- El juez relator consideró como agravante que la acusación lo señalara "líder" de una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción de Lula al poder.

DW (Deutsche Welle).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado el jueves (11.09.2025) a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Corte Suprema decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Defensa anuncia apelación, EE.UU. protesta

Los abogados defensores del exmandatario adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa.

Los letrados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno dijeron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

"La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", reza el comunicado divulgado por los abogados tras el fallo, que fue condenado por el gobierno de Estados Unidos.

"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó el secretario de Estado Marco Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados. 

"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.
Ocho declarados culpables

Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.
Conspiración en etapas

La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.

La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.

El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que ha llevado a las condenas y que, según la acusación, fue "liderada" y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de "perpetuarse en el poder" e instalar "una dictadura" en Brasil.

gs (efe, dpa)

- Los manifestantes exigieron amnistía para el exmandatario en medio de pleno juicio por golpismo.

DW (Deutsche Welle).- Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro protestaron este domingo (07.09.2025) en varias ciudades de Brasil en defensa del expresidente y exigieron una amnistía "amplia y general", en medio del juicio oral que enfrenta en el Supremo por supuesto intento de golpe de Estado.

Entre gritos de "Bolsonaro, vuelve" y carteles de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, la manifestación más multitudinaria se celebró en la Avenida Paulista, en São Paulo, y tuvo réplicas al menos en Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.

Los bolsonaristas también desplegaron una bandera enorme de EE.UU. y respaldaron con firmeza a Trump, quien sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado.

La familia de Bolsonaro se dividió para respaldar la inocencia del líder ultraderechista, en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto pasado y que previsiblemente la próxima semana conocerá el veredicto del Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha pedido condenar al exjefe de Estado y a siete de sus colaboradores, entre exministros y mandos militares, acusados de conspirar para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ya insinuó que propondrá una pena dura y hoy fue objeto de duras críticas.

Los simpatizantes del expresidente sostienen que la investigación es un "invento" para sacarlo del tablero político y defendieron que pueda volver a disputar unas elecciones. Sin embargo, Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 tras ser condenado por la Justicia Electoral por abuso de poder en la campaña de 2022.
Contramanifestaciones

En paralelo, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicatos también aprovecharon este 7 de septiembre para salir a la calle con una agenda radicalmente opuesta: rechazar la amnistía, clamar contra Trump y exigir una condena para Bolsonaro.

Hubo concentraciones al menos en Brasilia y São Paulo, donde según un estudio preliminar de la Universidad de São Paulo (USP) se reunieron casi 9.000 personas. Mientras que en la capital brasileña, Lula encabezó el desfile cívico-militar por la Independencia, marcado este año por la defensa de la soberanía nacional frente a las intromisiones de Trump.

(efe, afp/mn)

Aprobaron diputados prisión preventiva oficiosa por 12 delitos más

Puebla, Pue.- Quedó aprobada la ampliación del catálogo de delitos graves, lo que significa un golpe al principio de presunción de inocencia y al Sistema Penal Acusatorio, vigente en el país desde hace cuatro años.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes, por 377 votos (mayoría calificada), una Reforma Constitucional que amplía el catálogo de delitos graves que serán sujetos los imputados a prisión preventiva oficiosa por y decretada por los Jueces de Control.

El Constitucionalista Miguel Ángel Tejeda informó a esta redacción que el catálogo de delitos graves implica los siguientes: Uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de armas de fuego y explosivos.

Explicó que esta ampliación de delitos graves es un golpe al principio de presunción de inocencia y al nuevo Sistema Penal Acusatorio, que viene operando desde el año 2016 en la República Mexicana.

Diputados de la oposición, por su parte, manifestaron en tribuna que no existirán cárceles en México para resguardar a todas aquellas personas que se les dicte una prisión preventiva oficiosa, además de que insistieron en que se viola el principio de presunción de inocencia que consagra la Carta Magna en favor de los mexicanos, en su artículo 20 Constitucional.

