La Procuración y Administración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, pues este binomio se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honesta de los servidores públicos.

No obstante, la Procuración y Administración de Justicia es el talón de Aquiles de cada gobierno, sin lugar a dudas la ahora Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del estado siempre han estado en el ojo del huracán, sobre todo cuando bajo su responsabilidad recae la procuración e impartición de justicia en asuntos espinosos y delicados, que han dejado bajo sospecha la aplicación de la ley.

Evidentemente, el reto ahora es realmente transformar el sistema de procuración y administración de justicia, velar por la observancia de las leyes en el ámbito de competencia del ministerio público; recobrar la confianza de los ciudadanos, transparentar las acciones de los entes de gobierno y rendir cuentas a la sociedad; ampliar la cobertura de los servicios; contar con tecnología de punta en la investigación, persecución de los delitos y la consecución de los procesos judiciales; lograr una integración pronta y expedita de las carpetas de investigación; incrementar el número de plazas y sueldos de servidores públicos de las áreas sustantivas; y privilegiar la capacitación constante, permanente y dinámica, que sirva para mejorar su calidad profesional y humana, para que actúen con una responsabilidad basada en valores.

En el actual Plan Estatal de Desarrollo se contempla que el gobierno debe asumir la responsabilidad de la seguridad pública tomando decisiones efectivas en el fortalecimiento y profesionalización del sistema encargado de esta tarea y trabajar de la mano con los municipios de la entidad para alcanzar un entorno de justicia y paz social, incrementar la presencia institucional en materia de gobernabilidad, seguridad pública y procuración de justicia, así como fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que contribuyan a la construcción de la paz y el acceso a la justicia en las regiones del estado, incluso añadiría, incrementar trabajo colaborativo con el Poder Judicial; fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica a nivel regional para asegurar la acción de las fuerzas de seguridad, la reinserción social integral y el acceso a la justicia; fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la prevención y el combate del delito. Promover la actualización del marco jurídico estatal y municipal en materia de igualdad con perspectiva de género e interseccionalidad; reforzar la cultura de prevención de la violencia de género y a grupos vulnerables; implementar esquemas de atención en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género. Hacer efectivo el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y de grupos vulnerables considerando sus características culturales, de organización y de condiciones de vulnerabilidad; implementar acciones y medidas para la defensa de la tierra, los territorios, los recursos naturales y medio ambiente de los pueblos indígenas. Para lograr ello, el gobierno del estado tiene como prioridad mejorar el bienestar general de las personas y generar un ambiente de tranquilidad, mediante la creación de entornos donde impere el respeto y la protección a los derechos humanos no se toleren los actos de corrupción e impunidad; a su vez, generar sinergia con el gobierno federal y contribuir a los objetivos que propicien el desarrollo.

Todo lo anterior, es todo un reto a cumplir y aunque parece una muy difícil tarea, todo se reduce a una sencilla ecuación: que haya un verdadero liderazgo, voluntad política para implementar el cambio y evitar las prácticas deficientes de los servidores públicos. Resultando evidente que para llegar al cambio y cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo es primordial realizar un diagnóstico lo más realista posible sobre las condiciones en la materia que guarda la entidad, identificar las áreas de oportunidad y opciones de mejora inmediatas, tanto normativas como estructurales, funcionales y de política pública, amén de involucrar a los servidores públicos en la dinámica de mejorar en la calidad y resultados de su trabajo, mejorar la infraestructura con la se cuenta y ampliarla a las regiones más lejanas a la capital.

En consecuencia, resulta indispensable diseñar una arquitectura institucional (normas internas, procesos, organización, capital humano, información y tecnologías integradas para la consecución de objetivos) para atender los principios que sostienen el modelo constitucional de justicia, a través de las mejores prácticas y estándares internacionales; así como establecer un plan de acción que permita el pleno respeto a los derechos humanos para administrar la gestión del cambio, proteger al gobernado, procurar que el culpable del delito no quede sin sanción y que los daños causados por el delito se reparen, privilegiar la solución pacífica de conflictos en un ambiente democrático y de gobernabilidad, buscando cumplir con el objetivo de lograr el desarrollo social y económico seguro y sostenible, considerando las particularidades específicas de las regiones donde se presenta un mayor rezago, en la cuales además se identifica la necesidad de fortalecer la impartición de justicia y combate a la impunidad, creando entornos donde se protejan los derechos humanos y se propicie un ambiente de paz.