Desde el surgimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), otrora conocido como Instituto Federal Electoral (IFE) siempre ha estado en tela de juicio su autonomía, en efecto, en 1990 (año de su creación) el máximo órgano de dirección conocido como Consejo General, fue presidido por Fernando Gutiérrez Barrios, quien en ese entonces fungía como titular de la Secretaría de Gobernación. Si bien en 1996, se produjo una importante reforma electoral, de la que se presume el organismo alcanzó su independencia plena respecto al Poder Ejecutivo, pues en esa época el consejero presidente debía ser un ciudadano elegido por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y aún con ese cambio la autonomía de esta autoridad electoral seguía con claroscuros, pues el hecho que las bancadas de San Lázaro votaran para elegir a los consejeros dejaba debiendo un favor a los elegidos. Situación similar es con los magistrados de los tribunales electorales, pues los eligen los miembros del Senado y sin querer descubrir el hilo negro, evidentemente sabemos que hay grupos fácticos de poder detrás de los legisladores.

Una de las críticas más duras a nuestro sistema electoral es que nuestras elecciones son de las más caras del mundo, porque va desde mantenimiento de los gastos ordinarios de las autoridades electorales, el financiamiento público otorgado a los partidos políticos y el gasto originado durante los procesos electorales, todo ello sin considerar la enorme cantidad de recursos y “aportaciones” que los candidatos reciben de grupos empresariales o ciudadanos que posteriormente esperan el pago de facturas, por medio de contratos jugosos o posiciones en los gobiernos; si a ello sumamos las cantidades de dinero que grupos de la delincuencia organizada y carteles invierten en las campañas, es casi imposible determinar la cantidad de dinero que se gastan en los procesos electorales.

Con base en lo anterior, lo idóneo será que en la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya aparejado el principio de austeridad, con la transparencia o revisión de cuentas. Asimismo, se cuide el aspecto del financiamiento privado, pues se puede seguir en el error que grupos de poder alcancen a los candidatos sus beneficios económicos con tal de alcanzar el triunfo, tal como sucedió con los Amigos de Fox o el Pemexgate y recientemente las “aportaciones” que financiaron a MORENA y los viajes de AMLO en su movimiento durante 12 años en que recorrió el país para obtener el voto ciudadano y que obviamente no dejaron rastro alguno, lo que hace muy difícil seguir la huella del dinero.

Otro de los puntos que plantea la reforma es la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, así como la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país. Aspectos relevantes, puesto que ha sido una petición constante que se reduzca el gasto en la materia, y que dicho numerario pueda destinarse a temas sociales, de infraestructura, educación y hasta en seguridad pública.

En la nueva propuesta de reforma, debe cuidarse de conservar aquellas figuras que son útiles a la sociedad, tal como sucede con el reconocimiento del triunfo electoral de las mujeres, pues en pleno siglo XXI sigue habiendo comunidades en las que se desdeña el papel que ellas puedan desempeñar como representantes populares, lo que se traduce en la imposibilidad de ejercer sus cargos de manera libre y real.

A su vez, también habría que cuidar el aspecto de la capacitación a los votantes para que conozcan la forma de su contribución mediante la participación ciudadana y que no sólo se limite a su participación en los procesos electorales.

En las próximas semanas, seremos testigos, de lo que finalmente sucederá con la Alianza opositora (PRI, PAN, PRD) para los procesos electorales de 2023, en el Estado de México y Coahuila; pero todo dependerá también de la postura que tendrá el PRI en la posible aprobación de la reforma electoral del Presidente, si la apoyará, como lo hizo con la militarización hasta 2028, negociando la impunidad para su líder nacional Alito Moreno o si, irá en contra de la reforma, todo dependerá de lo que más le beneficie como partido bisagra, que igual puede mantenerse en el bloque opositor o apoyar a MORENA negociando posiciones y candidaturas para las elecciones de 2024, considerando las pocas posibilidades que tiene de sobrevivir como el partidazo que fue. En el caso de los Estados es notoria su debilidad y lo que ha hecho es apoyar con sus legisladores a los gobiernos de Morena, por lo que cada día menos ciudadanos confían en que sean una oposición real.

                                      *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.