La teoría de los derechos colectivos no es nueva, el reconocimiento o no, de la existencia de derechos colectivos en favor de determinados grupos o colectividades siempre ha sido objeto de una disputa jurídico-política que invariablemente ha causado un verdadero conflicto social para las democracias.

Sin embargo, la nueva realidad constitucional e internacional, en materia de derechos humanos, obliga a los estados a privilegiar el conjunto de derechos colectivos, indispensables para la existencia, bienestar y desarrollo integral de cualquier minoría social.

Esta obligación se hace aún más fuerte tratándose de los grupos indígenas, quienes forman parte importante y trascendental de nuestros orígenes como nación, de nuestra historia, de la variedad cultural.

Ante la realidad jurídica- y social que impera en el ambiente no solo nacional, sino internacional, el caso de la Termo Eléctrica de Huexca, nos descubre una evidente violación, por parte del ejecutivo, al principio de derecho que establece que nunca un interés particular puede estar por encima de los intereses de una sociedad.

Lo anterior, en virtud de la oposición permanente de habitantes de 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, quienes se resisten a dicho proyecto, manifestando que el gasoducto pone en riesgo su sobrevivencia, puesto que el mismo, atraviesa la zona sísmica y de riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, considerado uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo.

Pero a pesar de la señalada oposición y del inminente riesgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha empecinado con llevar a cabo tal proyecto, del cual, los más beneficiados son dos empresas españolas Elecnor y Abengoa, quienes obtuvieron los contratos para la realización de la obra, obtención por cierto señalada por el corrupto procedimiento de licitación.

Ante tales señalamientos, el gobierno federal ha tratado de normar y legitimar el proyecto por cualquier medio y primeramente acuso de radicales de izquierda a sus opositores, tildándolos de conservadores, asegurando que eran gente pagada por empresas transnacionales a cuyos directivos no convenía la termoeléctrica.

Pero, al no lograr amedrentar a los conservadores, conservadores de sus vidas y patrimonios, la segunda opción estratégica, es hacer uso del instrumento que se está convirtiendo en el favorito del presidente para convalidar y legitimar sus deseos, una consulta popular a celebrarse este sábado 23 y domingo 24 de febrero, donde solo los habitantes de los municipios afectados podrán expresarse en favor o en contra de la termoeléctrica.

Situación totalmente vergonzosa e ilegal, porque de la misma forma que la del aeropuerto de la ciudad de México, se está utilizando un instrumento democrático ciudadano, mañosamente y fuera de toda legalidad para legitimar actos contra la ciudadanía, porque si el resultado de la misma, casualmente convalida la construcción de la termoeléctrica y más adelante por el riesgo del volcán se suscita alguna tragedia, solo el pueblo será responsable de ello y los que se llenaron los bolsillos, se lavaran las manos como popularmente se expresa.

Lamentablemente esta situación solo viene a confirmar que el López Obrador de tres campañas solo existió en la retórica gubernamental del momento y que la idea de anteponer los intereses del pueblo, a quien por cierto juro nunca iba a traicionar, solo era un eslogan de campaña, donde aquella frase que él mismo expreso cuando en 2014 visitó lo que en ese momento denominó un proyecto de muerte, eran solo eso, palabras que ahora el viento se llevó: “ Solo un loco se le ocurriría construir una termoeléctrica en la tierra de Zapata, es como si se construyera un basurero en Jerusalén”, vaya forma de cambiar a nuestro país!