Columna | P U L S O   P O L I T I C O

      Campesinos de la región de Palmar de Bravo, denunciaron ayer un grave atentado contra el medio ambiente en su municipio provocado por la instalación de una planta procesadora de basura de la empresa Ingeniería Especializada y Combustible Alterno, S.A. de C.V.

       Los campesinos afiliados a ECO-Tuzuapan, una agrupación que lucha por la preservación de la agricultura y la naturaleza, afirman que las autoridades municipales de Palmar de Bravo, con autorización del pasado gobierno estatal, son responsables de haber vendido 250 hectáreas, propiedad del municipio, para luego traspasarlas a la empresa CYCNA DE ORIENTE, S.A. de C.V., filial del grupo Cruz Azul, cuyo proyecto es la instalación de una planta para el tratamiento de residuos peligrosos en la comunidad de Bella Vista de Victoria, del municipio de Palmar de Bravo, en un predio de 62 mil 975 metros cuadrados, propiedad del Grupo de Ingeniería y Arquitectura de Aguascalientes.

      En resumen, se vende un terreno de más de 200 hectáreas que había sido expropiado por el ayuntamiento por “utilidad pública” y luego se revende a empresas con diferentes nombre y el objetivo es procesar  residuos peligrosos provenientes de los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Morelos para la producción de la energía eléctrica que requiere la planta cementera Cruz Azul, que funciona en la zona.

        Afirman los campesinos, que ellos se han dedicado siempre y lo siguen haciendo, a la producción de hortalizas y que los planes industriales que se vienen desarrollando, los afectan no solo en su trabajo, que es la agricultura, sino en la salud de ellos y sus familias, ya que según el proyecto, se pretende almacenar 525 toneladas/día, de residuos peligrosos y procesar 110 toneladas/día. Se preguntan ¿Qué se hará con las 415 toneladas de residuos peligrosos almacenados día con día?

          Los residuos peligrosos son aceites gastados, pieles, telas impregnadas de grasas y otras substancias peligrosas. Su producto, combustible alterno, lo venderán a las empresas cementeras, las que incinerarán los residuos, emitiendo polvos y gases a la atmósfera de nuestra región, señalan.

         La coautora del libro “México Toxico, Marisa Jacott, escribe sobre este tipo de plantas lo siguiente: Este tipo de plantas, no debería existir, por más seguras que pudieran ser, debido a la grave contaminación que genera la incineración de residuos peligrosos, exponiendo de manera continua a la población y al ambiente sin necesidad de que ocurra un accidente, ya que estas plantas “co-procesadoras de combustible alterno” para la industria cementera generan emisiones tóxicas que se pueden detectar, incluyendo substancias de efectos cancerígenos persistentes, entre ellos, dioxinas y furanos.

       Si hay investigaciones, estudios sobre esto, que indican que el ser humano corre peligro, porque no hacerles caso y evitar peligros para la gente en general y la gente pobre en particular, que es la que generalmente vive cerca de las zonas donde este tipo de negocios se establecen.

       Los campesinos, que hablaron ayer en Puebla en una rueda de prensa se preguntan el ¿Porqué el Ayuntamiento de Palmar de Bravo le otorgó el uso de suelo industrial destinado a trabajos de residuos peligrosos, cuando la vocación de esas tierras es eminentemente agrícola, afirmando que no existe incompatibilidad con la vocación natural del suelo?

       Son preguntas que seguramente no serán contestadas por la autoridad.

        Todos están enterados del caso del juez Gabriel González Alegría, que fue agredido por un joven fortachón que le hizo perder una oreja mediante una mordida.

         Al respecto queremos decir que conocemos de hace varios años al licenciado López Alegría y nos ha parecido siempre, una persona educada y capaz en el ejercicio de su profesión.

          Para corroborar lo anterior, nos dimos a la tarea de preguntar a personas que lo conocen y todas coinciden con nuestra apreciación. Incluso, personas que han trabajado con él en algún juzgado, en que su comportamiento ha sido siempre irreprochable.

          Profesionalmente es un abogado civilista que ha tenido un desempeño ejemplar en el Poder Judicial de Puebla, donde ha trabajado siempre. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, considera que los hechos no afectan en nada su trabajo como juez primero de lo civil, pues nada tienen que ver con su desempeño profesional y ocurrieron fuera de oficinas y en día inhábil. Una  postura correcta y totalmente imparcial, la del presidente del Tribunal.