La violencia es el mayor reto que enfrenta la nación. Por lo mismo, es el rejón que puede acabar con la nueva administración.

Las cifras son sólo la muestra del horror: 620 mil muertos y desaparecidos del 2006 a la fecha.

¿Qué significan esas cifras? Son más ejecutados que la población total de 17 capitales del país.

De la guerra de Calderón a los abrazos de López Obrador, el Estado mexicano ha ido en retirada. El crimen se apodera de vastas partes de territorio y se diversifica. Ya no es sólo trasiego. Es tráfico de personas, extorsión, secuestro, contrabando, huachicol.

El cáncer que encontró Fox, Calderón lo convirtió en metástasis. López Obrador aplicó en seguridad la máxima económica neoliberal: dejar hacer dejar pasar.

El narco se ha convertido en una trituradora humana. Los números de nuestro fracaso se explican por la alta tasa de reposición. Jóvenes que son carne de cañón para que otro y otro y otro siga en la fila de la muerte. El homicidio es, de acuerdo al INEGI, la primera causa de muerte de personas de entre 15 y 44 años.

No sólo es necesaria una puntual estrategia de seguridad para acabar con este drama. Hace falta una fina estrategia política que hasta ahora no se avizora.

El planteamiento de seguridad del actual gobierno está y es profesional. Pero lo que está debajo de esta radiografía es un tema profundo. Una descomposición social. Una ausencia de valores. Un desprecio por la vida del otro. Un analfabetismo cívico.

Hay una densa red de complicidad oficial —de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes— que ampara a que el crimen se haya vuelto altanero y desafiante. Si no se desbarata esa red de protección política, nunca volverá la paz ni lograremos abatir el principal tema de desamparo de la población: la impunidad.

Hay una enorme lavandería de recursos que involucra al sector privado, al financiero, que deriva en un negocio brutal e inmoral, pero de altos réditos. Toda estrategia exitosa de desmantelamiento de mafias en el mundo y en la historia demuestra que a esas organizaciones no se les agarra por el cuello sino por el bolsillo.

Los capos, sicarios, halcones, tienen familias. El narco ha construido una base social que no se esconde.

Un hecho como el culiacanazo habla de la magnitud del desafío que enfrentamos.

Por eso se requiere una vertiente política que teja una red social igualmente sólida y más amplia que la del crimen para poder derrotarle. Utilizar la ley, el monopolio legítimo de la violencia, la refundación de la escuela, la conexión entre hogar-escuela-empresa que genere valores y un modo honesto de vivir y ver la vida. Falta la decisión política de desmantelar las redes de protección. Rehacer las fuerzas municipales y locales. Intervenir en colonias marginadas. Utilizar la inteligencia del Estado contra el dinero sucio.

Sin esos componentes, el riesgo de que tengamos otro sexenio brutal será latente.

Habremos, entonces, llegado a la guerra de los treinta años.

Dice la presidenta que los que no se nombra no existe. No es exacto. Uno de los grandes ausentes de su discurso de arranque fue un diagnóstico preciso y acaso descarnado de la evidencia de un Estado fallido y de una descomposición social brutal.

Debió decirse que hay estados —Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Morelos, et al— que están al borde del colapso.

No se nombró, pero el problema existe.

No se nombró, pero la cabeza decapitada del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, llenó de horror al país y sacó de su marasmo al gobierno.

Se requiere unidad, política y decisión.

Ojalá las haya.

O vamos a perder al país.

X | @fvazquezrig

•    A través de la FISDAI se evitó el pago de 400 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), rescató ilesas a dos víctimas de extorsión telefónica y frustró el pago de 400 mil pesos que los presuntos responsables exigían por ambas personas.

Se tiene conocimiento que las hoy víctimas, un masculino que es vecino de la colonia Guadalupe Xonacatepec, y una joven de la colonia Loma Bella, recibieron llamadas telefónicas por separado y bajo engaños fueron obligados a ingresar a la misma habitación de un hotel ubicado en la carretera federal a Tlaxcala, donde estuvieron en cautiverio por 20 horas aproximadamente.

