Columna | P u l s o   P o l i t i c o
  
      Muchos hablan de que en el 2018, se derrumbará el PRI, porque según sus cálculos, perderá la presidencia, muchas gubernaturas, la mayoría en el Congreso y en el senado, la mayoría en muchos congresos locales y los ayuntamientos de las principales ciudades del país.

      La verdad es que quien corre peligro de derrumbarse, es el sistema partidista mexicano, que ha caído en una vertiginosa carrera de corrupción, que las dirigencias nacionales y locales de los partidos, no hacen nada o no pueden hacer nada, para frenarla.

      El deterioro del sistema político mexicano, se inició cuando “el joven presidente” Carlos Salinas de Gortari, quiso “modernizar a México”, abandonando la política de justicia social, que fue bandera de la Revolución de 1910 y que se consolidó en los años treinta, cuando gobernó al país el general Lázaro Cárdenas.

      Antes de Salinas, ¿hubo algún presidente o gobernador, que se enriqueciera tan escandalosamente como ahora? ¿Salieron multimillonarios Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo?

      Si hubieran abusado del erario público, ¿andarían todavía metidos en la política, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue gobernador de Michoacán; Porfirio Muñoz Ledo, que fue varias veces secretario de estado, senador, embajador y presidente nacional del PRI? O ¿el licenciado Manuel Bartlett, que fue secretario de Gobernación, de Educación y gobernador de Puebla?

     Son muchos los priistas destacados, que vivieron muy decorosamente, pero sin llegar a los excesos a los que ahora llegan los políticos priistas, panistas, perredistas y hasta de los partidos “chiquitos” que reciben millones de pesos como prerrogativas del gobierno federal, por aparecer como dirigentes de partidos que en realidad no existen.

     El encarcelamiento de ex gobernadores como Duarte de Veracruz, Yarrington, de Tamaulipas, ambos del PRI y el ex gobernador de Sonora, del PAN, son solo un ejemplo del porqué la política en nuestro país está tan desprestigiada. Los partidos no tienen ningún control sobre la gente que llevan al poder y muchos de los que figuran para candidatos a gubernaturas o presidencias municipales, carecen de militancia partidista o se pasaron de un partido a otro de la noche a la mañana.

     Las elecciones del año próximo, en las que habrá renovación de autoridades y legisladores en los tres niveles de gobierno, pueden ser el inicio del derrumbe no solo del PRI, sino de todo el sistema partidista mexicano.

     La necesidad de que los partidos pongan atención, pongan esmero en la selección de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, es ahora, más urgente que nunca.

      Deberán ser personas con oficio político y de honestidad probada.

      Nunca los partidos han puesto atención a sus sistemas de selección de candidatos y es que han sido incapaces de formar cuadros políticos capacitados, ideologizados para llevar a cabo un buen trabajo.

      Los partidos, contra lo que propuso el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, no son ni han sido nunca, escuelas de política. Tan no lo han sido, que en las pasadas elecciones locales, el propio PAN, que ganó siete de las doce gubernaturas en juego, en cinco, tuvo candidatos que habían salido del PRI, precisamente por no haber logrado ser abanderados de su propio partido.

       Porque el PRI cada día es menos hábil en conocer y cuidar a su gente. Ahora los andan expulsando por cualquier motivo, igual que el PAN, igual que el PRD.

     La militancia política en un partido, debe ser como la pertenencia a una institución religiosa. Ingresa el que quiere y se sale o deja de participar, cuando quiere.

     Las escandalosas expulsiones de priistas, perredistas y panistas, solo contribuyen a seguir deteriorando el prestigio, la seriedad de los partidos.

     Cuando el PAN llegó al poder, ese partido presumía de tener casi dos millones de militantes. Al finalizar el periodo de Felipe Calderón, el dirigente nacional panista, Gustavo Madero, quiso depurar el padrón de su partido y convocó a sus miembros a ratificar su militancia y ésta, ni siquiera alcanzó los poco más de 200 mil miembros, necesarios para mantener su registro, algo que se pasó por alto para evitar el derrumbe del partido más antiguo después del PRI. Ni siquiera Vicente Fox se reinscribió.

       A menos de cien días de su gobierno, el gobernador Antonio Gali, ha logrado disminuir la sensación de inseguridad entre los poblanos. Que esa percepción haya bajado del 71 al 65 por ciento, en menos de tres meses, es un importante logro.

       En el terreno de la inseguridad, hay mucho que hacer todavía. Si bien Puebla no figura entre las ciudades más inseguras del país, tampoco está en la lista de las más seguras, como durante un tiempo estuvo.

       Muchos creen que el que sea poblano el encargado de la seguridad estatal, tiene mucho que ver, pues un renglón tan importante, sobre todo de unos años a la fecha, estuvo en manos de fuereños que no solo desconocían al estado, sino a sus habitantes.

        Para dar buenos resultados, nos dicen, en un tema tan señaladamente sentido por la población, el conocimiento del terreno que se pisa y del comportamiento de la población de las diferentes regiones de la entidad, es de la mayor importancia.

         La impunidad de que ha gozado la delincuencia organizada o no organizada en los últimos años en el país, está alcanzando a algunos sectores de la población civil, que sufren abusos o cometen abusos, en la seguridad de que no recibirán por ello ninguna sanción.

        Es el caso que nos fue planteado ayer por el matrimonio formado por los señores Rubén Carpinteiro y Catalina Hoyos, quienes nos dicen, adquirieron un departamento en la 9 oriente 801-16.

        La persona que les vendió falleció y su heredera o presunta heredera, Ricarda Pirrón Legarreta, no reconoce la venta y pretende sacarlos del inmueble, para lo que presiona cortándoles el agua y el drenaje, lo que pone en aprietos a la familia que tiene cuatro hijos.

      Es decir, ya hay quienes pretenden tomar la justicia en sus propias manos y no recurrir a las instancias competentes para que aclaren las cosas. Si esto empieza a permitirse y como en muchísimos casos de tipo penal, priva la impunidad, vamos a vivir en un infierno.

      Y ya para terminar: ¿qué ha pasado en el caso de Jolalpan, cuyos habitantes tienen más de 50 días de plantón frente al Congreso del Estado?

       Las pláticas entre los que protestan contra su autoridad municipal y los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, no han llegado a ningún acuerdo.

        Allá en Ajalpan, la autoridad municipal, no despacha en el palacio, sino en el domicilio particular del alcalde y aquí, el diputado Jorge Aguilar Chedarui, el panista que preside la comisión más importante del Poder Legislativo, ya les dijo, nos cuentan, que pueden quedarse de plantón todo el tiempo que quieran, es decir, no les harán caso.

        Este problema pudo haberse resuelto en tres días y lleva ya casi dos meses y nada. Al parecer, hay quien o quienes pretenden proteger al alcalde acusado incluso por sus propios regidores. ¿No sería posible que se investigara a fondo lo que pasa allá en Ajalpan y en base a eso, se hablara con los que aquí protestan y se informara con toda claridad a la opinión pública, de lo que realmente se trata?