La difícil situación que enfrenta la población como la pobreza, el desempleo, la complicidad de las autoridades y la impunidad propiciaron la aparición en México de distintas formas del crimen organizado, que en Puebla se materializó a través del fenómeno del huachicol.

El gobierno de Miguel Barbosa, según se plasma en su Plan Estatal de Gobierno tiene como objetivo sobre Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho -mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica de la población del estado de Puebla-, sin embargo, dicha tarea se denota ardua, se aprecia difícil, sobre todo con las cifras que se desglosan a continuación:

•    Por cada 1,000 habitantes hay 0.42 policías, tratándose sólo de la policía estatal, sin tomar en cuenta a las policías municipales;
•    En consecuencia, el 81% de los poblanos sienten que viven inmersos en la inseguridad;
•    De 200 ministerios públicos que había hace cinco años, actualmente hay 137;
•    De 300 jueces aproximadamente que había hace 3 años, a la fecha existen aproximadamente 150;
•    Respecto al sistema penitenciario, como ejemplo está el centro de reinserción social de Tehuacán es ya insuficiente pues está sobrepoblado, además de encontrarse dominado por las mafias internas;
•    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de las 26° Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de la que se desprendió que las ciudades de  Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla fueron consideradas por la mayoría de sus pobladores como las más inseguras del país; y
•    Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Tláhuac, Tlalnepantla, Puebla, y las alcaldías Coyoacán y Gustavo A. Madero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9%, respectivamente.

Siendo ésta la situación que impera en el estado y la capital sobre la seguridad pública, no queda más que reiterar la necesidad de brindar garantías para las personas y sus familias, para su patrimonio y sus negocios.

Si bien, el actual Gobernador ha hecho énfasis en que el concepto de seguridad pública es el más amplio, social, humano y ambicioso: es el derecho humano a vivir sin miedo para ser feliz, además que ha señalado que para contener los índices delictivos y reencauzar la seguridad en Puebla, deberá ser con estrategia, tecnología y acciones perfectamente definidas, acompañadas de educación, prevención del delito, valores familiares y crecimiento económico. Entonces, se desprende que la seguridad pública es una obligación del Estado mexicano, concretamente de los tres órdenes de gobierno, de la federación, del estado y de los municipios, los cuales deben enfrentar la delincuencia y tomar las decisiones necesarias en una coordinación eficaz y eficiente con la Guardia Nacional, amén de profesionalizar, capacitar a los elementos policiales, dotarlos de tecnología y armamento.

Aunado a lo anterior, se debe observar la correcta aplicación de estrategias y fortalecimiento institucional, a su vez, al ser Puebla uno de los estados con mayor pobreza y desigualdad en el país, a pesar de su capacidad productiva, es primordial reactivar la economía mediante un Plan de Desarrollo Regional, con propuestas específicas derivadas de su suelo, clima o ubicación, además de efectuar el cabal cumplimiento de la ley, el combate a la corrupción, así como seguridad pública para las personas y su patrimonio, respetando los derechos humanos y erradicar toda forma de discriminación, y definir las acciones públicas para combatir la violencia de género y el feminicidio.

DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO