Intervención de la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Lucero Saldaña Pérez, durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos. Miércoles 17 de octubre de 2018.

Compañeros integrantes de esta Comisión.

Hace 65 años no estábamos las mujeres, sino apenas teníamos este derecho reconocido, no gratuito, no una dádiva.

Hoy esta Comisión integrada en su secretaría, mayoritariamente por mujeres, a 65 años de reconocer los derechos políticos electorales de nosotras las mujeres, pues estamos avanzando en paridad política, pero efectivamente, hay retos que necesitamos del concurso de nuestros compañeros aliados como legisladores.

Y también a unas semanas de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, celebramos esta instalación de la Comisión de Derechos Humanos en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, aquí, donde lo interesante es también muchos temas, pero el tema de presupuesto.

Sin lugar a dudas, la protección, promoción y la defensa de los derechos humanos, deben ser pilares fundamentales y obligación irrestricta de toda autoridad gubernamental.

Los derechos humanos son ya un paradigma que se ha redefinido el Estado mexicano en estos últimos años.

Podemos decir que con la histórica reforma de junio del 2011, asistimos a un parteaguas en nuestro marco jurídico, pues no solo se amplía el catálogo de los derechos humanos y le da forma al Estado, en cuanto a su protección.

Pero aquí se ha dicho que no basta con modificar las leyes, sino la aplicación irrestricta de las mismas.

Y es así que esta reforma debe traer una visión y una perspectiva de los derechos humanos, con la cual estamos comprometidos.

Hemos tenido en esta materia la oportunidad de incidir en diversas iniciativas orientadas a la armonización y perfeccionamiento de nuestras leyes.

Nuestra visión como legisladores, tiene que seguirse ampliando, especializándose y vinculándose con lo que sucede en el plano internacional, ya que cuando el Estado mexicano ratifica un tratado, estamos obligados a armonizar nuestra legislación a estos estándares.

Bajo esta premisa, el Poder Legislativo es garante de la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos, pues generamos estas leyes y ordenamientos.

No escatimamos algunos avances en esta materia, como 210 instrumentos internacionales de los que somos Estado parte, y en los que se reconocen a los derechos humanos.

Sin duda, esto brinda un amplio espectro para garantizar la protección mucho más amplia a cada habitante del país.

Necesitamos que en estos últimos años sigamos, continuemos con el trabajo de armonización y se han recibido 28 visitas de funcionarios y relatores de mecanismos de derechos humanos, que continúe esta apertura hacia quienes están en su calidad de defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

México ha suscrito cinco acuerdos de solución amistosa y del buen cumplimiento total de cinco acuerdos similares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más reciente, el pasado 28 de septiembre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas se congratuló con la firma por parte de nuestro país, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

México tiene el deber y el firme compromiso de seguir en esta línea de avanzar en la protección, en la defensa, en la promoción y en la asistencia, atención a las víctimas, como un marco integral.

Es importante resaltar que no podemos entender nuestros avances en materia de derechos humanos, sin la participación de la sociedad civil.

Es ella quien ha movido muchas de las causas de los movimientos que han generado estas transformaciones.

En ella, se exige materializar y coadyuvar para lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

También estaremos con la colegisladora de muy buena relación en este tema, para poder destrabar algunos de los temas que aquí se han expuesto, y otra de la agenda que nosotros también contribuiremos.

Desde este momento hacemos una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil a que sigan sumando esfuerzos para la protección y defensa de los derechos humanos, y nos mantendremos abiertos a escucharles, y sobre todo, a incluir sus propuestas.

Y hago también una invitación a todas nuestras compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión, para que profundicemos en el conocimiento en la capacitación, en la difusión y en lo que será la aplicación sin ánimo de colores, partidos, sino que aquí, como mexicanas y mexicanos contribuyamos a un auténtico Estado de Derecho a reconocernos como integrantes, como parte de un país que anhelamos cada vez más justo, más igualitario.

Muchas gracias.

La presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP) Erika Díaz Flores, en conferencia de prensa informo que con el propósito de prestar a los usuarios un mejor servicio han sido ya colocados en a unidades un promedio de 75 botones de pánico.

Refirió en lo que compete al costo de estos botones que cada uno de ellos tiene precio de 2 mil 500 pesos, esto se debe dijo a qué se hizo un convenio con la empresa Tecnova Track empresa que nos otorgó facilidades para hacer el pago de parte de los concesionarios.

Dijo que a la fecha en un mes se han tendido avances con estos 75 botones que se han instalado aun cuando los adheridos al CTEP, son 12 mil unidades por lo que aseguro que   buscara que el número de taxistas que pongan este sistema aumente aun cuando dijo no tener certeza de cuantos podrían ser.

Agrego que a cada uno de los concesionarios que adquirieron estos botones de pánico la empresa les permitió un primer pago de mil pesos en tanto el resto podrán liquidarlo con 150 pesos semanales.

Dijo que serán 378 millones de pesos los que invertirán los permisionarios adheridos al servicio del Consejo Taxista del Estado de Puebla, quienes además contaran con el apoyo del Gobierno del Estado quien impulsara la sustentación de unidades tradicionales para autos de gas natural con la finalidad de que se disminuyan las emociones contaminantes.

Díaz Flores, asevero, que el programa implementado busca que al menos un 10 por ciento de los 27 mil permisionarios puedan adquirir un vehículo nuevo.