La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en días pasados, con 9 votos a favor y dos en contra, declarando la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral promovida por el Presidente López Obrador a través de Morena y aprobada por las dos Cámaras de Diputados y Senadores, quedando invalidadas la Ley general de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, básicamente por haberse cometido violaciones al proceso legislativo, al respecto el Ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció a favor de la propuesta y detalló que: “En una democracia deben escuchar las voces de todos en el Congreso, agregando que coincidía con el proyecto donde hay diversas violaciones.. con todo respeto dichas violaciones se vulneraron con los artículos 72 y 73 de la Constitución, se violentaron los principios de deliberación democrática al no darse la misma en forma real y de fondo”

El enojo del Presidente, se hizo patente en la conferencia mañanera del día martes 9 de mayo, al lanzar toda una serie de descalificaciones en contra del Poder Judicial de la federación señalando que “no tiene remedio” pues “está podrido” y de los 9 Ministros que votaron a favor de declarar la invalidez del plan B, acusándolos, como sucedió en la resolución mediante la cual echaron abajo que la Guardia nacional quedara al mando del Ejército Mexicano, calificándolos de corruptos, conservadores y de estar a favor de los conservadores y sus adversarios políticos y de proteger los intereses de la oligarquía que gobernó al país en el período neoliberal y de formar parte de la mafia del poder que los favoreció y dio privilegios para tener un sueldo incluso mayor que el del Presidente.

La reacción del Presidente, no debiera sorprendernos ya que no es la primera vez que se pronuncia en contra de la Corte y de su actual presidenta Norma Piña cuando la oposición ha logrado fallos favorables de la Corte para echar abajo diversas reformas e iniciativas aprobadas en el Congreso, pero que se han visto viciadas en su proceso legislativo, como ocurrió recientemente en el Senado donde vía fast track sin la presencia de los Partidos de oposición, en menos de 4 horas aprobaron un paquete legislativo de siete leyes entre ellas la de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, tecnología e Innovación que también será impugnado a través de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte, como lo han anunciado la Alianza de Partidos conformada por el PAN, PRI y PRD.

Conforme al sentido de la última resolución emitida por la Corte declarando la invalidez del Plan B del Presidente en materia electoral, es previsible que suceda lo mismo con el paquete aprobado por el Senado y también la Corte se pronunciará por declararlo invalido, al no haberse respetado el proceso legislativo.

La venganza del Presidente en contra de la Suprema Corte ,la anunció el pasado 10 de mayo en su conferencia mañanera, al tirar línea a los Diputados de su Partido para que revisen el presupuesto de la Corte para reducir ingresos a los Ministros; discurso que considero contradictorio e incongruente en el Presidente, ya que por una parte se queja de que la Corte no respeta la división de poderes, al corregir la plana al Poder legislativo y por la otra, instruye a sus legisladores para dar un golpe en este caso al Poder Judicial de la Federación, para afectarlo mediante su Presupuesto de Ingresos para 2024, mediante los recortes sugeridos; lo anterior sin considerar que se trata de otro Poder con rango constitucional y que es el garante de la defensa del estado de derecho y respeto a la Constitución de nuestro país.

Pero el Presidente no sólo amenazo a los Ministros con recortarles sus percepciones, sino también anunció una reforma legislativa para que los Ministros de la Corte sean electos mediante voto popular ,propuesta secundada por el Senador Ricardo Monreal, que también amenazó a los Ministros de que pueden ser llamados a juicio político por el Poder legislativo “ en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros Poderes”

Tanto las declaraciones del Presidente y de sus correligionarios, como el Presidente Nacional del Partido Mario Delgado y de Ricardo Monreal, fueron rechazadas por los Partidos de Oposición y de juristas como Diego Valadés que calificó los desplantes morenistas como propios de “una dictadura”.

La tensión entre los Poderes Ejecutivo y la fracción mayoritaria de Diputados y Senadores dl Partido Morena y sus aliados, contra el Poder Judicial de la federación representado por la Suprema Corte de Justicia de Nación, seguirá subiendo de tono en las próximas semanas, ya que para el Presidente, no le queda claro que los Ministros de la Corte, no son sus subordinados, ni están obligados a corregir los vicios y errores legislativos de sus diputados y senadores y de que aunque le moleste, la Suprema Corte es la garante del respeto a nuestra Constitución y a hacer prevalecer el Estado de Derecho en el país y si a ellos si pueden decirle a cualquier autoridad, “lo sentimos, pero la ley, es la ley y vamos a aplicarla porque no está sujeto a negociaciones políticas.ni caprichos gubernamentales”

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.