actualizar, formalizar y hacer público el Catálogo de Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas del Estado de Puebla. 

También para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, garantice su difusión a través de sus canales oficiales y en las lenguas de los pueblos y comunidades, para asegurar su máximo conocimiento y utilidad.  
 
En sus respectivas participaciones, las diputadas Beatriz Manrique Guevara, Azucena Rosas Tapia y Esther Martínez Romano coincidieron en la necesidad de contar con este instrumento que incentive la participación e identificación de los pueblos indígenas, a fin de garantizar su acceso a programas, acciones y políticas públicas en favor de su bienestar. 

DETERMINAN A LAS PERSONAS ACREEDORAS A LA PRESEA “LUIS RIVERA TERRAZAS”

Durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se aprobó el acuerdo mediante el cual se determina a las personas acreedoras de la Presea “Luis Rivera Terrazas” 2025, en seguimiento a la convocatoria emitida y a los criterios de evaluación. 

Los nombres de las y los investigadores galardonados se detallan a continuación, en las respectivas categorías y subcategorías: 

Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades: 
-Físico Matemáticas, Ciencia de la Tierra e Ingeniería:  José Martínez Carranza 
-Biología, Química, Ciencias de la Vida, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud: Carlos Enrique Ochoa Velasco. 
-Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Conducta: Concepción Angélica Mendieta Ramírez. 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico:  
-Innovación, Diseño, Desarrollo Tecnológico, Ingenierías, Ambiente, Desarrollo Sustentable, Energías Renovables, Alimentos y Agroindustrias: Jorge Raúl Cerna Cortez.

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología: 
-Ciencias Exactas, Tecnología, Naturales, Sociales, Artes y Humanidades: Areli Montes Pérez. 

Además, los comités evaluadores determinaron el otorgamiento de las siguientes distinciones: 

-Trayectoria académica: Humberto Morales Moreno.
-Proyectos de investigación de alto impacto: Gregorio Castillo Quiroz. 
-Formación de jóvenes investigadores: María del Rocío Baños Lara.

En su intervención, la diputada Xel Arianna Hernández García solicitó más detalles respecto a los criterios de evaluación, mientras que el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta destacó la importancia de fomentar e impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la entidad.  

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) dirigido por Anel Nochebuena, presentó la primera Carta de los Derechos Culturales de la Ciudad de Puebla, un documento histórico que reconoce y garantiza los derechos culturales de quienes habitan, migran o visitan el municipio.

Esta Carta, sustentada en el marco constitucional y los tratados internacionales, establece los principios y obligaciones del Ayuntamiento para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y convertirlos en un eje transversal de las políticas públicas municipales.

Durante la firma del documento, la titular de IMACP Anel Nochebuena, refirió que asumir estos derechos no es solo proteger la memoria, la identidad y la creatividad de nuestra gente; es garantizar que cada persona tenga acceso a los bienes, expresiones y espacios culturales que fortalecen la cohesión social y abren caminos hacia el desarrollo integral. 

En su participación, la síndica Municipal Mónica Silva destacó: “La visión del presidente Pepe Chedraui es que la cultura se encuentre en el centro de su gestión. Lo cierto es que la cultura para el Gobierno de la Ciudad no es un tema de accesorio, no es ornamental, sino es una parte que se vive, nosotros estamos inmersos en la cultura, vivimos cultura y estamos en un Centro Histórico.”

El instrumento contempla un diagnóstico cultural de la ciudad; el reconocimiento formal de los derechos culturales; estrategias para descentralizar la oferta cultural, promover la diversidad creativa y fortalecer el patrimonio; además de un llamado a instituciones, artistas, colectivos y sociedad civil para sumarse a su difusión y cumplimiento.

La Carta beneficia a habitantes de colonias y juntas auxiliares, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes, artistas, gestores, visitantes y todas las personas vinculadas a la vida cultural del municipio.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal impulsa una Puebla más incluyente, participativa y sostenible, al tiempo que fortalece la identidad, la cohesión social y la economía cultural. La presentación de la Carta reafirma el compromiso de consolidar a Puebla como capital cultural y ciudad de derechos, donde el arte, la creatividad y la memoria colectiva son pilares del bienestar y el desarrollo.

- Congreso recibe iniciativas en materia de procuración de justicia, igualdad de género y derechos humanos 

Con la finalidad de garantizar el uso eficiente, eficaz, económico, honesto, transparente y responsable de los recursos públicos, sin menoscabo de la calidad, funcionalidad y valor público de los bienes y servicios que se contraten, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sus Municipios.