Tejeda Ortega concluyó señalando que esta es la primera reforma a la Constitución Mexicana, que prospera por parte del Partido Morena, y que beneficia a las políticas encaminadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Presupuesto inequitativo. Disminuyen rubros relevantes como salud, seguridad social y educación.

El pasado 8 de septiembre el nuevo Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presentó ante el Congreso de la Unión, su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, en el que según, la asignación propuesta para los ramos administrativos asciende a 958.4 mmp, 16.9 por ciento real menos que el aprobado para 2016. Y a decir del ejecutivo, el monto referido es congruente con el escenario de reducción del gasto. Sin embargo, las dependencias del gobierno federal continuarán dando cumplimiento a las obligaciones que el marco jurídico les confiere, teniendo en cuenta las metas nacionales, los objetivos y las estrategias emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, o al menos, eso fue los que dijeron.

De lo anterior, destacan las propuestas de asignaciones presupuestarias a los ramos de Educación Pública (27.7 por ciento), Salud (12.7 por ciento), Desarrollo Social (11.0 por ciento) y Comunicaciones y Transportes (8.1 por ciento), que en conjunto concentran el 59.5 por ciento del total de los ramos administrativos, con lo que según fortalecerán las políticas públicas orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación y de salud; a avanzar en la lucha contra la pobreza extrema y las condiciones de marginación, entre otras acciones; así como, fomentar la infraestructura de comunicaciones, particularmente, en materia de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones.

A este respecto, cabe señalar que en dicha propuesta prevalece la desigualdad y privilegia el pago de los intereses de la deuda, por encima de programas prioritarios para el bienestar de la población como: la salud, la seguridad social y la educación, lo anterior, es ratificado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El estudio del CIEP precisa que en este año, el presupuesto público destinado a la salud universal se reduce, en términos reales, en 4 mil 610 millones de pesos, lo que equivale a 0.85 por ciento del presupuesto asignado en 2016. De esta manera, su participación respecto al presupuesto total neto pasa de 11.4 en 2016 a 11.2 por ciento en 2017.

En 2017 el presupuesto educativo disminuye 4.8 por ciento, debido a que debemos pagar más en pensiones y deuda; mientras que en salud veremos una reducción real de más de 4 mil millones de pesos. Por lo tanto, se presenta una reforma educativa debilitada en términos de financiamiento con un ajuste de 30.2 por ciento. “Se quitan las becas para la educación media y superior, pero se entregan becas para el ejército y la marina con el fin de atraer a más jóvenes a las fuerzas armadas”. En tanto, el seguro popular, agregó, recibe un recorte de 9 mil 224 millones de pesos.

Por lo anterior, es que calificamos de inequitativo dicho presupuesto, aunado a que otros rubros, que no tienen la importancia ni la relevancia para el desarrollo del nuestro país, y que sólo gastan presupuesto en vanalidades de nuestros diputados y senadores, si aumentaron su presupuesto, ya que en la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017, al Poder Legislativo se le asignan 15.088 mmdp, cifra superior a la aprobada para 2016 en poco más de mil millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.6%. Se debe destacar que el aumento real propuesto para la Cámara de Senadores es de 4.2%, mientras que el incremento para la de Diputados es de 3.6 por ciento. Como si el servicio de nuestros legisladores estuviera al nivel de lo que gastan y cobran, para que se les premie con estos aumentos por encima de la inflación, cuando la mayoría de los mexicanos debemos amarrarnos el cinturón, los legisladores seguirán en la opulencia y el despilfarro.

Otro rubro al que le proponen un aumento es al Poder Judicial, ahora de 10 mmdp respecto a lo aprobado para 2016. Esto es, un aumento de 14.8% en términos reales, lo cual es a todas luces una propuesta fuera de toda proporción y que no se puede justificar.

En fin, el gobierno federal se vanagloria de proponer al Congreso de la Unión, un recorte histórico por 239 mil 700 millones de pesos al presupuesto para 2017, en aras de presumir tener una administración austera, equivalente al 1.2% del PIB, pero como siempre la austeridad la vamos a sufrir nuevamente los ciudadanos.