Después de la elección del pasado 1 de julio, con el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, así como de la mayoría de los candidatos a las gubernaturas  postulados por MORENA en Estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, (Puebla aún indefinido)y la Ciudad de México, así como el haber obtenido la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, todo ello además de los triunfos de sus candidatos a diputaciones locales y de las alcaldías de las ciudades más importantes de los Estados donde obtuvieron las gubernaturas, el panorama para el nuevo gobierno, no podía ser más promisorio y favorable, por la enorme expectativa que tienen la gran mayoría de los ciudadanos que los favorecieron con su voto; sin embargo, ahora viene la etapa más difícil, al asumir el cargo este 1 de diciembre, que consiste en  lograr cumplir las promesas y compromisos hechos por el Presidente electo a lo largo y ancho del país en los meses de campaña, tales como: terminar con los privilegios de las élites y grupos políticos que han detentado el poder presidencial durante los tres últimos sexenios, investigar y combatir la corrupción y los escándalos como el de la casa blanca del Presidente Peña Nieto, el caso Odebrecht, los desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito de exgobernadores como el de Veracruz Javier Duarte y de Chihuahua César Duarte, a los que habría que agregar los de Humberto Moreira de Coahuila, Rosario Robles en la SEDATU y una larga lista de exfuncionarios que a lo largo de estos meses de la transición comienzan a ser señalados con información que los involucra en dichas conductas, el terminar con las pensiones y privilegios de los expresidentes, fijar un tope a los salarios de los funcionarios, desde el Presidente de la República, bajo la premisa de que ningún servidor público puede ganar un salario superior al del Presidente, combatir a los grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico que han impuesto su ley, en varias zonas del país originando un clima de violencia e inseguridad, echar abajo reformas estructurales como la educativa y revisar la de energía, eliminar la figura del fuero para los funcionarios y legisladores, apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad como los adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, reactivar el apoyo al campo y sobre todo combatir la pobreza y la marginación en la que se encuentran sumidos más de cincuenta millones de mexicanos, entre otras. Dichas promesas, que han comenzado a cumplirse con las reformas y leyes aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores , han tocado a grupos del poder económico del país, como los empresarios y bancos, así como a una clase política acostumbrada a hacer y deshacer con los recursos públicos y que ahora seguramente darán la batalla por las vías a su alcance, a fin de evitar que se logren las transformaciones y cambios que el país demanda y que nos han llevado a una sociedad, donde la riqueza se concentra en unos cuantos y la pobreza en millones de mexicanos, quienes hoy tienen la esperanza de que efectivamente nuestro país cambie para despegar a una etapa donde se termine con la desigualdad y se brinden a las nuevas generaciones mejores oportunidades para el desarrollo de nuestra economía y sacar a México de los últimos lugares en los rubros de corrupción, opacidad, impunidad, inseguridad, delincuencia y narcotráfico que hoy representan un obstáculo para el avance del país.

El caso de la presidencia de López Obrador que formalmente inicia este 1 de diciembre, es inédito en la historia de los procesos electorales del país, ya que ningún candidato a la Presidencia ha logrado más de treinta millones de votos para alcanzar el triunfo. Ni siquiera Vicente Fox del PAN en el primer gobierno de la alternancia política logró tal número de votos. Por ello el bono democrático que obtuvo el nuevo Presidente le permitirá llevar a cabo todas las transformaciones y cambios a las leyes y políticas públicas que propuso en campaña, siempre y cuando logre alcanzar los acuerdos y consensos con las fuerzas políticas y grupos que por ahora, lejos de respaldarlo, se están uniendo para buscar no ser afectados y conservar el poder en las zonas del país donde gobiernan, como los Gobernadores de los Estados del PAN que se han pronunciado en contra de los Delegados Estatales del Gobierno Federal que entrarán en funciones el 1 de diciembre y cuyo poder en el manejo del presupuesto a los Estados, traerá muchos dolores de cabeza e inconformidad a los Ejecutivos estatales, que verán mermado su poder político y deberán negociar con ellos el manejo de los recursos, obras y proyectos de gobierno.

En este momento de arranque formal de la nueva Presidencia, lo que impera en el ánimo de la mayoría de los mexicanos, es la esperanza de que todos los cambios y medidas que se echen a andar, se traduzcan en una mejora de sus condiciones de vida y se logre recuperar la confianza en nuestros gobernantes, el respeto al estado de derecho y con una perspectiva de que antes de los intereses de los partidos, grupos empresariales y gobernantes, se encuentra el futuro y bienestar de todos los mexicanos. 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.