Después de darse a conocer en forma oficial por el INE los resultados de la consulta para la revocación de mandato del Presidente de la república, llevada a cabo en todo el país el pasado diez de abril, y de las diversas declaraciones hechas por los principales actores políticos, analistas y medios de comunicación y la postura de AMLO, quién el mismo día declaró sentirse satisfecho por el respaldo para que concluya su mandato hasta el 2024 expresado en las urnas por más de quince millones de mexicanos, lo que consideró un triunfo para confirmar su popularidad y que por ende, puede continuar con los proyectos de la cuarta transformación.

Resulta indispensable hacer un análisis de los hechos que antecedieron al ejercicio de consulta, desde la negativa del Congreso y posteriormente de la Secretaría de Hacienda para proporcionar los recursos suficientes para su realización, así como también los conflictos jurídicos que se derivaron, en los que se puso en el banquillo de los acusados a los integrantes del Consejo General del INE y en forma personal a su Presidente Lorenzo Córdova, acusándolo de querer boicotear la consulta y de negarse a cumplir con lo que establece la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Los mexicanos tenemos el derecho de conocer la verdad, en primer lugar de los resultados y responsabilidades de los ciudadanos que presentaron las solicitudes para el ejercicio, cuyo porcentaje establece el artículo 7 de la citada ley, equivalente al  3% de las personas inscritas en el padrón electoral de al menos 17 de las entidades federativas del país, para llevar a cabo la consulta; en dichas solicitudes se detectaron firmas falsas, alteración de credenciales, firmas de personas fallecidas y otras irregularidades, así como la procedencia de los recursos económicos que financiaron dicha labor, que no cayeron del cielo; incluso si existieron investigaciones para detectar si se desviaron recursos públicos ya sea de la Federación, de los Estados o de los Municipios para tal fin y si se aplicaron sanciones al respecto.

En segundo lugar, las violaciones a la ley y delitos electorales en los que incurrieron  los funcionarios públicos de todos los niveles de gobiernos, desde el propio Presidente de la República, integrantes de su gabinete, gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales, en cuanto a llamar a los ciudadanos a votar en la consulta, contradiciendo lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que sólo faculta al INE para promover la participación de los ciudadanos en la consulta, a través de los medios de comunicación a su alcance, lo cual no fue respetado, con las consecuencias de todos conocidas y que definitivamente incidieron en los resultados finales, existiendo evidencia pública y documentada de dichos actos en los que se desafío  en forma pública a la autoridad electoral y se usaron recursos públicos para dichos fines de promoción, antes y el día del ejercicio. No es posible que el INE deje pasar por alto estas conductas sin aplicar las sanciones respectivas y que la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales de la Fiscalía General de la república, se niegue a integrar las carpetas correspondientes cuyos resultados deben darse a conocer a la opinión pública.

Ni aun con la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los funcionarios no podían ser promotores de la Revocación de Mandato, se respetaron los lineamientos de la Ley federal de Revocación que es muy clara en estos aspectos, a pesar de lo anterior, los funcionarios realizaron actividades junto con sus colaboradores, primero para llamar a votar a los ciudadanos y con ello lograron influir en los resultados de la consulta, siendo común el desvío de recursos públicos, uso de programas, coacción del voto, compra del mismo y las demás irregularidades detectadas el día de la consulta como el relleno de urnas, número de votos emitidos por arriba del padrón, casillas atípicas, acarreo de votantes que incluso en el caso del Estado de Chiapas al volcarse un vehículo que transportaba campesinos que fueron amenazados con ser privados de los apoyos del programa “Sembrando vida” trajo como consecuencia la muerte de dos mujeres que eran llevadas
para votar en la consulta y hasta hoy nadie se ha hecho cargo de esclarecer los hechos

El propio INE ha sido víctima de la presión y amenazas de su desaparición, desde las conferencias mañanera del Presidente, quién anunció en días previos a la celebración de la consulta que presentará una Reforma Electoral, donde uno de los puntos centrales es la desaparición y salida de los actuales integrantes del Consejo General. Dicha situación se equipara al hecho de que si las cosas no salían favoreciendo los intereses del inquilino de Palacio nacional, los principales responsables serían los consejeros del INE, cuya actuación en defensa de la legalidad del proceso y del uso de las facultades que le otorga la legislación en la materia, hoy se encuentra acotada, debido a que de la voluntad de un solo hombre, de su partido y del Congreso de la Unión depende su subsistencia o desaparición.

Es de llamar la atención la declaración del Presidente del INE Lorenzo Córdova el lunes 11, en el sentido de manifestar que le daba gusto que el Presidente estuviera contento con los resultados del ejercicio y que el Instituto haya cumplido su función; como si las cosas entre el presidente y el organismo se pudieran componer o como si hubiera llegado el momento de firmar la pipa de la paz entre ambas instituciones.

Nada de eso, es claro que la intención del Presidente de echar a los actuales consejeros y de sacar adelante la Reforma electoral, no tendrá marcha atrás y que más le vale al INE,  aplicar los procedimientos y sanciones que establece el artículo 60 de la Ley federal de Revocación de mandato a todos los que violaron las normas, porque de nada le valdrá dejar en el olvido los hechos ya que no es tiempo de perdón u olvido. De no hacerlo, se sienta un grave precedente, en el sentido de que las autoridades de gobierno son impunes al violar las leyes electorales y para las elecciones de 2024 su injerencia y activismo puede ser de graves consecuencias para afectar nuestro sistema electoral y la democracia en el país.

                                                                *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla