Con la entrada en vigor de la Constitución de 1917 como norma suprema de México, se estableció a un Poder ejecutivo fuerte y omnipotente, diferente al de la Constitución de 1857 con menos tintes de poder y autoritarismo . El ejecutivo, nació marcado por la supremacía o predominio constitucional sobre los otros poderes; más tarde, merced a diversas causas, ha ido acrecentando su esfera de competencia y haciendo cada vez más relevantes sus funciones y atribuciones..

Signos evidentes de tal predominio son, entre otros, la amplitud y heterogeneidad de sus facultades, el amplio derecho de veto, la potestad para designar a los más altos funcionarios de la Federación o el importante catálogo de actos políticos.

Pero especial mención (y enojo de la ciudadanía), merece el llamado “poder de la bolsa”, que hasta ahora habían ostentado, esto es, las atribuciones en el aspecto financiero, que hacían del Ejecutivo la figura protagónica en la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los empréstitos y la cuenta anual.

Ésta supremacía o predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes, acarreó como consecuencia, un abuso del poder en favor de ellos y sus familiares, no solo en lo que duraba el desempeño de su encargo, que dicho sea de paso, los presidentes mexicanos son los que mejor salario perciben por el desempeño de su cargo en Latinoamérica, colocándose en segundo lugar solo abajo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este abuso y privilegios los han extendido, aun después de haber terminado su encomienda presidencial y valiéndose del acuerdo número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976, el cual asignaba de manera vitalicia a cada ex presidente un total de 78 elementos de los cuales 22 pertenecían a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército. Dicho documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Aunado a que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pues sólo fue registrado en la Secretaría de la Presidencia.

Asimismo, el rubro de la pensión vitalicia quedó estipulado en el acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además disponía la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarían a su servicio directo; entre ellos directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Naturalmente este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y tampoco contaba con la firma del presidente en turno Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparecía era la del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero dicha “firma” era sólo un garabato y no la rúbrica oficial.

Decretos presidenciales, a todas luces abusivos y carentes de toda legalidad, que adjudicaban el pago de una pensión vitalicia con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género; por todo ello, los expresidentes mexicanos formaban una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumían del erario, muy superiores incluso a los de países más ricos.

Pues todo ello al fin parece haber terminado con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el Código Penal Federal.

Dicha ley establece que los ex presidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando y además obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente a partir de que entre en vigor la mencionada ley.

El objeto es también es, regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Dicha ley da cumplimiento a una de las promesas de campaña del  presidente electo y significa, el fin de los privilegios de una élite política que después de haberse servido del poder, los mexicanos teníamos que seguir manteniendo de por vida. Esperemos ahora que dicha normativa se extienda en los Estados a quitar los privilegios a exgobernadores que también tienen a su servicio a personal de seguridad del Estado a sus órdenes para resguardar su seguridad.