Columna | P u l s o   P o l i t i c o
 
     Políticos y abogados consideran que la iniciativa para crear un Organismo Público Descentralizado (OPD) para administrar la prestación de servicios y los recursos obtenidos por los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec, es anticonstitucional.

     El municipio libre y autónomo, es la base de nuestra organización política y  está amparado por la Constitución General de la República, en su artículo 115.

     Pretender que un organismo no contemplado en ninguna ley, absorba las funciones de los ayuntamientos de cinco municipios, va contra la ley suprema de la nación y contra los usos y costumbres de nuestros pueblos.

     La administración pública es algo muy diferente a la administración privada,  reconoció hace poco el primer presidente panista que hubo en el país, Vicente Fox, quien se dio cuenta de eso, dos años después de haber asumido la presidencia de la república, según el mismo dijo. “Cometí muchos errores por eso”, señaló.

     El artículo 115 establece claramente, que frente a un ayuntamiento no puede haber ningún organismo que haga las funciones de autoridad municipal. Fue esa la base que empleó el diputado panista de la época del doctor Alfredo Toxqui, licenciado Liborio Hernández Xochitiotzin, especializado en cuestiones municipales, para echar abajo a la Junta de Mejoras, un organismo privado, creado para hacer funciones que corresponden a la autoridad municipal, como tapado de baches y pavimentación de calles, principalmente.

     La propuesta de Hernández Xochitiotzin, no fue aprobada de inmediato, pese a que fue apoyada por diputados del PPS, del PARM y por cuatro priistas. Sin embargo, el mismo PRI desapareció a la mencionada Junta de Mejoras, en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, basado en los razonamientos del panista.

     Si el Congreso, sin analizar, sin discutir, sin siquiera hablar en buenos términos sobre los pros y los contras de la propuesta, como ha sido costumbre en las legislaturas pasada y en esta, los ayuntamientos deberían, dicen nuestros opinantes, solicitar un amparo de la Suprema Corte, con la seguridad de que lo ganarían.

     No existe, ni ha existido en México un organismo como el que se está proponiendo.    

    Los municipios de este país, más de 2 mil, están gobernados por ayuntamientos, organizados en la forma siguiente: un presidente municipal o primer regidor, un síndico municipal y el número de regidores que en cada municipio varía. Si el Congreso aprueba esta iniciativa, el nuevo gobierno que presidirá Antonio Gali, tendrá problemas legales y políticos desde el inicio de su gobierno.

    Los presidentes municipales, desde el de Puebla capital, con dos millones de habitantes, hasta el de Totoltepec, con menos de mil habitantes, fueron electos por el pueblo para un periodo de casi cinco años (por las razones que ya se conocen) y son autoridad municipal y no gerentes o subgerentes a los que se les pueden restar funciones de las que legalmente tienen. No son empleados administrativos a los que se pueda cesar en cualquier momento o bajar de categoría.

    Los estadounidenses, según Trump, ya pueden estar tranquilos. Su nuevo presidente ya firmó la orden para iniciar la construcción del muro en la frontera con México y autorizó el aumento de cinco mil elementos para fortalecer a la “guardia fronteriza” lo que impedirá que los malosos mexicanos y otros especímenes (centroamericanos, sudamericanos, africanos, cubanos y asiáticos, se cuelen por la frontera sur de los Estados Unidos)

     Se supone que ellos, los gringos, ya se van a encargar de parar a los narcotraficantes antes de entrar en su territorio, lo que va a provocar crisis nerviosas entre los millones de adictos a las drogas que hay en ese país.

     Es el momento para que México deje de depender de Estados Unidos en ese aspecto. Al narcotráfico se le debe combatir con sistemas y cuerpos de seguridad nuestros.

     Durante años los estadounidenses han impuesto sus sistemas y su voluntad aquí para eso, para combatir el narcotráfico, con muy pobres resultados y eso ha costado a nuestro país vidas de muchos jóvenes.

    La obligación de México es parar la sangría y el multimillonario gasto que se canaliza para esa guerra, que a quien realmente beneficia, es al vecino y no a nosotros. Lo que el gobierno mexicano está obligado a hacer, es una campaña permanente para evitar que nuestros jóvenes, como los gringos, caigan en el consumo de drogas.