Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando la descomposición social se acentuó, evidenciando altos niveles de inseguridad pública, y en un intento por legitimar su mandato, sacó al ejército de sus cuarteles para asignarle tareas de seguridad pública, militarizando varios estados del país.

Posteriormente, con Peña Nieto, los actos de violencia llegaron a niveles impensados en nuestro país y su estrategia para enfrentarla fue, la Gendarmería Nacional, un proyecto que creaba un cuerpo civil con instrucción militar para combatir el narcotráfico, asumiendo funciones de seguridad pública y de esa forma retornar a sus cuarteles a las fuerzas armadas. Inicialmente se planteó integrar alrededor de 40 mil agentes que paulatinamente desplazarían a las fuerzas armadas. La cantidad de gendarmes no superó los 10 mil debido a los altos requisitos de ingreso.

Dicha estrategia tenía como proyectos base la Gendarmería Nacional y la Ley de Seguridad Interior; retomando la experiencia y los antecedentes de gendarmerías nacionales que operan en diferentes países.

Básicamente la Ley de Seguridad Interior, intentó regular las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio ante una amenaza específica que pusiera en riesgo al país.

Lo anterior se podría llevar a cabo a través de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior con las amenazas identificadas, las autoridades que intervendrían, así como el tiempo, lugar, acciones y objetivos para frenar las amenazas en un sitio determinado.

Sin embrago, la LSI fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, fundamentándose en que la misma, atentaba contra los derechos humanos, y seguía existiendo el peligro de militarizar al país, aunado a que podría vulnerar el derecho de manifestación, por lo que se promovieron diferentes controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ésta apremiante problemática, la administración de Andrés Manuel López Obrador, reconoció a la inseguridad como una de las principales preocupaciones y amenazas al Estado, planteando para enfrentarla el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde se reconoce la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, que hace imposible la consecución del bienestar y la justicia; aspectos sin los cuales no puede conseguirse la paz social.

Por lo anterior propuso ocho ejes de actuación: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo, educación y bienestar. 3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. 4. Regeneración de la ética social. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de la paz. 7. Recuperación y dignificación de las cárceles. 8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz. Donde la creación de la Guardia Nacional se inscribe en el octavo eje, sobre seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Proyecto que ha visto la luz con la declaratoria de constitucionalidad emitida por las dos cámaras del Congreso de la Unión el pasado jueves 14 de marzo, la cual permite integrar la Guardia Nacional y dar a las fuerzas armadas el marco para participar en tareas de seguridad pública.

Resaltando que se trata de la primera reforma a la Constitución que cuenta con respaldo unánime de todos los congresos estatales, lo que evidencia, se trata de una reforma que responde a una exigencia general sobre la crisis de inseguridad y emergencia que nuestro país enfrenta.

Tan sólo como referencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI, el 64.5% de los mexicanos consideran a la inseguridad como un tema prioritario, rebasando por mucho otros tópicos como la inflación, el desempleo, e incluso la pobreza, ello sin contar que el gasto anual que desembolsamos en medidas preventivas, representa el 1.65% del Producto interno bruto anual del país.

Atendiendo a la grave situación que enfrenta el país, considero que el mayor logro obtenido con la reforma, es que por primera vez, se crea un marco jurídico que reglamenta y regula la participación del ejército en tareas de seguridad pública, con lo que al menos, podremos pensar que las violaciones a derechos humanos por parte de este cuerpo militar estarán ausentes al momento de cumplir con dicha encomienda. Aunque para muchos críticos de la aprobación de la creación de la Guardia Nacional, es que so pretexto de la lucha contra la inseguridad, aumentará el número de víctimas colaterales, sólo el tiempo nos dará las respuestas.