La semana próxima, es crucial para el futuro del país y de todos los mexicanos, debido a que el martes seguramente el Senado de la República aprobará en lo general, el dictamen de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados, aplicando su mayoría calificada y pasando por alto dos suspensiones provisionales de dos Jueces de Distrito, dictadas a fin de evitar se llevara a cabo la discusión y en su caso aprobación de dicha reforma, de gran trascendencia para nuestro estado de derecho y sistema constitucional.

La promesa del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, ante los Diputados federales de su partido y de sus aliados PT y PVEM, de darle de regalo al Presidente López Obrador la aprobación de la reforma al poder judicial, antes de que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, pesó más que la obligación de los legisladores de respetar el Reglamento de la Cámara que norma el proceso legislativo y así en menos de cuarenta y ocho horas, fuera del recinto de San Lázaro votaron sin más la reforma, sin dialogar con los trabajadores del Poder Judicial Federal, de los estudiantes de la UNAM y de las Universidades privadas que se sumaron al movimiento de rechazo a la aprobación de dicha reforma, nos demostraron que los foros llevados a cabo en todo el país, fueron una simulación y que las propuestas y críticas a la iniciativa presidencial, quedaron en el olvido, porque lo más importante era cumplir puntualmente con el regalo presidencial, sin importar la opinión de los ciudadanos que no les dieron su voto en las elecciones del pasado dos de junio y que representan dos terceras partes de la población, del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la federación, al que esta semana se sumaron ocho ministros de la Corte que están en contra de la aprobación de la reforma y nos permitió ser testigos del fuera máscaras  de las tres ministras Morenistas: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortíz que no tuvieron empacho en sumarse a los “estudiantes universitarios” que están a favor de la aprobación de la reforma y contra la Ministra Norma Piña, que ha sido víctima de violencia política de género por el aparato de estado.

De nada han servido, las opiniones de las calificadoras internacionales, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que ven un alto grado de riesgo para invertir y conservar sus negocios en México, ante la desconfianza que origina un poder judicial controlado por el partido gobernante y que estará sujeto a la voluntad de la próxima presidenta, incluso con las declaraciones de dicho gobiernos de que de aprobarse la reforma, iría contra lo establecido en las cláusulas del T-MEC y de que el gobierno mexicano, podrían enfrentar demandas y litigios ante tribunales internacionales; de las marchas ciudadanas en todo el país contra la aprobación de la reforma; del hecho de que la semana pasada el dólar llegó a superar la barrera de los veinte pesos en el tipo de cambio, por todos los problemas que se avecinan en el país por la reforma al poder judicial ;nada de eso le ha importado al presidente y su partido, que a estas fechas ya han superado el primer filtro tocando ahora el turno a la Cámara de Senadores, que ya se apresta a ponerle el moño al regalo presidencial.

Uno de los personajes centrales de este debate en la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, ha sido el ex senador Ricardo Monreal líder de la fracción de Morena, que acusó a los jueces de distrito que concedieron las suspensiones provisionales en contra del proceso de aprobación de la reforma por la Cámara de Diputados de ser violadores de la Constitución acusándolos de servir a los intereses de la oposición por tratar de frenar la aprobación.

Es de llamar la atención, el discurso de Monreal contra el Poder Judicial, usando los mismos argumentos del presidente y tirando línea a los diputados de Morena, a fin de que se ignoraran las suspensiones por ser “contrarias a la Constitución” e imponiendo a toda costa la celebración de las sesiones con el resultado de todos conocido.

Por lo anterior, me pregunto: ¿realmente quiénes son los violadores de la Constitución? Los jueces qué aplicando la ley, trataron de obligar a la Cámara de Diputados a apegarse a los lineamientos de su reglamento y a respetar el estado de derecho; o los diputados federales a las órdenes de Monreal, que siguieron fielmente sus instrucciones para romper la legalidad y violar las suspensiones.