De acuerdo con la propuesta legislativa del diputado, la austeridad republicana no implica la adquisición de bienes o servicios de menor calidad, ni la selección automática de la opción más barata, sino la obligación de evitar gastos de lujo, dispendio o privilegio.

Además, priorizar bienes y servicios que ofrezcan mejor desempeño, durabilidad, eficiencia y costo–beneficio, seleccionar proveedores bajo criterios de calidad, eficiencia, precio justo y transparencia, así como asegurar que cada gasto genere el máximo valor social posible. 

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de indicar que el Estado garantizará que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

La ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer como atribución de la Secretaría de Arte y Cultura el fomentar, privilegiar y garantizar la participación del talento artístico y musical local, individual o colectivo, mediante su promoción y contratación en eventos públicos, festividades, ferias, actividades culturales y actos sociales organizados por el Estado o en coordinación con los municipios. 

Las propuestas de los diputados Julio Huerta y José Luis Figueroa, así como la de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 380 del Código Penal del Estado, con la finalidad de elevar hasta en una mitad las penas por el delito de robo cuando una persona que preste sus servicios en instituciones bancarias, financieras, de crédito, de recaudación, de envío, custodia o manejo de caudales, activos financieros o datos sensibles de las personas usuarias, proporcione, filtre, transmita, utilice o permita el acceso a información obtenida con motivo de su empleo o función, con el fin de facilitar la comisión de un hurto.  

Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 2222 del Código Civil, a fin de establecer que una donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario incumpla cargas de carácter no patrimonial impuestas en la donación, siempre que dicho incumplimiento menoscabe la dignidad, el bienestar o las condiciones de vida del donante. 

Ambas propuestas del legislador fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 

CONGRESO RECIBE INICIATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 23 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de contemplar que la violencia digital también constituye los actos de acecho, suplantación de identidad o la manipulación de información, textos y publicación de fotografías, videos, impresiones gráficas o sonoras de contenido violento, íntimo, erótico o sexual. 

Lo anterior, empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, que tenga como finalidad o consecuencia, atentar contra la dignidad y la seguridad de la vida privada, causando daño psicológico o emocional o transgreda algún derecho humano de las mujeres o de sus familias.

Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 21 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de considerar como violencia política en razón de género la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y creación de cuentas falsas en redes sociales, para suplantar la identidad o engañar a la opinión pública, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.

Ambas propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, con la finalidad de considerar como discriminación la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como realizar, promover o tolerar cualquier forma de violencia por expresión de género. 

De igual forma, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para facultar de manera expresa al organismo para realizar visitas periódicas, progresivas y sin previo aviso a cárceles, instituciones policiales, centros penitenciarios, centros para adolescentes, centros de internamiento para la atención de la salud mental y otros espacios donde se restrinja la libertad o la autonomía personal. 

Las iniciativas de las diputadas Angélica Alvarado y Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente. 

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma al artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar el concepto de caminos artesanales, que permita reconocer esta modalidad de infraestructura dentro de la planeación estatal. 

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. 

En otro momento de la sesión, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, con la finalidad de impulsar estas actividades, su inversión, financiamiento y destinatarios de apoyos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para su estudio y resolución procedente. 

Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las políticas de promoción del empleo tendrán entre sus objetivos garantizar la formación tecnológica, impulsando el emprendimiento juvenil y la inclusión en la economía digital.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

- ⁠Representantes de ocho municipios recibieron capacitación sobre el nuevo protocolo y coordinación interinstitucional en Puebla.

- La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado impulsa el liderazgo comunitario, justicia cívica e intervención policial con enfoque de derechos humanos.

AMOZOC, Pue.- La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS) del Estado de Puebla impartió la ponencia “Liderazgo Comunitario, Prevención del Linchamiento”, dirigida a autoridades municipales y cuerpos de policía de ocho municipios, con el propósito de fortalecer la prevención del linchamiento y la proximidad social, en cumplimiento de la Recomendación General 01-2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El instructor de la UCIPS y ponente, Juan Carlos Martínez Díaz, explicó que este trabajo formativo tuvo sustento en dicha recomendación general emitida en 2024, la cual estableció la necesidad de capacitar de forma especializada a todos los municipios del estado. Detalló que el nuevo protocolo de prevención del linchamiento planteó un sistema de coordinación entre presidencias municipales, cabildos, concejos municipales, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y autoridades que atienden a grupos y comunidades indígenas.

