La desigualdad social en México, tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial, se explica por atributos personales, relacionales y estructurales que determinan las posibilidades de las personas de capturar y retener recursos e ingresos a lo largo de su vida.

La desigualdad social perjudica el crecimiento económico, así como, el funcionamiento de la democracia, la concentración de recursos económicos en grupos privilegiados de la sociedad puede aumentar desproporcionalmente la capacidad que tienen las élites para influir en las agendas de los gobiernos y partidos políticos, además, los ciudadanos que pertenecen a grupos marginados pueden tener dificultades para disponer del tiempo, las habilidades y los recursos necesarios para participar en asociaciones y campañas políticas. Aunado a estos efectos perniciosos directos, algunos estudios sugieren que la desigualdad actúa en detrimento de la estabilidad institucional y la consolidación democrática en el largo plazo.

En México, el 43.6% de la población está en situación de pobreza, lo que significa que 4 de cada 10 habitantes tiene esta condición. Además, de los 53.4 millones de personas pobres que hay en el país 9.4 están en pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esto explica porque México es considerado uno de los países más desiguales de América Latina.

Con lo anterior, se esperaría que para una sociedad como la mexicana, con altos niveles de pobreza y desigualdad, se asignen gran cantidad de recursos al gasto social, pero resulta todo lo contrario, de los 13 mil 800 pesos, que por cada habitante del país, aplicó la administración pasada en el rubro de Gasto Social, que abarcaba lo relativo a, Educación, Salud, Asistencia y Seguridad Social, el gobierno de la cuarta transformación, lo redujo para este 2019, con los recortes establecidos en el Presupuesto de Egresos a grupos vulnerables, quienes tendrán que asumir por su cuenta lo que no pueda otorgarles el Estado.

Y el primer impacto lo recibieron las estancias infantiles que estaban a cargo de la SEDESOL, las cuales fueron creadas como un programa de apoyo a madres trabajadoras sin empleo formal, cuando la crisis económica obligó a que más mujeres trabajaran, no por elección sino por necesidad.

Durante 2018 el gobierno federal destinó mil 150 pesos al mes por niño atendido en las estancias infantiles, recurso que era contributivo porque una tercera parte la pone la madre, otra el Estado y otra la empresa, esos recursos que ya eran pocos, para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó dos mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los cuatro mil 70 millones erogados en 2018.

La reducción a este importante rubro de apoyo a grupos vulnerables, acaeció sin un argumento convincente que justifique la decisión, se ha declarado por el Presidente López Obrador, que existía un grave problema de corrupción en estas estancias, que incluso grupos cercanos a las autoridades anteriores crearon redes de guarderías para acaparar los recursos y beneficiarse entre familiares, que muchos de los recursos se quedaban en manos de los funcionarios y que no llegaban a las responsables de las guarderías, que había niños fantasma que supuestamente acudían a las guarderías y no se les localizó ó aparecían registrados hasta en tres sitios. El presidente en su discurso puede tener la razón, pero en todo caso que ordene una investigación a fondo en contra de los exfuncionarios, audite los recursos y verifique la demanda social de las guarderías, ya que no es posible generalizar los casos y antes de investigar aplicar el recorte como ya se anunció, en mi opinión la forma es fondo y si de verdad se trata con esta medida de combatir un área donde ha proliferado el dispendio de los recursos públicos y la corrupción, antes debió planearse,¿ cómo se va a cubrir el servicio para  los 313 mil niños que asisten a las estancias? Se ha dicho que el dinero se entregará en forma directa a los padres de familia, sin embargo todos dudamos, que efectivamente lo destinen para la guardería se sus hijos y seguramente se usará para otras necesidades de las familias,¿ o si los recursos eliminados se destinarán a otro rubro que resulte en una mejor atención para los niños?

Lo mejor será que el Presidente de marcha atrás a esta decisión y fortalezca el sistema de guarderías, aplicando sanciones severas a quienes se involucren en actos de corrupción y exista una supervisión profesional del servicio que se presta en dichos lugares. Si no cuidamos el bienestar y educación de los menores, después no nos quejemos de que terminen de ninis o en las filas de la delincuencia que si les ofrece mejores condiciones de vida, por poner en riesgo su libertad y hasta la vida.