Columna | P U L S O   P O L I T I C O

               Ninguna sorpresa es para el pueblo de México, el que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, haya entregado fuertes cantidades de dinero a legisladores de todos los partidos, para que aprobaran lo que a él le interesaba que se aprobara, sin problemas, sin discusiones, sin que el pueblo se enterara de lo que esas “reformas estructurales” significaban realmente para el país: la entrega del petróleo a particulares principalmente extranjeros; la entrega de la electricidad además, con lo que México pasaría a ser un país dependiente de energía, como ya lo era y lo sigue siendo, en alimentación básica pues importamos maíz, frijol, arroz, leche y lácteos en general, además de soya para la fabricación de aceite comestible y la elaboración de alimentos para ganado.

                El sistema de pago de moches a los legisladores, ha sido común no solo a nivel federal, sino también en los estados: las iniciativas de ley que el Presidente o los gobernadores envían a los congresos federal y locales, que pueden causar protestas ciudadanas o provocar escándalos políticos, siempre eran apoyadas por los famosos “moches” a partidos y a legisladores de esos partidos.

               CUANDO EL PRI DE PUEBLA, se volvió partido de oposición, en el 2010, el primer gobierno panista, recurrió a esos “moches” (todo mundo lo comentó, todo mundo lo sabía, o lo intuyó) cuando el gobierno estatal aprobó la famosa “ley bala” que fue motivo de la muerte de un niño durante la protesta ciudadana, asunto que no se olvida y que se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para el gobernante autor de la iniciativa.

               En ese que fue el primer gobierno panista, el Congreso conformado por una mayoría panista y en la que los priístas y perredistas eran minoría, aprobó a propuesta del gobernador de entonces, la privatización del servicio de agua potable.

              Los priístas, la gente más experimentada en asuntos de gobierno, no solo la aprobaron, sino que en declaraciones a la prensa, la elogiaron, lo mismo que hicieron con la “ley bala”. La ciudadanía se rebeló. Se formaron grupos de ciudadanos para luchar contra la privatización de un bien propiedad de la nación, que necesitamos todos para vivir y que por consiguiente, debería ser manejado por los gobiernos estatal o municipal y no por los particulares.

             La bancada del PRD, partido que fue aliado del PAN en las elecciones que llevaron al poder a los panistas por primera vez en la historia de la entidad, también la aprobó, pese a que la medida iba contra sus principios, contra su ideología seudo-izquierdista. La coordinadora de la bancada perredista, doña Socorro Quezada Tiempo, se reportó enferma y no asistió a la sesión en la que fue aprobada la iniciativa.

             Cuando llegó la época de campañas electorales, el PRI lanzó a doña Blanca Alcalá como su candidata y una de los primeros ofrecimientos que hizo a los electores fue echar atrás tanto la “ley bala” como la privatización del servicio de agua potable y también, hacer justicia a los más de diez mil burócratas estatales, que fueron dados de baja sin liquidación, pese a que muchos tenían más de diez y quince años de servicio, sin el pago que por ley les correspondía.

             Los priístas pues, estaban plenamente conscientes de que las iniciativas aprobadas y el proceder del gobierno panista en relación con los burócratas despedidos, era injusto y constituía ya, un problema político. Los perredistas también, pero ambos partidos guardaron silencio cómplice durante meses, hasta que llegó el momento de comprometerse con la ciudadanía, haciendo promesas, que a la mejor no podrían cumplir, por cuestiones legales, como en el caso del agua, no ha podido revertir la privatización el gobierno morenista, pero sí está atendiendo positivamente los casos de despido injustificado de burócratas pese al tiempo transcurrido, y la “ley bala” ha dejado de existir.

             A PROPÓSITO DEL GOBIERNO ESTATAL, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en reunión con un grupo de importantes empresarios, se comprometió a reactivar la economía local a partir del 15 de agosto próximo.

             Los casos de contagio y de fallecimientos en Puebla, se van controlando poco a poco y se espera que en dos semanas ya haya condiciones para la reanudación de actividades con las debidas precauciones.