Columna | Desde el portal

 Tras decir que las cosas deben decirse como son, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció que la denuncia del actor Eugenio Derbez de las condiciones en que se encuentra el Hospital del IMSS en Tijuana es cierto, denunció que el Seguro Social no se reportó, no se aplicó con el Gobierno del Estado y tampoco dotó a su personal de equipo de protección contra la pandemia.

 La situación en la entidad fronteriza –al igual que el resto del mundo- es de crisis total, que se complica por la elevada demanda de servicios, la pandemia y el descuido del Gobierno Federal para dotar de instrumentos necesarios no a eso, sino a la mayoría de sus instalaciones en el país, que deja al descubierto la omisión e improvisación de la pandemia a punto de iniciar la etapa tres.

 Derbez, por su lado, lamenta que el IMSS dedica más tiempo en desmentir situaciones obvias en lugar de atender la emergencia. Lejos de reconocer la crítica situación del personal médico, está empeñado en desacreditar la información y en presentar una situación que no corresponde a la realidad. Derbez y el gobernador afirmación que la crisis es cierta y muy crítica.

 Estamos a unos semanas, días, horas del inicio de la etapa crítica y los médicos y enfermeras enfrentan un doble riesgo: dentro de los hospitales al labor sin equipo, y en la calle por las agresiones de grupos de irresponsables. Urge tomar en serio la situación que se vive a nivel mundial: no son las declaraciones optimistas o los desmentidos oficiales los que resolverán la situación, es enfrentándose a la realidad.

TURBULENCIAS

Roban equipo médico en Oaxaca

 Gran indignación provocó en Oaxaca la denuncia del gobernador Alejandro Murat, en entrevista radiofónica con Humberto Cruz, del robo de ventiladores en la clínica del IMSS para atender a enfermos de clvid-19 y de 20 equipos para el mismo fin en el Hospital Civil. “No podemos ser nosotros mismos nuestros propios enemigos” dijo el mandatario al asegurar que se harán las investigaciones correspondientes y que las fuerzas armadas tomarán el control de los hospitales de la Mujer, del Niño Oaxaqueño y del de Juchitán para enfrentar la emergencia. El mandatario informó que en la entidad hay 43 casos de covid-19 de los cuales 26 se han recuperado y tres fallecimientos...Y simultáneamente a la denuncia del robo en el IMSS y el Hospital Civil, se esparció el escepticismo entre la población sobre la omisión o complicidad en el hurto, toda vez que el sector salud de Oaxaca ha sido botín de funcionarios que, incluso, han construido clínicas y hospitales privadas y han acumulado cuantiosas fortunas. El mandatario se comprometió a investigar cabalmente para transparentar el uso y destino del equipo médico en estos momentos de contingencia…En tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves dará a conocer, junto con el gabinete de salud y los expertos en el tema, la situación real de la pandemia en el país y ver las posibilidades de que se levante la contingencia como ocurre ya en países europeos y asiáticos que han sufrido la devastación de covid-19, aunque nuestro flamante embajador en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, que dio positivo en covid y que guardó rigurosa cuarentena, afirma que el virus llegó para quedarse…

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

Surge la duda de si la Constitución bajacaliforniana prevalecerá o no

Puebla, Pue.- Desde que el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión de su encargo el día primero del presente mes, por un plazo de cinco años, ha surgido la duda de si las reformas hechas a la Constitución bajacaliforniana van a prevalecer o no, y si fue correcta la prórroga de duración del ejercicio  en ese cargo de dos a cinco años.

Miguel Ángel Tejeda Ortega, Constitucionalista poblano , comentó que éste es un conflicto de carácter constitucional, que pone en riesgo la democracia mexicana y sus instituciones, pues según los artículos constitucionales 105 fracción I inciso i) y el 116, no era posible la ampliación del cargo a Gobernador del Estado de Baja California, cuando éste fue votado por el pueblo únicamente para el período de dos años y nunca por cinco, como protestó.

Entre los antecedentes del caso, señala Tejeda Ortega que en el año 2018  se reformó la Constitución del Estado de Baja California, y en un artículo segundo transitorio se fijó como plazo de duración para el cargo de Gobernador, únicamente por un período de dos años, los cuales finalizarán en 2021;  posteriormente el Congreso de dicho estado, estando ya en campaña el actual Gobernador de Baja California, reformó su Constitución y amplió el período de Gobernador hasta por cinco años, para terminar su período en el año  2024, al igual que el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Comenta el constitucionalista que esta conducta del Congreso fue violatoria del artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresa: “Las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Este artículo fue violentado por la legislatura del estado mexicano norteño, y es más que suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional las reformas comentadas, aseguró.

El apoyo del Gobierno Federal al ejercicio del mandato del gobernante Jaime Bonilla Valdez, quedó expreso cuando la hoy Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al felicitar a dicho gobernante expresó públicamente que su mandato de cinco años prevalecerá, no obstante que la Ministra en retiro es una gran conocedora del Derecho Constitucional, por lo que surge la duda si el apoyo también se da por parte de López Obrador.

Actualmente son siete las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante el más alto Tribunal de la Nación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos y minorías de diputados y Senadores de la República, para impugnar la reforma constitucional que afecta gravemente a la democracia mexicana.

El peligro de la prevalencia de estas reformas es que ahora los Congresos de los Estados podrán ampliar o reducir a su antojo los períodos del ejercicio del poder de los gobernantes, dándose por supuesto la reelección que se encuentra prohibida en la Constitución para el Presidente de la República y los Gobernadores, por lo que se espera que la Suprema Corte actúe en su papel de control constitucional y declare inconstitucionales dichas reformas en Baja California.