Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando la descomposición social se acentuó, evidenciando altos niveles de inseguridad pública, y en un intento por legitimar su mandato, sacó al ejército de sus cuarteles para asignarle tareas de seguridad pública, militarizando varios estados del país.

Posteriormente, con Peña Nieto, los actos de violencia llegaron a niveles impensados en nuestro país y su estrategia para enfrentarla fue, la Gendarmería Nacional, un proyecto que creaba un cuerpo civil con instrucción militar para combatir el narcotráfico, asumiendo funciones de seguridad pública y de esa forma retornar a sus cuarteles a las fuerzas armadas. Inicialmente se planteó integrar alrededor de 40 mil agentes que paulatinamente desplazarían a las fuerzas armadas. La cantidad de gendarmes no superó los 10 mil debido a los altos requisitos de ingreso.

Dicha estrategia tenía como proyectos base la Gendarmería Nacional y la Ley de Seguridad Interior; retomando la experiencia y los antecedentes de gendarmerías nacionales que operan en diferentes países.

Básicamente la Ley de Seguridad Interior, intentó regular las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio ante una amenaza específica que pusiera en riesgo al país.

Lo anterior se podría llevar a cabo a través de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior con las amenazas identificadas, las autoridades que intervendrían, así como el tiempo, lugar, acciones y objetivos para frenar las amenazas en un sitio determinado.

Sin embrago, la LSI fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, fundamentándose en que la misma, atentaba contra los derechos humanos, y seguía existiendo el peligro de militarizar al país, aunado a que podría vulnerar el derecho de manifestación, por lo que se promovieron diferentes controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ésta apremiante problemática, la administración de Andrés Manuel López Obrador, reconoció a la inseguridad como una de las principales preocupaciones y amenazas al Estado, planteando para enfrentarla el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde se reconoce la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, que hace imposible la consecución del bienestar y la justicia; aspectos sin los cuales no puede conseguirse la paz social.

Por lo anterior propuso ocho ejes de actuación: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo, educación y bienestar. 3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. 4. Regeneración de la ética social. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de la paz. 7. Recuperación y dignificación de las cárceles. 8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz. Donde la creación de la Guardia Nacional se inscribe en el octavo eje, sobre seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Proyecto que ha visto la luz con la declaratoria de constitucionalidad emitida por las dos cámaras del Congreso de la Unión el pasado jueves 14 de marzo, la cual permite integrar la Guardia Nacional y dar a las fuerzas armadas el marco para participar en tareas de seguridad pública.

Resaltando que se trata de la primera reforma a la Constitución que cuenta con respaldo unánime de todos los congresos estatales, lo que evidencia, se trata de una reforma que responde a una exigencia general sobre la crisis de inseguridad y emergencia que nuestro país enfrenta.

Tan sólo como referencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI, el 64.5% de los mexicanos consideran a la inseguridad como un tema prioritario, rebasando por mucho otros tópicos como la inflación, el desempleo, e incluso la pobreza, ello sin contar que el gasto anual que desembolsamos en medidas preventivas, representa el 1.65% del Producto interno bruto anual del país.

Atendiendo a la grave situación que enfrenta el país, considero que el mayor logro obtenido con la reforma, es que por primera vez, se crea un marco jurídico que reglamenta y regula la participación del ejército en tareas de seguridad pública, con lo que al menos, podremos pensar que las violaciones a derechos humanos por parte de este cuerpo militar estarán ausentes al momento de cumplir con dicha encomienda. Aunque para muchos críticos de la aprobación de la creación de la Guardia Nacional, es que so pretexto de la lucha contra la inseguridad, aumentará el número de víctimas colaterales, sólo el tiempo nos dará las respuestas.

En campaña, el presidente electo prometió el retiro del Ejército Nacional de las calles, regresarlos a sus cuarteles y dejar en manos de los civiles el asunto de seguridad nacional y de hecho su frase fue “abrazos no balazos”, sin embargo, poco tiempo tuvo que pasar para que se diera cuenta, que la situación de inseguridad que se vive en México no se puede combatir con solo frases populista-fraternales.

