Una de las leyes no escritas en el sistema político mexicano ha sido, la de perdonar y olvidar los casos de corrupción en que han incurrido los expresidentes, desde la época en que el PRI se apoderó de la Presidencia durante setenta años, hasta el primer  Gobierno panista llamado  de la alternancia en el poder de Vicente Fox que ganó las elecciones en el año 2000 hubiere iniciado investigación alguna en contra de su antecesor, pasando por el de Felipe Calderón del mismo Partido, quién en ningún momento se pronunció por investigar los casos de desvío de recursos o tráfico de influencias y conflictos de interés de los hijos de la primera dama Martha Sahagún que hicieron jugosos negocios al amparo del poder presidencial.

Con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, se llegó a pensar que al no haber intervenido Peña Nieto con el aparato de estado para favorecer al candidato de su partido José Antonio Meade en las elecciones y al haber entregado el poder sin ningún contratiempo, ello le garantizaba un blindaje para no ser investigado o perseguido por el nuevo gobierno por las denuncias y actos de corrupción que se atribuyen a su gobierno incluyéndolo a él y a varios de sus colaboradores; sin embargo el escándalo de corrupción, primero con Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y el  de la compra de Fertinal por la que Pemex pagó 635 millones de dólares y en el que se han visto involucrados varios ex directivos de la paraestatal y prominentes empresarios, cuya investigación ahora apunta directamente al expresidente Peña Nieto quién es señalado por autorizar la transacción tras recibir un jugoso soborno de acuerdo con una denuncia iniciada en Estado Unidos, ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales, además por la publicación de una carta abierta de Emilio Lozoya el pasado 10 de junio donde señaló que no se presentaría ante el juez, pero reiteró su disposición de “colaborar” y “manifestar la verdad histórica” sobre los hechos de corrupción que se le imputan, además de comprometerse a dar los nombres de los funcionarios del nivel que sea, que intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona, lo que según el dicho de su abogado pediría se cita al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray en caso de que se abra un juicio, lo que significaría que existe la posibilidad de que Lozoya involucre en sus declaraciones a ambos personajes y por vez primera en la historia de México, un expresidente pueda ser juzgado, sentenciado y condenado por la comisión de uno o varios delitos, lo que no ha ocurrido en nuestro país, a diferencia de otras naciones de América Latína.

La lista de Presidentes y expresidentes que han sido investigados, procesados y sentenciados en varios países de centro y Sudamérica se ha ido incrementando. El más reciente el del expresidente peruano Alan García investigado por el caso Odebrecht, quien prefirió darse un tiro en la cabeza, antes de ser detenido y procesado por actos de corrupción de los que era investigado.

El escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht ha involucrado a varios expresidentes, algunos afrontan las investigaciones en libertad, mientras otros ya están presos.

La lista de los expresidentes que se encuentran en esta situación es la siguiente: también de Perú: Pedro Pablo Kuczyinki quién cumple una detención preliminar, Alejandro Toledo quien actualmente es investigado y reside en los Estados Unidos, aunque el gobierno peruano formalmente ha solicitado su extradición. Ollanta Humala quien estuvo detenido nueve meses y se encuentra a la espera de la acusación de la fiscalía, a esta lista hay que agregar al expresidente Alberto Fujimori quién reconoció haber cometido el delito de peculado por 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregárselos a su asesor Vladimiro Montesinos y se le impuso una condena de siete años seis meses por este delito.

De Brasil tenemos los casos de los expresidentes: Michel Temer quién fue encarcelado acusado de recibir sobornos. Después el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva quién fue condenado a doce años y once meses de cárcel.

De Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quién es investigada por corrupción aunque actualmente tiene inmunidad por su cargo de senadora.

De Panamá el expresidente Ricardo Martinelli acusado por escuchas ilegales y malversación de fondos.

En el caso de Guatemala, la lista es más amplia: el expresidente Otto Pérez Molina acusado por cometer fraudes en las aduanas. Álvaro Colom acusado de corrupción en el modelo de transporte y finalmente Alfonso Portillo acusado por corrupción.

De Honduras el expresidente Rafael Callejas acusado por conspiración y estar ligado al crimen organizado.

De Ecuador: el expresidente Rafael Correa quien tiene una acusación por delincuencia organizada relacionada con el caso Odebrecht.

A la lista anterior de llevarse a cabo una investigación a fondo, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos y de resultar encontrado culpable el expresidente Peña Nieto , su nombre puede sumarse y ante la opinión pública, se terminaría al fin la impunidad de los expresidentes.