Es muy importante resaltar qué si alguien tienen un rencor especial en contra de la Suprema Corte de Justicia, además del presidente AMLO, es Ricardo Monreal, por las resoluciones de los Ministros, donde se echaron abajo diversas iniciativas, que previamente ya habían sido aprobadas por ambas Cámaras, precisamente por ser inconstitucionales, corrigiendo la plana a diputados y senadores de Morena y partidos aliados, que las aprobaron siguiendo órdenes del inquilino de palacio nacional.

Por ello Monreal, la Cámara de Diputados y el propio presidente, han roto el estado de derecho y con sus actos, nos están dando como mensaje a los ciudadanos, que usando la mayoría de votos que obtuvieron en las elecciones del pasado dos de junio y en nombre del pueblo sabio, se vale desacatar las resoluciones de los jueces e imponer arbitrariamente decisiones, aún y cuando sean inconstitucionales.

Lo que sigue ahora, es que la reforma aprobada por la Cámara de diputados,se apruebe el martes próximo en el pleno de la Cámara de Senadores, donde a Morena y aliados, les falta sólo el voto de un senador de los 43 que conforman el bloque opositor, para contar con la mayoría calificada y sacar adelante la reforma, quedando únicamente pendiente, la aprobación de los Congresos de los Estados para que sea publicada y se convierta en ley.

Por ahora Morena y los partidos PT y PVEM, con el apoyo del gobierno federal, están abocados en lograr convencer o comprar el voto o ausencia de sólo un senador, para consumar la aprobación de la reforma; resulta paradójico que sea el número 43 el que de nueva cuenta se convierta en un obstáculo para las decisiones del presidente, en similitud a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que el gobierno actual, no pudo resolver y que heredará a la nueva presidenta.

El voto de un senador, separa a México de lograr no se apruebe en forma definitiva la reforma al poder judicial y prevalezca la división de poderes como la conocemos hasta ahora, o de que se dé un golpe mortal a la impartición de justicia y a partir de 2025, nuestros Ministros, Magistrados y Jueces, sean los fieles servidores de la presidenta, militantes de Morena y subordinados a las decisiones de su partido, aunque se nos diga que fueron elegidos por el pueblo.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

• Por amor a Puebla se debe trabajar a favor del Estado de Derecho y la Justicia Social refrenda el senador de Morena.
• Reconoce tareas de "Ángeles de la Justicia", abogados que trabajan por las causas de los grupos vulnerables.

CDMX. - El presidente del Senado, Alejandro Armenta, reconoció el papel que desempeñan los y las abogadas del país, ya que su tarea es fundamental en el Estado de derecho, para ejercer nuestras libertades y “porque son el eje central en el ámbito de los poderes públicos y de la justicia”.

Se tiene mucho por delante para garantizar los derechos, las libertades, y son ustedes el eje central en el ámbito de los poderes públicos y del ámbito de la justicia, se los reconocemos sin menoscabo, lo entendemos y lo valoramos en el Senado de la República”, expresó el senador en la ceremonia de conmemoración del “Día del Abogado”, que se realizó en la Antigua Casona de Xicoténcatl; evento en el que se reconoció la trayectoria de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y de Juan Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Jucopo.

De la misma manera, reconoció el papel de los juristas del grupo "Ángeles de la Justicia" de Puebla ante su rol invaluable, pues están cerca de quienes tienen necesidad para entender por qué un hombre o una mujer en nuestra sociedad puede ejercer sus derechos.

Columna | SIN LÍMITES

*World Justice Project indica que el país empeoró en 6 de 8 indicadores

Con los retos permanentes en asuntos de límites al poder gubernamental, corrupción, derechos fundamentales y justicia, el Índice de Estado de Derecho en México se ha mantenido estancado desde hace 5 años, destacó la organización World Justice Project (WJP).

The WJP, Proyecto de Justicia Mundial, es una organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para lograr el Estado de Derecho en el mundo. El concepto trasciende fronteras y se refiere a un sistema de gobernanza donde se deben cumplir 4 principios universales: 1) Rendición de Cuentas. 2) Leyes Justas. 3) Gobierno Abierto. 4) Mecanismos Accesibles e Imparciales para Resolver Disputas.

