El diez de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales abrieron la posibilidad de integrar gobiernos de coalición por decisión del Presidente de la República, con formaciones políticas representadas en el Congreso, distintas al partido en el gobierno, bajo las condiciones establecidas por la propia Constitución.

Adicionándose al artículo 89, que determina las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la fracción XVII entre otras, para permitir a éste, optar por un Gobierno de Coalición.

Asimismo y supuestamente en atención a la homologación con la reforma en la materia a nivel federal, el gobierno del Estado de Puebla, realizó su propuesta de reforma político electoral, que tiene como base fundamental la obligación de formar gobiernos de coalición y la posibilidad de realizar segundas vueltas electorales en los procesos locales.

Donde se establecerán cuatro escenarios o situaciones posibles a manera de reglamentar la figura constitucional:

1) Cuando un candidato gana con el 42 por ciento o más de la votación válida emitida no tiene la obligación de hacer un gobierno de coalición, pero le queda abierta la opción para generar mejores condiciones de diálogo y acuerdos con las demás fuerzas políticas.

2) Cuando el primer lugar no saque el 41 por ciento de la votación, estará obligado “políticamente” a formar una coalición con alguno de los partidos que hayan participado en el proceso electoral en cuestión con el objetivo de alcanzar el 42 por ciento más de la votación.

3) Cuando el primer lugar gane con el 42 por ciento pero la diferencia con el segundo lugar sea menor al 5 por ciento ambos partidos deberán formar el gobierno de coalición o de lo contrario se tendría que ir a una segunda vuelta electoral.

4) Cuando el ganador obtiene el 42 por ciento de la votación y hay una diferencia de más de 10 puntos con el segundo lugar no hay necesidad de la segunda vuelta pero sí será obligatorio el gobierno de coalición con las fuerzas políticas que participaron.

Lo que presumiblemente, podemos entender como el adecuarse a lo establecido en el artículo 89 constitucional en su fracción XVII, sin embargo, en dicho numeral, se establece la opción de formar gobiernos de coalición como una facultad del ejecutivo y no así una obligación que devenga de un resultado electoral.

Por lo anterior, debemos tener en consideración que el pluralismo es plausible en tanto que garantiza la mejor representación posible e incluyente de la sociedad civil al ofrecer un amplio espectro ideológico. Empero, si el pluralismo no se complementa con otras instituciones democráticas puede afectar la eficiencia del gobierno y hacer que la buena representación política se traduzca en un déficit democrático en el ejercicio del poder.

Situación que no podemos, ni debemos, dejar de observar en razón de preguntarse si las instituciones encargadas del ejercicio democrático en nuestro estado, realmente tiene el nivel de eficiencia para complementar ese ejercicio democrático, es decir, el Instituto Estatal como autoridad administrativa ofrece las garantías de certeza, legalidad e imparcialidad que se requiere en el ejercicio de sus atribuciones o de si el Tribunal Electoral Estatal realmente hace cumplir la legalidad y la constitucionalidad de los actos y resoluciones de la materia.

Y también preguntarse, si en Puebla contamos con una verdadera división de poderes, donde el ejercicio del mismo, esté garantizado por la libertad de acción, donde no exista intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Congreso, o en la designación de los Jueces y Magistrados del poder judicial, porque de lo contrario, con gobierno de coalición o sin él, seguiremos siendo testigos de gobiernos que se ejercen solo por los amigos del gobernador y en beneficio de ellos.

Ante la necesidad fortalecer el tejido social y optimizar la funcionabilidad de sus instituciones para otorgar respuestas viables a las necesidades de la sociedad, que hoy en día han aumentado con la crisis económica, resultado de las políticas públicas impuestas recientemente por nuestras autoridades federales; y ante la incertidumbre que provoca la relación internacional planteada por Donald Trump.

En México se hace imperiosa la unidad del país en todos los sectores, pero principalmente en aquellos encargados de dirigir las políticas públicas que garanticen atender las exigencias y satisfacer las expectativas de la sociedad, logrando así cumplir con los propósitos y funciones del Estado.

Sin embargo, ante la inoperancia e incapacidad demostrada por la administración federal, de resistir los desafíos a los que se ha enfrentado, así como los cambios en el gabinete del presidente que lejos de ser un mensaje de fortaleza, han ocasionado el mayor número de conflictos de interés nunca antes vistos y que han demostrado que la corrupción en el gobierno pasó de ser un rumor a uno de los mayores problemas del país.

Aunado a lo anterior, el Pacto por México, acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la República y los presidentes de los tres partidos, más importantes (PRI, PAN y PRD), cuyo objetivo era profundizar el proceso democrático y fortalecer el Estado mexicano, ha mostrado su insolvencia y  destruido la legitimidad de los firmantes, que en estos momentos son víctimas del descrédito y los reclamos de la gran mayoría de los mexicanos.

Conforme a lo anterior, es urgente terminar con el gobierno de concentración del poder en el presidente de la república, que contrasta seriamente con los sistemas constitucionales democráticos, que dicho sea de paso, desde la época de Montesquieu y su planteamiento de la división de poderes se consideró inapropiado para el desarrollo social.

Por todo lo anterior, coincido con la propuesta  del Dr. Diego Valadés Ríos, constitucionalista por demás representativo de nuestra sociedad, al referir que si Peña Nieto pretende salvar estos dos últimos años de su administración y dejar el banquillo presidencial con un acontecimiento histórico que realce su desdibujada administración, es el momento de adelantar la reforma constitucional prevista para 2018 y formar un gabinete de coalición que le permitan garantizar un equilibrio de poderes y establecer mecanismos que posibiliten la construcción de mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática y fortalecer al Estado mexicano.

Atreverse a adelantar la reforma, coadyuvaría a contar con un gabinete más eficiente y profesional, ya que al optar por un gobierno de coalición, el gabinete deberá ser ratificado por el Congreso de la Unión, estrechando así la colaboración entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo, generando óptimas condiciones de gobernabilidad enfrentar los problemas del país, fortaleciendo la capacidad para que las demandas de la sociedad sean satisfechas por parte del Estado.

Y por otra parte estaría mandando el mensaje al exterior, de que México ha dado un paso enorme para convertirse en un país reformador y moderno de los sistemas de gobierno imperantes en el mundo, capaz de construir una unidad en su gobierno de manera que todos los mexicanos se sientan realmente representados.

Y que como resultado de ese trabajo de unión, sobrevenga la consecuencia esperada, un cambio de perspectiva internacional, que permita observar un país con un verdadero proyecto de trabajo, que otorgue certeza de inversión y comercio a las potencias mundiales, beneficiando así la economía del país.

Por qué, de seguir empeñados en esa soberbia imperialista y autoritaria, únicamente se estará abonando al deterioro total, institucional y político de México, a aumentar la crisis económica y la hostilidad, para con nuestra nación, de los Estados Unidos de Norte América, situación, que terminará por acrecentar la exasperación e inconformidad de los diferentes sectores sociales tan evidenciado a últimas fechas, en muchos estados de la Republica, con una crisis de gobernabilidad nunca vista en la historia del país, con un Presidente que sólo tiene un 10% de nivel de aprobación de su gobierno. Sin embargo, considero que el principal obstáculo para una decisión de este nivel, son los intereses de las grandes empresas trasnacionales que se han beneficiado saqueando nuestras riquezas y que difícilmente aceptarán perder lo ganado, aún a costa del bienestar de la mayoría de los mexicanos.