Para muchos de los ciudadanos de este país, que hemos seguido de cerca la lucha del Presidente López Obrador, desde que encabezó el Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en la primera vez que participó como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2006 donde todo apunta fue víctima de un fraude electoral perpetrado por él PAN y el PRI para cerrarle el paso al primer gobierno de izquierda en México, posteriormente en el proceso electoral de 2012 donde perdió las elecciones ante Enrique Peña Nieto por un amplio margen, hasta la elección de 2018 donde finalmente obtuvo el triunfo para llegar a la Presidencia, conocimos de cerca sus discursos y planteamientos de lo que el enarboló como sus banderas el combate a la pobreza, contra la militarización del país el respeto a la defensa de los derechos humanos, terminar con la desigualdad, contra la corrupción, la impunidad, la promoción de una república amorosa y una revolución moral y la austeridad republicana como los ejes principales de su proyecto de nación; argumentos que convencieron a millones de mexicanos que en 2018 le dimos nuestro voto, con la esperanza de que dichas propuestas serían en bien del país y para la mayoría de los ciudadanos.

Hoy a más de tres años del gobierno de AMLO, de entre las descalificaciones y desatinos que ha cometido en sus conferencias mañaneras, llama la atención de forma escandalosa su declaración de que la defensa de los derechos humanos es un invento de los neoliberales, cuando es de todos sabido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es adoptada el 10 de diciembre de  1948 después de la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de no permitir jamás el exterminio humano y atrocidades cometidas por el nazismo, es decir, no pueden considerarse producto de las ideas del neoliberalismo como un distractor o pretexto para seguir saqueando la riqueza de los países sin que nadie se diera cuenta como lo declaró López Obrador.

Es de llamar la atención su postura en el tema, porque en sus tres campañas a la Presidencia, siempre se aprovechó de las violaciones a derechos humanos y masacres cometidas en contra de campesinos, indígenas y migrantes en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condenando dichos actos y denunciando ante medios nacionales e internacionales exigiendo su esclarecimiento y castigo para los responsables, desde las matanzas de Tlatlayal Atenco, San Fernando, hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que prometió esclarecer y que a la fecha no ha entregado un resultado final o localizado los cuerpos de los estudiantes.

De ahí que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no ha sido capaz de convertirse en un contrapeso para evitar los abusos de poder del actual gobierno, ya que el Presidente repitió lo que tanto criticó en sus antecesores al poner al frente del organismo a una incondicional como Rosario Piedra Ibarra, cuyo desempeño ha dejado mucho que desear y que fue colocada al frente del organismo, precisamente para solapar las violaciones cometidas en este gobierno y cuidar ante todo la imagen del Presidente tanto al interior como al exterior del país.

Actualmente para muchos analistas y académicos, así como organizaciones de la sociedad civil, la CNDH es un ente obeso sin rumbo fijo y que no está a la altura de lo que requiere el país en la materia, ante una creciente militarización de las policías estatales y municipales con integrantes del ejército y la marina al frente de las secretarías de seguridad, lo que ha originado que las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones y desapariciones forzadas se vayan replicando en diversas regiones del país, bajo el pretexto del combate a la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado, sin que exista una disminución de los homicidios dolosos y se haya logrado garantizar la seguridad a los pobladores de dichas regiones.

Si a lo anterior sumamos la crisis migratoria que enfrenta nuestro país, en la frontera sur, donde el Gobierno federal ha desplegado a más de veinte mil elementos de la Guardia Nacional, el ejército y la marina, para tratar de frenar las caravanas de migrantes que pretenden cruzar nuestro país, para llegar a  la frontera  y pasar a los Estados Unidos, es evidente que los casos de violaciones a derechos humanos tanto de migrantes, como de los habitantes de los estados y ciudades del sur de México que reciben a las caravanas, se han ido incrementando, ante la incapacidad tanto de la CNDH como de los Gobiernos de los Estado de evitar que muchos de los migrantes pierdan la vida o sean reclutados por la delincuencia organizada, que les ofrece mejores oportunidades que las que podrían tener en sus países de origen y ello viene a agudizar aún más la grave crisis de inseguridad que vive México.

Por ello, es alarmante que sea el propio Presidente quién descalifique la protección y defensa de los derechos humanos y lo convierta en un tema político, denostando su existencia y minimizando su importancia y trascendencia en una democracia y auténtico estado de derecho.

Bajo esa posición del Presidente en el tema, ¿Qué podemos esperar los mexicanos, ante una violación a nuestros derechos humanos? Pues sólo resignarnos a padecerla y tratar de sobrevivir a dichos actos, porque de parte del Gobierno en turno, el desprecio e incomodidad que le causan, ha traído como consecuencia, que las corporaciones policiacas civiles, ministeriales el ejército, la marina y la guardia nacional, tengan manga ancha para cometer violaciones a estos derechos, ya que la línea viene desde Palacio Nacional, ante la complacencia y complicidad de las Comisiones de Derechos Humanos tanto la Nacional, como de los Estados y aún y cuando existan condenas de organismos como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, siempre habrá la opción de desconocer su autoridad y meter a la agenda otros temas, que si sean de interés para el gobierno de la 4T y que sirvan para captar votos.  
                                                   
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.