El pasado domingo uno de julio, el pueblo mexicano fue participe del acto democrático más grande, en tamaño e importancia, para el desarrollo político económico y social de nuestra nación, el proceso electoral 2018 trajo consigo una renovación de la ideología política en el ejercicio del poder, ya que por primera vez en su historia, el pueblo mexicano tendrá un gobierno emanado de la izquierda.

Fue un ejercicio democrático enmarcado por la participación ciudadana, donde la misma alcanzó estándares activos del 63.44 por ciento del electorado, según reporte del INE. Del cual Andrés Manuel López Obrador resulto triunfador en la elección presidencial con 30 millones 112,109 sufragios, que representan el 53.17 por ciento del total de los votos emitidos el pasado domingo, un porcentaje que ni en los cuestionados comicios de 1988 obtuvo Carlos Salinas de Gortari (50.36%), y muy por encima del 38.20 por ciento que apuntaron las cifras oficiales para Enrique Peña Nieto en el 2012.

Situación que lo coloca como un producto puramente democrático, es decir, es el resultado auténtico de la mayoría popular, y que lo colocan quizás, como el presidente electo más legítimo de América Latina.

Lo anterior, reviste un doble compromiso sobre los hombros del actual presidente electo, ya que no solo tendrá que demostrar que sus políticas y propuestas planteadas en campaña no fueron ocurrencias, como fueron tachadas por muchos personajes de la política y de la academia, sino que ahora tendrá también que demostrar que los instrumentos con los que cuenta el sistema electoral mexicano son efectivos, no solo para elegir representantes, sino para entregar buenos resultados en el ejercicio del poder.

Por otra parte, no todo fue una fiesta democrática donde la participación del pueblo fue la reinante del ejercicio, ya que la mancha del proceso a nivel nacional la dio lamentablemente  estado de Puebla, ya que presenciamos la jornada electoral más violenta en la historia de nuestro estado, donde se reportó el robo de urnas en al menos 15 casillas de la capital poblana, dos operadores del PRI fueron asesinados en Chignahuapan, intentaron secuestrar al hijo del candidato de MORENA en Acatzingo, se robaron boletas electorales en Izúcar de Matamoros, detuvieron a personas en diferentes puntos del estado y ciudadanos secuestraron a presuntos ladrones de boletas electorales, por lo que fue necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hasta las 17:00 horas del domingo, el Instituto Electoral del Estado había reportado 139 incidencias en todo el estado las cuales, debido al alto grado de violencia, provocaron la suspensión temporal en las casillas pertenecientes a los distritos 9, 16, 17, 19 y 20 de la capital del estado y la suspensión definitiva de la votación en el distrito 10, sección 1408, distrito 11 sección 1410 y básicas y contiguas 1 y 2.

Todo lo anterior, puede originar como resultado una posible nulidad de la elección para Gobernador en Puebla, dado que por los hechos acontecidos, la misma carece de certeza y legalidad, ante el cumulo de irregularidades y conductas violentas que atentan contra el adecuado desarrollo de la función electoral y el ejercicio del sufragio ciudadano el cual debe ser libre, secreto, personal, directo y universal. Condiciones que no fueron capaces de brindar las autoridades de los tres niveles, Municipal, estatal y federal, ya que en todos los casos como se ha hecho común llegaron al lugar de los hechos, cuando los responsables ya habían desaparecido y hasta el momento no existen resultados de las investigaciones, ni culpables por los delitos electorales cometidos el 1 de julio.

Seguramente, la decisión final del resultados de las elecciones poblanas quedará en manos de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, el cual con su resolución, tendrá la oportunidad de devolver la confianza, certeza y legalidad al voto ciudadano, perdidas por la mala actuación del Instituto Electoral del Estado, cuya credibilidad y prestigio se encuentra por los suelos, lo que ha motivado que la dirigencia de MORENA haya solicitado al INE atraiga la elección, en caso de que se declare la nulidad de la elección y se repitan los comicios a la gubernatura.

Sin embargo, considero trascendental no dejar a un lado una triste realidad, que un problema tan grave de violencia e impunidad, que afectó el desarrollo del proceso puede socavar la legitimidad del nuevo gobierno, ya que de origen su triunfo, estaría manchado por la forma en que se llegó a lograrlo y daría lugar a la duda de pensar que los delincuentes que actuaron ese día, lo hicieron confiados por contar con protección de las autoridades. Es necesario evitar lo anterior y buscar por todos los medios, se limpie la elección para dar legitimidad al nuevo gobierno estatal, para que sea resultado del respaldo ciudadano y que quienes no apoyaron con su voto, respeten la decisión de la mayoría de acuerdo a las reglas de nuestro sistema electoral.