El virus, que ya no se limita a las aves, ha causado la desaparición de hasta la mitad de las hembras reproductoras en algunas colonias de elefantes marinos y miles de muertes en focas, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del continente blanco.

La llegada de la gripe aviar H5N1 a la Antártida ha marcado un punto de inflexión en la crisis sanitaria global. Lo que comenzó como un virus altamente patógeno en aves migratorias se ha expandido a mamíferos marinos, provocando una mortandad sin precedentes en focas y elefantes marinos. Investigadores confirmaron la presencia del virus en más de un centenar de animales de distintas especies en la península antártica, lo que evidencia su rápida propagación en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

El impacto es devastador. En colonias de elefantes marinos del sur, particularmente en Georgia del Sur, se ha registrado la desaparición de hasta el 50% de las hembras reproductoras, un golpe que compromete seriamente la supervivencia de la especie. Las focas también han sido víctimas del brote, con miles de ejemplares muertos en las costas subantárticas. La rápida transmisión entre mamíferos demuestra que el virus ya no se limita a las aves, aumentando el riesgo de mutaciones con potencial pandémico.

La situación plantea un escenario crítico para la biodiversidad antártica. La pérdida de individuos reproductores en especies clave amenaza con alterar el equilibrio ecológico de la región, mientras que la posibilidad de que el virus continúe adaptándose a nuevos huéspedes preocupa a los expertos en salud global. El brote de H5N1 en la Antártida no solo es una crisis ambiental, sino también una advertencia sobre la capacidad de los patógenos para expandirse más allá de sus límites tradicionales, poniendo en riesgo tanto a la fauna silvestre como a la salud humana.

Los Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) son un conjunto de siete complejos arquitectónicos que responden a un esfuerzo de los tres niveles de gobierno por combatir a la violencia y los delitos desde sus causas, como parte de la estrategia para combatir el delito antes de que este sea cometido.

En ellos, se pretenden atender problemas como la drogadicción, el alcoholismo, la falta de cultura, las carencias en el deporte, el ocio, el desempleo, la apatía en la participación ciudadana etc. En espacios tendientes a fomentar el deporte, combatir las adicciones en los jóvenes y crear un ambiente de esparcimiento y recreación.

Con lo anterior se pretende alcanzar el objetivo de la prevención social, fortalecer los factores de protección de las comunidades generando entornos que favorezcan la convivencia, modificando las condiciones del contexto mediante políticas públicas y corresponsabilidad ciudadana.

Esta política pública de prevención resultaba tan buena, que en 2014, Puebla fue considerada modelo nacional en materia de prevención del delito con la creación de estos espacios en zonas urbanas.

Sin embargo, dichas instituciones se encuentran lejos de cumplir con el objetivo trazado mediante el cumplimiento de sus cuatro ejes de acción que comprende su programa, los cuales son:

1)    Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.

2)    Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.

3)    Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

4)    Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

Lo anterior, en razón de no contar con el personal adecuado que pueda cumplir con el perfil que se ajuste a la necesidad de cada una de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las acciones.

Ante la actual situación, el gobernador electo Tony Gali, a partir del inicio de su administración, deberá tomar decisiones al respecto para rescatar dichos centros, con el  apoyo  de otros componentes del constructo social, para no permitir que ésta política pública quede en el olvido, en momentos en que no sólo en Puebla, sino en todo el país, se requieren acciones tendientes a prevenir los delitos, desde la base social.

De hecho, cuando aún esto era concebido como un proyecto, se había atinado, por parte de las autoridades, que tienen a su cargo el manejo y administración de dichos centros  auxiliarse de las Universidades  Instituciones de Educación Superior privadas, para que a través de la realización de prácticas profesionales y servicio social de los alumnos se proporcionaran a la población, los servicios de Asesoría Legal; Orientación Psicológica; Criminología y prevención, de conductas delictivas, deporte, recreación, cultura y escuela de padres de familia. Lo anterior a través de un convenio de colaboración entre las Universidades y el Gobierno Estatal que sin duda alguna beneficiaría a un importante sector de las zonas donde se ubican los Centros integrales; sin embargo, la propuesta del convenio quedó archivada en alguna dependencia gubernamental y nunca pudo concretarse..

Situación que ahora debería reconsiderar el ejecutivo entrante y hacer juego con quienes pueden proveer de recurso humano e intelectual para apoyo de tan loable e importante política pública de prevención, que dicho sea de paso, se convierte en indispensable para afrontar la realidad social que impera en nuestra entidad. Ya que los niveles de delincuencia siguen en incremento y los reactores con los que cuenta el Estado, cada día parecen más insuficientes para combatir el hecho delincuencial. De ahí que se deben aprovechar al cien por ciento las instalaciones e infraestructura de los Centros cuyos resultados serán visibles en el corto y mediano plazo, evitando se califiquen como elefantes blancos.