Columna | Desde el portal

 Al presidir la sesión en la que se aprobaron candidaturas de representación proporcional y de mayoría relativa, el consejero presidente del INE, pidió recordar que después del proceso electoral del 7 de junio los problemas de pobreza y desigualdad seguirán ahí y todas y todos, trabajadores, gobernantes y empresarios, mayorías y minorías, se van a necesitar para construir acuerdos e inyectarle viabilidad y futuro a nuestra nación y a nuestra democracia.

 Y  lamentó que haya quienes consideren como parte de su estrategia electoral recurrir a la descalificación del árbitro electoral por aplicar la Constitución y las leyes, más cuando es inevitable que quienes las violan sean sancionados sin que ello implique estar en contra de ningún actor o fuerza política.

  En este proceso electoral, el más grande y complejo de la historia, resulta fundamental que todos los contendientes respeten la ley y que los recursos públicos se ejerzan con absoluta imparcialidad, y recordó que el INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley.

 E hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, candidatas y candidatos, a realizar sus estrategias electorales y labores de proselitismo con respeto a los protocolos sanitarios y a evitar actos o acciones que contribuyan al incremento de las curvas de contagio. Queda a consideración de los votantes sus consideraciones.

TURBULENCIAS

Enfrentará al poder político y difamatorio: Hank

 El candidato del PES a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, en sendos eventos en Tijuana y Mexicali, dijo que su campaña se enfocará en propuestas, en escuchar a la gente y buscar juntos, la solución a cada uno de sus problemas que hoy tiene esta entidad fronteriza, una de las más violentas, sin inversión federal y por supuesto carentes de un buen gobierno. “haré de nuestra entidad un lugar seguro para las mujeres, dejaremos de ser el primer lugar en feminicidios de México e indicó que así como sus empresas están certificadas como espacio libre de violencia en contra de las mujeres, hará lo necesario para erradicar todo tipo de agresión en su contra; y sobre el perfil de su campaña en medio de una pandemia, dijo que no solamente cuidará a los bajacalifornianos y su salud, sino que habrá de enfrentar al poder económico, político y difamatorio de las autoridades estatales…La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN), propuso reformas al artículo 9 inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro para precisar que a quien detenga en calidad de rehén a una persona “por medio de violencia física o por cualquier medio de coerción o intimidación”, se le impondrá pena de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. En la exposición de motivos, se menciona que el propósito de la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, es considerar como una agravante el secuestro virtual.Indica que con el desarrollo de las tecnologías, la delincuencia organizada ha encontrado nuevas formas de amedrentar y cometer delitos contra las personas que viajan o vacacionan y el patrimonio de familiares, además de causar otras secuelas como la parte psicológica…Si el video de la simulación de la aplicación de una vacuna es real, es un hecho criminal que debe castigarse, consideró el diputado al Congreso Local de la CDMX, Jorge Gaviño, en tanto que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum consideró que fue “un error humano” y no una acción deliberada de Gobierno, y exhibió la disculpa pública emitida por el IMSS al reconocer el “error” y la correcta aplicación posterior  de la vacuna al afectado. “Haiga sido como haiga sido”, este suceso agrava la desconfianza ciudadana hacia el Gobierno –de cualquier color-, pues la ciudadanía ya desconfía de las acciones oficiales…

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Hoy se verá de qué está hecho el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre un atropello flagrante a la constitución y a la democracia.

Se trata de la extensión del periodo de la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años, impuesta por el congreso estatal, dominado por Morena.

La votación legislativa fue un muladar y se hizo después de que los ciudadanos habían elegido a Bonilla por un periodo de dos años.

El gobernador electo, envalentonado por el tsunami de Morena en la elección federal, impulsó en su beneficio la reforma y luego, imitando a su pastor, orquestó una consulta populachera a modo para bendecirla.

El hecho es ominoso y grosero.

Discutir sobre la constitucionalidad del mismo es ocioso. Se trata de una violación flagrante de todos los principios consagrados en ella. Ya en otro momento expuse los argumentos legales.

El Ministro Instructor Fernando Franco, un respetado jurista, ha presentado el proyecto para declarar inconstitucional el acto.

Pero hoy la Corte, para echar abajo este acto, requiere de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los ministros. Ocho votos.

Esto demanda que los nuevos ministros, propuestos al Senado por el ejecutivo, demuestren su independencia y su valor.

Son 3: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Fajart.

El acto es tan sucio que no sólo se demanda a la corte que se eche abajo, sino que se haga por unanimidad.

Nada menos que eso es aceptable.

La democracia sirve para muchas cosas, pero una de ellas es esencial: asegurarse que los malos gobiernos se terminen de manera pacífica en fecha cierta.

Permitir que un órgano político pisotee la constitución y haga de las leyes una hechura a su medida sería condenar a muerte a la democracia.

La decisión del porvenir de la democracia y la libertad está, pues, en la corte.

El poder ejecutivo Federal pudo impugnar la constitucionalidad del acto y no lo hizo. López Obrador ha respondido, sibilino, que hará lo que diga la Corte, pero no apeló a ella ni condenó el golpe parlamentario.

Precisamente por ello, por su proclividad a ignorar al estado de derecho, a violar la ley si ello lo acerca su personal sentido de justicia, si la arbitrariedad sirve a sus intereses, es indispensable que la Corte pruebe que está a la altura de las circunstancias.

El Poder Judicial sirve, entre otras cosas, para eso: para frenar el abuso. Para corregir la plana. Para garantizar que el poder se someta a la constitución.

La independencia y la bravura de los jueces se mide no con presidentes débiles, sino con poderes excepcionales. No en circunstancias de bonanza, sino en épocas de desventura.

Nuestra democracia republicana se basa en la división de poderes, el federalismo, la representatividad y el laicismo.

Como nunca, cada uno de esos principios están en riesgo hoy. En una sola decisión, la Corte los solidificará o los hará volar en pedazos.

Habrá que dar un escrutinio especial a cada voto, a cada expresión.

Si el fallo falla, sabremos, sin lugar a dudas, que se ha abierto el camino a la dictadura. Validada por los jueces.

Twitter | @fvazquezrig