Luego de lo anterior, los extorsionadores se comunicaron vía telefónica con familiares de las víctimas, utilizando en ambos casos el argumento de que se trataba de un secuestro, exigiendo 200 mil pesos por cada persona.

Una vez que la FISDAI tomó conocimiento, canalizó a los denunciantes con personal especializado en asesoramiento y manejo de crisis, asimismo, llevó a cabo labores técnicas y operativas que permitieron ubicar a las personas presuntamente privadas de su libertad, siendo atendidas de forma integral y posteriormente reintegradas con sus familias.

Ante un evento de extorsión, la Fiscalía General actúa de forma oportuna. A través de la campaña “Ojo con la Extorsión”, difunde medidas preventivas; los 3 pasos a considerar son: tener calma, colgar y llamar al 2446854 ó 2446855, donde personal experto brindará la orientación necesaria.

En conferencia de prensa como ya es costumbre el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) Manuel Alonso García, informo avances obtenidos durante la semana  del 18 al 24 de febrero del año en curso bajo la Estrategia Todos por la Seguridad.

Indico que en el caso del referido lapso, se logró la detención de 57 personas que se remitieron al  Ministerio público, en tanto 103 más se consignaron ante el Juez Calificador por la comisión de delitos como robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo a negocios  violencia familiar, feminicidio y otros y se logró la recuperación de un vehículo reportado por robo.

Agrego que estos resultados obtenidos con la estrategia “Todos por la Seguridad” han logrado la disminución de la delincuencia con el apoyo del gobierno Estatal, con Seguridad Pública del Estado y del Presidente Municipal Luis Banck Serrato.

En otro tema  Alonso García informo que  en las últimas semanas la dependencia a su cargo  dio atención a reporté que informaba que 14 elementos, de está secretaría estaban cobrando a  choferes del transporte Publico con el objetivo de defenderlos y en el caso reitero fueron detenidas estas personas.

Agrego que en estos casos las personas amenazaban a los choferes a con lo que los obligaban  a dar una cuota semanal a cambio de no hacerles daño, que ellos continuaran con su recorrido normal.

Dijo que  el modus operandi de estas gentes era el de pedir con exigencia dinero a los choferes, les solicitaban entre 5 y 10 pesos a los choferes que circula por las calles 12,14 y 16 poniente, eso a cambio de no asaltarlo a dañarlo de otra forma.

Alonso García, señalo que  el problema principal para dar atención a casos como estos es que los choferes no quieren denunciar, ya que las cuotas que les piden son relativamente bajas por lo que los choferes reitero no denuncian.

• El ex Secretario del Sindicato del Ayuntamiento de Puebla, cuenta con otra sentencia de 7 años por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General del Estado obtuvo mediante diversos elementos de prueba, una sentencia condenatoria de 8 años de prisión contra Israel N. ex Secretario del Sindicato del Ayuntamiento de Puebla, quien se encuentra penalmente responsable de los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

El 30 de abril de 2014, el hoy agraviado quien se encargaba de las finanzas del referido sindicato, visitó a Israel N. en el Centro de Reinserción Social de Cholula donde se encontraba recluido. En ese momento, Israel N. le exigió 5 millones de pesos para pagarle a sus abogados, pero éste se negó debido a que era dinero del sindicato.

Derivado de lo anterior, la persona fue amenazada por Israel N. con causarle daño a él y a los miembros de su familia. Días después, dos masculinos interceptaron y sometieron con arma de fuego al agraviado, obligándolo a abordar un vehículo donde lo tuvieron privado de la libertad por no entregar los 5 millones que Israel N. le pidió.

Con motivo de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró la averiguación previa correspondiente. Una vez que se recabaron elementos de prueba, se obtuvo en contra del responsable una sentencia de 8 años 4 meses de prisión y el pago económico equivalente a 352 días de salario mínimo.

Cabe recordar que hace días, fue sentenciado a 7 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.