Existen asuntos de carácter nacional que exigen una atención inmediata y estratégica e indiscutiblemente la Seguridad Nacional, es uno de ellos, es un asunto en el que no se pueden emitir juicios sin fundamento, ni experimentar y mucho menos, atacar con el eslogan de amor y paz.

Es un tema que requiere de una estrategia integral de seguridad nacional, que permita bajar los altos índices de violencia que se viven en todos los rincones de nuestro México, que permita contrarrestar el avance de los grupos criminales que tienen cooptado el país, dicha estrategia requiere de una auténtica política de seguridad pública, que no se solventa con la creación de una nueva policía cada seis años, porque se pierde tiempo capacitar y entrena a los nuevos integrantes, y ese tiempo es aprovechado por  los grupos criminales que siguen avanzando.

Aunado a lo anterior, dicha estrategia, desde 2006 con Felipe Calderón, se ha convertido en uno de los temas que más han dañado al país y sucede que termina por no servir y sino mire usted:

En diciembre de 2012, durante la Segunda Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto, anunciaba con bombo y platillo la creación de una Gendarmería Nacional, que contaría inicialmente con 10 mil elementos responsables de fortalecer municipios e instalaciones estratégicas, como aeropuertos y fronteras.

Y decía que la misma tenía como objetivo, lograr un México en Paz en un marco de respeto y protección a los derechos humanos y no hacer la guerra contra nadie, sin embargo, la Gendarmería Nacional, que el presidente Enrique Peña Nieto prometió en su época de candidato como una nueva policía con 40 mil elementos que mejoraría las condiciones de seguridad en el país, enfrenta hoy una realidad distinta: su tamaño es apenas de un 10 % de lo prometido, no es fuerza nueva sino un apéndice de una corporación que ya existía, y peor aún: desde su puesta en marcha los homicidios han subido en el país casi 47%. Es decir la nueva policía se convirtió en un experimento fallido que no tuvo ningún resultado positivo en la lucha contra la inseguridad que viven millones de mexicanos.

Ahora, la nueva propuesta sexenal de Andrés Manuel López Obrador es la creación de una Guardia Nacional, la cual, estará integrada por la Policía Militar, la Policía Naval, algunos elementos de la Policía Federal y nuevos reclutas jóvenes, además de que permitirá la participación de organizaciones de la sociedad civil, y plantear un combate fiscal contra el narcotráfico, estrategias que según el presidente electo, representan 20% del plan de seguridad, que se enfocará en atacar las causas de la inseguridad con empleo y apoyos sociales.

Es decir, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas el mando de las operaciones de seguridad pública en el País,a pesar de que el actual titular de la SEDENA declaró en meses pasados, que los militares no habían sido preparados para tareas de policía con lo que López Obrador, incumple su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles; y de otorgarle las tareas de seguridad, únicamente de manera subsidiaria y temporal.

El fundamento para otorgar el mando de esta Guardia Nacional al Ejército, es que, el modelo es tomado de España, donde la Guardia Civil depende de las Fuerzas Armadas y de Francia, donde la Gendarmería también depende de las Fuerzas Armadas.

Fundamento a todas luces erróneo ya que al visitar el sitio oficial, de la Guardia Civil Española, nos dice que depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, destinos y medios, así como, del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar, su director general tiene rango de subsecretario dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, que está a cargo de un civil y forma parte del Ministerio del Interior.

Por otra parte el caso de Francia, la Gendarmería Nacional también está bajo la autoridad del Ministerio del Interior, cuya titularidad es de carácter civil, donde el organigrama del Ministerio del Interior que aparece en su sitio oficial, la dirección general de la Gendarmería Nacional está bajo la supervisión de un alto funcionario de Defensa, que es nombrado con la participación de diferentes secretarios de Estado.

Como podemos observar, todo apunta a que nuevamente estamos ante una ocurrencia o una muy buena estrategia para centralizar absolutamente las tareas de seguridad, ya que se plantea que en tres años se cree un mando único, que revestirían aún más de poder la figura del ejecutivo, lo cual, puede resultar en un enorme riesgo para el México democrático que creímos haber construido, con los resultados del pasado proceso electoral.