El debate público del que hemos sido testigos los mexicanos, en las últimas semanas, con motivo de la propuesta de reforma electoral presentada por el Presidente de la República y que finalmente fue rechazada por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados al no alcanzar los votos suficientes para ser aprobada, dio pauta para que de inmediato AMLO presentara el denominado Plan B, cuyo objetivo final entre otros es golpear al INE mediante un drástico recorte presupuestal y a su estructura, así como modificar disposiciones de más de cinco leyes en la materia, para de alguna forma lograr incidir en los próximos procesos electorales y contar con mejores condiciones para su partido en la elección de 2024.

Dicho plan fue aprobado en la Cámara de Diputados con los votos de Morena y sus partidos aliados, aún con graves errores en su contenido que obligaron al senado de la república a hacer un conjunto de observaciones y regresarlo a dicha Cámara, lo que significa que nuestros flamantes diputados siguen cometiendo pifias legislativas, con el único fin de quedar bien con el Presidente, sin importarles que fueron elegidos con los votos de los ciudadanos y que reciben una dieta gracias al pago de nuestros impuestos, con su actuar nos demuestran que están más preocupados por complacer al presidente, que por atender las demandas de los ciudadanos.

El Plan B finalmente ya fue aprobado por mayoría en el Senado de la República, a pesar de que legisladores de oposición y el propio Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y Líder de la Fracción Parlamentaria de Morena Ricardo Monreal, denunció la inconstitucionalidad de diversas normas y al final emitió un voto particular respecto a lo que implicaba aprobar las reformas aprobadas por mayoría en la Cámara de Diputados.

Nada de eso, sirvió para que tanto Diputados, como integrantes del Senado votaran a favor de las reformas y tocará ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisar su constitucionalidad, en el caso de que se promuevan las acciones respectivas por los partidos de oposición.

Dicha situación, no es nueva, ni debería sorprendernos; sin embargo no se trata de una reforma cualquiera, porque a final de cuentas, un gran sector de la sociedad mexicana, ya se pronunció en la marcha del 13 de noviembre en defensa del INE y de los avances en materia electoral que ha tenido nuestro país en los últimos años, lo que obligó a los Partidos del bloque opositor a pronunciarse para rechazar la propuesta del Presidente y que tuvo respuesta en la marcha convocada por el propio presidente y todo el aparato de gobierno a nivel nacional el pasado 27 de noviembre. Marcha que sirvió más para celebrar los cuatro años de gobierno de la cuarta transformación y respaldar al Presidente, que para avalar la reforma electoral.

Las dos marchas, significaron para el Presidente dos formas de expresión del pueblo, que en su particular punto de vista, serían el pueblo bueno, conformado por aquellos ciudadanos que asistieron a la marcha convocada por él y lo apoyan en forma incondicional aprobando a su gobierno y el pueblo malo, que critica sus decisiones y fija una postura en defensa del INE y que por lo tanto no le importa tomar en cuenta, porque al menos ahora, no representan una mayoría que ponga en riesgo la continuidad de su proyecto transexenal; sin embargo no desea correr riesgos y por ello busca desde ahora contar con los elementos necesarios para tener sometido al árbitro de la contienda electoral.

Es importante reflexionar, que el INE no es un organismo perfecto y que hay varios aspectos que deberían corregirse y en su caso revisarse como los altos sueldos de los consejeros y de la estructura electoral, los gastos excesivos de alguna de sus áreas y tratar de bajar el alto costo de los procesos electorales; pero también es necesario que se respete su carácter de ser un organismo autónomo y que no debe estar sometido, ni controlado por el gobierno en turno, tal como ha sucedido con otros organismos que han sido afectados o desaparecidos por capricho presidencial, bajo el pretexto de la austeridad republicana y de la corrupción que prevalecía en los mismos en la época neoliberal, lo que no ha sido demostrado en todos los casos y sólo ha quedado en el discurso político para atraer votos y simpatías, ya que nadie en su sano juicio, estaría conforme en que se solape y apruebe la corrupción y abuso en el uso del erario público.

A este ritmo, seguramente en los próximos años, el Presidente tratará de hacerse de los recursos de otros entes autónomos y de buscar su control, como es el caso de las Universidades Autónomas, que de nueva cuenta en el presupuesto de egresos 2023, tendrán un recorte presupuestal que afectará su operación e implicará un grave deterioro al servicio que ofrecen y su infraestructura y crecimiento.

Ya existe la preocupación de organismos internacionales y de varios países, sobre el riesgo que traerá para la democracia mexicana la aprobación de las reformas del Plan B del presidente y de que la polarización de los ciudadanos, que tan buenos resultados le ha traído a López Obrador pueda llevar a un clima de inconformidad e ingobernabilidad en 2024 por la falta de un organismo que cuente con los elementos y recursos necesarios para garantizar elecciones limpias, transparentes, imparciales y revestidas de legitimidad.

El costo político y social puede ser muy alto para México, pero quizás todo ello ya esté calculado por el Presidente y toca ahora a la Corte, convalidar las violaciones a la Constitución o actuar con patriotismo echando abajo aquellas normas que aún aprobadas en el poder legislativo sean inconstitucionales; aunque esta esperanza se puede venir abajo en el caso de que AMLO en el proceso de cambio del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lleva a cabo en estos días, logre imponer a un Presidente o Presidenta a modo, que le permita tener el control total del máximo tribunal del país y con ello tenga garantizado que todas las reformas que promueva, le serán legitimadas, aún y cuando violen nuestra Constitución.

                                       *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.