Martínez Díaz subrayó que el linchamiento constituye un fenómeno social que exige fortalecer tanto la intervención como la prevención, “debemos tener contacto con la gente, mantener la proximidad social y hacer que los municipios implementen un sistema de justicia cívica e itinerante, para resolver conflictos antes de que se conviertan en faltas administrativas, delitos o en un linchamiento”, señaló.

Indicó que la UCIPS, como uno de los sujetos centrales de la capacitación en el estado, cumplió aproximadamente un año de impartir estos contenidos a policías municipales, servidores públicos locales y corporaciones estatales. Añadió que se contempla un segundo nivel de formación para profundizar en los procesos de intervención policial, y precisó que, aunque el reto continúa, hoy las y los elementos cuentan con una preparación más sólida para enfrentar este tipo de escenarios.

El instructor invitó a los municipios a identificar sus necesidades específicas de capacitación, tanto en intervención como en uso de equipo antimotín, formación de dispositivos de contención, rescate y restablecimiento del orden y acercarse a esta casa de estudios. Agregó que la UCIPS puede apoyar también en la elaboración de protocolos y manuales de intervención policial, con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los derechos humanos.

En este sentido, Martínez Díaz resaltó que las y los servidores públicos de seguridad poseen también derechos, entre ellos, mantener a salvo su integridad física y psicológica, que se resguarda mediante intervenciones profesionales y apegadas a la norma. Estas acciones formativas se alinearon con la ruta de trabajo del gobernador Alejandro Armenta y con el compromiso de la UCIPS de formar mujeres y hombres con preparación científica, técnica y ética, que actúan Por Amor a Puebla y con la convicción de Pensar en Grande para responder a las necesidades de seguridad de la entidad.

En sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, las y los diputados recibieron a académicos y especialistas en la materia, para conocer el contenido del último reporte elaborado por el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla.

En su participación, Diana Sletza Ortega Ramírez y Luis Miguel Morales Gámez, académicos de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, así como Arturo Villaseñor García, de la organización Opción Ciudadana, explicaron que el estudio, da cuenta de las diferentes dinámicas migratorias, la evolución de los requerimientos de mano de obra en Estados Unidos y los programas de visas de trabajo.

Asimismo, pusieron énfasis en las distintas coyunturas que afectan la forma de vida de las personas migrantes, como la actual política gubernamental de Estados Unidos, los lineamientos para el envío de remesas, la renegociación del TMEC, así como el nacionalismo que caracteriza a Donald Trump y a Claudia Sheinbaum.

Luis Miguel Morales Gámez señaló que la administración estadounidense necesita la mano de obra de las personas migrantes y el país registra una inflación alta en productos del campo, pues ante las deportaciones y la renegociación del TMEC hay un encarecimiento de los insumos básicos y esto también impacta en el envío de remesas.

En tanto, Diana Sletza Ortega Ramírez expuso que es necesario dimensionar las facetas de las migraciones, en las que se consideren la inmigración, destino y refugio de personas, ya que es necesario analizar las oportunidades de desarrollo y los procesos de integración y cohesión social.

Durante la sesión, la diputada Celia Bonaga Ruiz solicitó a los especialistas información sobre las acciones necesarias en materia legislativa en las que puede incidir el Congreso. En respuesta, los académicos señalaron la viabilidad de retomar la iniciativa de Ley de Movilidad Humana, para reconocer las competencias de las diferentes autoridades y las acciones de integración y cohesión social que deben implementarse.

Mientras, la diputada Esther Martínez Romano planteó la problemática del traslado de menores hacia Estados Unidos. La diputada Delfina Pozos Vergara expuso los aspectos de inseguridad a los que se enfrentan las y los migrantes en su paso por México. Finalmente, la diputada Araceli Celestino enfatizó que este sector de la población no está solo, pues hay mecanismos de acompañamiento jurídico y legal, además de programas sociales.

Al encabezar una rueda de prensa en el Congreso del Estado, donde se detallaron algunas iniciativas en materia de protección a los derechos de las mujeres, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, expuso que el Poder Legislativo trabaja para garantizar una vida libre de violencia a todas. 

El legislador enfatizó que, a través de reformas y leyes, se establece el marco jurídico que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que existe un compromiso permanente para legislar en este rubro. 

“Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reafirmamos que no se felicita, se hace conciencia. El 25 de noviembre nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es una violación a los derechos humanos. Esta no es una fecha simbólica, es un compromiso para actuar con firmeza y garantizar una vida libre de violencia para todas”, señaló.