Fue fundado en 2006 y tiene dos sedes, en Washington, D.C. y en Seattle, Estado de Washington. En su informe 2021 se refiere a México donde señala que el Estado de Derecho del País obtuvo un puntaje de 0.43, que significa que se redujo 2.9 % en comparación con 2020.

El Índice de Estado de Derecho del WJP es un reporte anual basado en encuestas a 138 mil  hogares y 4 mil 200 especialistas alrededor del mundo y fue dado a conocer el pasado 14 de octubre.

México está situado en el lugar 113 de 139 países, lo cual significa que México cayó una posición en la clasificación global. La medición va del 0 al 1 y mientras más se acerque el puntaje de un país a la unidad, significa mayor fortaleza en la aplicación de las leyes.

La puntuación de México lo ubica en la posición 27 de 32 países en América Latina y el Caribe; además del número 37 de 40, entre los países de ingreso mediano alto.

El estudio se hace en base a 8 indicadores, de los cuales México bajó levemente en 6. De 139 países tiene el lugar 102 en materia de Límites al Poder Gubernamental; el sitio 135 en Ausencia de Corrupción; el número 43 en Gobierno Abierto; lugar 91 en Derechos Fundamentales; la posición 130 en Orden y Seguridad; lugar 105  en Cumplimiento Regulatorio; sitio 131 en Justicia Civil y el 129 en Justicia Penal.

La mayor fortaleza de México es el Gobierno Abierto, donde tiene su puntaje más alto, con lo que se ubica en la séptima posición de la región y en la 43 en el mundo.

En el indicador de Límite al Poder Gubernamental bajó 0.2 puntos; en Ausencia de Corrupción 01; en Derechos Fundamentales .02; en Cumplimiento Regulatorio .01; en Justicia Civil .02 y en Justicia Penal .02.

Al igual que en la gran mayoría de países incluidos en el Índice, México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio cívico como participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertad de opinión y expresión y libertad de reunión y asociación.

Además, aumentaron las demoras en procedimientos de justicia civil y penal, como en 94 % de los países, indicó el informe.

Las conclusiones son que el mayor reto de México es mejorar en el indicador de ausencia de corrupción, en el que tiene su puntaje más bajo. Específicamente, hubo retrocesos en los indicadores que miden la ausencia de corrupción en el poder Legislativo y en el Judicial.

En el estudio del 2020, México retrocedió tres lugares en el Índice del WJP al ubicarse en el puesto 104 de 128 países. Durante 2019 y 2018, México se posicionó en el lugar número 99 de 126 países, sin presentar avances en el Estado de Derecho.

En el ranking global de este 2021, México resultó peor evaluado que países como Kenia, Guatemala y Sierra Leona.

RESULTADOS GLOBALES

Para 2021 en la región de América Latina y el Caribe, el país con el puntaje más alto es Uruguay en el lugar 25, seguido de Costa Rica con el 31 y Chile con el número 32. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua con 131, Haití con 132 y Venezuela con 139.

En el año de la pandemia el 74.2 % de los 139 países incluidos experimentaron descensos en su puntaje del Estado de Derecho, mientras que solamente el 25.8 % mejoró.

Durante el año pasado, 82 % de los países del Índice experimentó una disminución relacionada con el espacio cívico como participación cívica, libertad de opinión y expresión; libertad de reunión y asociación.

En el 94 % de los países del Índice aumentaron las demoras en procedimientos administrativos, civiles o penales.

Los países con puntajes más altos este año fueron Dinamarca en primer lugar, Noruega en el segundo y Finlandia en el tercero. Por el contrario, la República Democrática del Congo ocupó el lugar 137, Camboya el sitio 138 y Venezuela el último lugar, el 139.

La edición 2021 del Índice de Estado de Derecho de WJP incluyó 11 nuevos países: Chipre, Haití, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paraguay, República del Congo, República Eslovaca y Sudán.

Así es como ven a México desde el World Justice Project.

En fin, como escribió Ramón López Velarde (Zacatecas, 1888-1921), en su poema Suave Patria:

Tu barro suena a plata, y en tu puño
su sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos se vacía
el santo olor de la panadería.
Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
suave Patria, alacena y pajarera.

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