En esta época hay una línea muy delgada a la vulneración la libertad de expresión y acusar a una persona de violencia política de género violencia de género, se confunde la gimnasia con la magnesia.

Pero vamos por el principio, la diputada de Morena Andrea Chávez emitió el 24 de noviembre de 2021, un tuit en el que señalaba que:

“Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaria de Cultura, @alefrausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura.

Aunque usted no lo crea.”

La Sala Regional Especializada, considera que el mensaje de la diputada morenista descontextualizó el discurso de Sodi Miranda “con la intención de invisibilizar su trabajo legislativo y ridiculizarla, lo que se traduce en violencia simbólica por medios digitales”. Con lo anterior no creo en exagerar que ahora los magistrados, en una suerte de emular a los gitanos, adivinan lo que piensa la gente y su futuro, pues con dicho argumento tal parece que los magistrados pudieron penetrar la mente de la legisladora Chávez y, sin lugar a duda, saber sus intenciones.

Comparto la opinión del magistrado Luis Espíndola Morales, cuando emitió su voto particular, en el que señaló que el mensaje en cita y las respuestas de los tuiteros a éste, no eran suficientes para acreditar violencia política de género.

Por este tuit, dijeron los magistrados, usuarios de Twitter emitieron mensajes de violencia simbólica y de género, pues deslegitimaron el trabajo legislativo y minimizaron su trayectoria, además de que “la agredieron e hicieron burla, por ende, también tuvieron por objeto menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales”.

Considero insostenibles los argumentos de la Sala Especializada, puesto que ni en el más remoto de las consideraciones de los tuiteros, su plan haya sido perjudicar el ejercicio de los derechos político-electorales de la legisladora Sodi.

Estamos cayendo en un juego peligroso, donde hay por pretender cuidar algunos derechos se vulneren otros, si algo de lo que gozan los legisladores, más que cualquier otro ciudadano, es su libertad de expresión. Hasta donde se menoscaba este derecho humano y constituye una afrenta gravísima revirar sobre una opinión. Incluso la organización internacional Human Rights Foundation ha señalado el exceso en que ha incurrido el tribunal con este criterio, pues evidentemente, se trata de un abuso que viola los derechos humanos de la diputada, Chávez, y tacho al órgano jurisdiccional de tener un comportamiento “ilegal, inmoral y antidemocrático”.

No cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de cristal.