Durante convivió con representantes de los diferentes medios de comunicación, el Auditor Francisco Romero Serrano, señalo que la fiscalización se llevara a cabo con legalidad respeto y firmeza.

Agrego que la Contraloría Superior del Estado, estará buscando que en lo que respecta a la fiscalización, esta se realice con legalidad, honestidad y respeto esto con el propósito de servir de servir de manera honesta a Puebla.

Dijo que por ello la ASE trabajara con una nueva imagen y dinámica, de este modo cumplir de la mejor manera con este compromiso y vigilar el uso de los recursos públicos.

Dijo que por ello se trabajara con una nueva dinámica e imagen con la finalidad de cumplir de la mejor manera el compromiso adquirido que es vigilar, reitero el uso se los recursos públicos del estado.

Señalo Romero Serrano, que para lograrlo se revisara todo y así se aplicara la ley en donde sea detectada alguna irregularidad.

Refirió el Auditor que esto se hará porque los ciudadanos merecen información respecto al manejo de los recursos de los recursos en las dependencias del Gobierno.

Dijo que el lema que llevan es la fiscalización, se llevara con respeto y firmeza, por tanto, habrá mano de hierro en lo que a legalidad compete, todos los procedimientos que se llevan a cabo se harán conforme a la norma establecida.

Cuestionado por los medios respecto a anteriores gobiernos, como están en sus cuentas públicas, Romero Serrano afirmo que se revisarán cuentas de ex funcionarios y de encontrarse irregularidades en el manejo de los recursos se procederá conforme a derecho.

• Piden empresarios al Presidente AMLO que se aplique la ley a ex funcionarios implicados en desvío de recursos que secundaron a Rosario Robles.

En conferencia de prensa el Presidente del Sindicato Nacional de Empresarios Puebla (SINDEMEX) Francisco Romero Serrano, pide al Presidente Andrés Manuel López Obrador que sin ningún miramiento y caiga quien caiga sea aplicada la ley en contra de ex funcionarios de pasadas administraciones gubernamentales en Puebla, que cometieron desvío de recursos públicos, que para ello dijo-  no le tiemble la mano fin de que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Romero Serrano, comentó que, en el caso de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social quien está ya en prisión preventiva, por un presunto desvío de recursos públicos, no es ella sola, sino que hay otros implicados que deben ser investigados.

Por ello reitero pedimos al Presidente que actúe con mano dura, que se investigue a todos los ex funcionarios de las diferentes secretarías, que se proceda conforme a derecho contra quienes llevaron a cabo este tipo de actos.

Señalo que no quieren chivos expiatorios sino a los verdaderos culpables, que no haya inocentes que paguen por lo que no hicieron, por ello reitero exigimos que se den las investigaciones correspondientes en contra de quienes estén implicados.

Dijo Romero Serrano, que es toda una cadena de implicados en el desvío de recursos públicos, por lo que se debe proceder en contra de quienes hayan cometidos desvíos.

En otro tema dijo respecto a las fotos multas que se van a retirar de ciertas vías, que estas solo fueron un programa con fines recaudatorios para el gobierno, en el caso dijo que de lo que se trata es que se proteja a los ciudadanos en materia de movilidad y seguridad, gobiernos anteriores lo que buscaban era recursos.

Dijo que el este tema lo que debe darse es un enfoque de solución a un problema, que no se trate que de recaudación de recursos sino de beneficio ciudadanos.

Agrego además que este programa era la caja chica del gobierno en turno, en el caso debe hacerse un replanteamiento para que sea una medida de beneficio, de seguridad a los automovilista y ciudadanos.

El empresario destacó que, si López Obrador ya inició la investigación en contra de quienes desviaron recursos, que siga adelante, que no se queden únicamente dos o tres personas, sino que se llegue reitero- a todos los implicados.

Ésta fue una de las frases en las que dio mayor énfasis en su discurso de toma de protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Luis Miguel Barbosa Huerta, en la que expresa su visión en cuanto a llevar a cabo investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, cometidos por exfuncionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, en cuanto a las mega obras y el endeudamiento que por 44 mil millones de pesos dejaron dichas administraciones en las finanzas públicas del estado para los próximos treinta años.

Quizás para algunos actores de la vida política del Estado, la reconciliación prometida en campaña por el Gobernador incluía el perdón por los actos de corrupción o desvío de recursos públicos para beneficio personal denunciado en diferentes medios e instancias y que jamás fueron investigados por contar con la complacencia y complicidad de las autoridades en turno; sin embargo el discurso de Barbosa dejó en claro que, no habrá perdón y que aplicará todo el peso de la ley en los casos en que se demuestre que hubo corrupción en detrimento del erario público y que se sancionará a quienes se hayan visto involucrados o se hayan beneficiado de dichas conductas.

Considero que el anuncio anterior, ya puso nerviosos a más de cien exfuncionarios de primer y segundo nivel, así como a quienes en su momento sirvieron de prestanombres a dichas operaciones y que el acuerdo de los Diputados de la LX legislatura de reabrir las cuentas públicas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, son el inicio de una persecución que no se detendrá hasta que varios de ellos sean internados en alguno de los Centros de Readaptación Social del Estado y se aplique la Ley de Extinción de Dominio para embargar y recuperar los bienes inmuebles y capitales producto de dicha corrupción. Sin que nos extrañe que quizás ya varios de ellos hayan salido del Estado llevándose lo robado para evitar caer en manos de la justicia.

En este caso Luis Miguel Barbosa, como lo dijo en su discurso, se inspiró en la ideología del Presidente Andrés Manuel López Obrador a quién no le ha temblado la mano, para iniciar investigaciones y denunciar públicamente a quienes desde el gobierno federal se aprovecharon de los recursos públicos impunemente, en una cadena que parece interminable y que seguramente será motivo de más escándalos en la escena política del país.

Sobre la deuda pública y los contratos del endeudamiento cuyos beneficiarios seguramente demandarán el cumplimiento del pago pactado, habrá que analizar desde el punto de vista jurídico la forma de rescindirlos, sin que ello implique un costo para el Gobierno estatal, o en su caso llevar a cabo una negociación que permita cerrarlos, debido a que la mayoría de sus cláusulas benefician a los inversionistas privados y grupos empresariales y son leoninas para el Estado.

Sin duda alguna, la Cuarta Transformación que inició ayer en Puebla, cambiará en forma radical la forma de gobernar y la toma de decisiones muy distinta a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN.

En el tema de la seguridad pública que es la principal preocupación de los ciudadanos del Estado, el gobernador anunció además de la compra de mil patrullas y la integración de más policías capacitados y equipados para combatir a la delincuencia organizada, que no cederá ante la delincuencia y que será él quien tomará las decisiones al respecto y se hará responsable de los resultados.

Esperamos que el equipo que lo acompañará en estas delicadas tareas, esté a la altura de las circunstancias y de los resultados que se esperan, a fin de que Puebla recupere su gobernabilidad, desarrollo, paz social y seguridad pública, así como también salga de los indicadores del CONEVAL que lo colocan en los primeros lugares en pobreza y pobreza extrema.

Finalmente en el tema de los Derechos Humanos, me parece relevante destacar su firme decisión de revisar los casos de los más cien presos políticos del Morenovallismo a fin de que recuperen su libertad y se termine con la persecución política y el uso del aparato de procuración e impartición de justicia para terminar con los enemigos del régimen, situación que prometió nunca más existirá en el Estado.

                                             *Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC.