El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos, en el que el acceso al poder se organiza a través de una contienda entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Es un principio clave que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley.

En México, dicho principio, se instaura de forma trascendental, con la reforma electoral de 2007, la cual, significo un parteaguas en la historia del derecho electoral mexicano, con ella el poder constituyente determinó, entre otras cuestiones, la actuación imparcial en las contiendas electorales respecto de quienes ocupan cargos de elección popular de todos los ámbitos de gobierno.

Dicho principio, tiene su ubicación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, donde encontramos medidas normativas que tienden a garantizar expresamente el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales.

Con base en lo anterior, la igualdad de oportunidades en el acceso a las competiciones electorales es el presupuesto y fundamento de la libertad de elección, e implica garantizar la libertad de acceso a las mismas, impidiendo, por ejemplo, que algunos de los actores electorales obtengan ventajas indebidas, como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse. De ahí que el principio de igualdad de oportunidades se haya convertido también en el fundamento constitucional de las causas de inelegibilidad.

Sin embargo, y a pesar del significativo avance en el constructo de nuestra democracia, con la implementación de este principio, fuimos testigos, que el interés de algunos está por encima del desarrollo que como Nación habíamos alcanzado con el establecimiento del mismo, toda vez que, presenciamos en el Estado de México, una elección de Estado, donde el presidente Enrique Peña Nieto encomendó a Rosario Robles, la campaña de Alfredo del Mazo, y desplegó a su gente de confianza en los puntos más importantes del estado, para asegurar el triunfo electoral, encargo a Luis Enrique Miranda la zona de Valle de Bravo, José Narro a Ecatepec, en los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada 'ruta de la leche', bajo el mando del director de LICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga. Margarita González, la operadora electoral de Robles, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, se concentraron en Nezahualcoyotl. En fin casi todo el aparato gubernamental federal trabajando todo el día de la jornada electoral, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de ir pasando al presidente la información de cómo se iba comportando el electorado.

Como pueden observar, el despliegue federal coronó la ofensiva más agresiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual, se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito de la actual administración federal.

La irrupción de Gómez y Morena en el Estado de México, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, junto con los enormes negativos del presidente trasladados a Del Mazo, le crearon un entorno hostil que obligó al gobierno y a su partido a abrir la chequera y comprar voluntades a 'billetazos'. La compra del voto comenzó en dos mil 500 pesos y terminó en cuatro mil; la compra de credenciales de militantes de Morena, alcanzó los 20 mil pesos. Los priistas compraron espacio en las paredes de las casas por cuatro mil pesos para colgar propaganda, porque el Instituto Nacional Electoral sólo contabiliza los espectaculares. Ante tantas reglas formales, la campaña se convirtió en un caldo de cultivo para la informalidad, que aprovechó el PRI.

En competencias tan reñidas como en el Estado de México o en Coahuila, el fraude electoral, lamentablemente, se vuelve más visible e indignante, porque ahí observamos con todo su despliegue las artimañas para impedir la equidad y la justicia electoral: compra, coacción del voto, intimidación vía telefónica y redes sociales, alteración del padrón electoral, condicionamiento de programas y servicios públicos, uso del crimen organizado y del aparato burocrático para aplastar al opositor.

Toda esta situación, hace pensar que no hemos podido desmarcarnos del gatopardismo practicado por el PRI, durante su hegemonía partidista en nuestro país, donde realizó cambios para que todo siguiera igual. Ideó y llevó a cabo la reforma política de 1977; liberalizó el sistema político-electoral; cedió a las presiones de las fuerzas políticas en ascenso y de la sociedad organizada para modificar una y otra vez las leyes electorales; permitió a la oposición ocupar curules en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; incluso acceder a la gubernatura de algunos estados y ocupar algunas cabeceras municipales, cuidando de no perder la hegemonía.

Es decir, "Cambiar para no cambiar", en relación a las formas de ejercer el poder, permitió al PAN ocupar Los Pinos por dos sexenios, al final de los cuales, regresar para demostrar que la crisis de representación por la que pasa el sistema de partidos está llegando a niveles inaceptables, donde las ideologías políticas y partidarias sucumben ante el ejercicio del poder, ante un INE timorato y servil a los intereses del poder en turno.