Fallo de la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley Bonilla de BC

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte al declarar inconstitucional el decreto número 351 del año 2019, mediante el cual el Congreso del Estado de Baja California aumentó el plazo de duración del cargo de Gobernador de dicho Estado, Jaime Bonilla Valdez, de 2 años que tenía originalmente a 5 años, desvaneció el sueño de algunos gobernantes actuales que pretenden reelegirse.

Sobre el tema el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, comentó que esta resolución del más alto tribunal de la nación es favorable para todo el pueblo mexicano, y termina con las ambiciones que algunos gobernantes en México puedan tener o tienen para reelegirse o, en su caso, que las Legislaturas locales les amplíen la duración de dichos cargos, como sucedió en el Estado de Baja California y en tratándose del gobernador Jaime Bonilla (Morenista).

El Jurista Tejeda Ortega señaló los antecedentes del caso y mencionó que el decreto legislativo del año 2014 del Congreso de Baja California, se reformó  y en su artículo 8vo transitorio se estableció que con el fin de empatar las elecciones locales a las federales, por primera vez la duración del cargo de gobernador de dicho estado duraría únicamente 2 años, como aconteció en el Estado de Puebla con el gobernador interino Antonio Gali.

Habiendo ganado las elecciones Jaime Bonilla y terminado el proceso electoral, la Legislatura de dicho estado volvió a reformar el artículo noveno transitorio de su Constitución local para ampliar la duración del cargo de 2 a 5 años, de tal manera que el gobernador Jaime Bonilla terminara su función en el año 2024 y no como se había previsto originalmente, en el año 2021.

Inconformes con dicha reforma constitucional local, los partidos políticos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegando dichos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnándose los mismos al Ministro José Fernando Franco González Salas para su estudio.

Comenta Tejeda Ortega que el decreto reformado. según criterio del Ministro  Franco González Salas, violenta el principio de certeza electoral que debe existir en el sistema democrático de México y sobre todo el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice textualmente:

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El decreto 351 de la reforma a la Constitución de Baja California fue dado durante el proceso electoral de dicho Estado, aunque su promulgación y publicación se emitió después de concluido este.

De igual manera el decreto declarado inconstitucional se señaló que se aplicó retroactivamente en beneficio del actual gobernador Jaime Bonilla, lo que prohíbe el artículo 14 Constitucional, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Es fundamental comentar que el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró públicamente en el pleno que se llevó a cabo por medios remotos, que se dio un gran fraude electoral en el Estado de Baja California y que los diputados locales cometieron un grave ilícito al prorrogar la duración del cargo de Gobernador de su Estado y que, además se violentaron los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Politice de los Estado Unidos Mexicanos, pues los bajacalifornianos fueron a votar en favor de su candidato preferido, para el cargo de gobernador y exclusivamente por un periodo de 2 años, no así de 5 años, lo que violentó la voluntad del voto popular.

Los once Ministros de la Corte estuvieron de acuerdo en calificar el gran fraude electoral que se cometió en el estado de Baja California, por lo que la votación fue unánime e histórica, pues deja un precedente para que futuros gobernantes en México no se puedan reelegir o ampliar el plazo de duración del ejercicio de su cargo, incluye por supuesto al Presidente de la República.

Finalmente el Senador por Morena, Germán Martínez, declaró a la prensa en la Ciudad de México  que se debe fincar responsabilidad penal a aquellos legisladores del estado de Baja California, que participaron en el gran fraude electoral.

Columna | ETIQUETA CON DESTINO

En “el ojo del huracán” se encuentra el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de MORENA, por la forma tan poco clara, sin transparencia y más bien oscura que se ha manejado para que ocupe la silla de jefe del ejecutivo en Baja California por 5 años y no por 2, por los que fue electo el pasado 2 de junio.

Sólo que con las maniobras del Congreso del estado saliente, hicieron una reforma constitucional para que Bonilla Valdez, sea mandatario por 5 años, en lugar de dos que decía la constitución al día de la elección.

Muchos rumores corrieron en el sentido de corrupción de los diputados de la XXII legislatura y que dejaron el cargo el 31 de julio, donde el “vox populi” ha señalado que recibieron cañonazos de 1 millón de dólares (no se ha comprobado) para modificar la constitución y aprobar la denominada “Ley Bonilla” en julio pasado.

Sin embargo y pese a haber realizado los cambios a la constitución de ese estado ni la XXII, ni la actual legislatura (la XXIII), han enviado la reforma al ejecutivo estatal para su publicación, con lo que han evitado que se realicen amparos por la sociedad, partidos políticos y ciudadanos que se pronuncian en contra de esas modificaciones.

El 1 de noviembre Jaime Bonilla Valdez, tomará posesión como gobernador de Baja California y se dice antes de irse el actual mandatario Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid dejará publicada la reforma para que el nuevo ejecutivo tome posesión y jure por gobernar 5 años y así no sea perseguido político.

Sin embargo y pese a la encuesta del pasado domingo donde en forma “ilegal”, “amañada” y no autorizada por el INE, ni autoridad electoral alguna haya aprobado, los seguidores del Morenista y el propio gobernador electo dijo que “ya había ganado”.

Lo cierto que una vez que se publique la reforma vendrán los amparos y la solicitud a las autoridades electorales, desde la Sala Superior, el Tribunal Electoral estatal y hasta la Suprema Corte que pueden echar abajo esa reforma que a todas luces es ilegal.

Jaime Bonilla Valdez, no es bien visto para gobernar por 5 años, ni por el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ni por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quienes aseguran no meterán las manos y dejarán que las autoridades electorales decidan.

Se espera un fuerte descalabro para el gobernador Morenista, o quién pagará los platos será el actual gobierno federal y el Movimiento de Regeneración Nacional.

EL IMPODE EN TREMENDA CRISIS

En forma ilegal los trabajadores del Instituto Poblano del Deporte –IMPODE- han dejado de percibir sus sueldos desde la llegada de la actual administración y los argumentos han sido varios, que ya no hay recursos y otra que el anterior Director, Julián Haddad Feréz se llevó todo.

Sin embargo hay algo extraño en todo esto, porque se supone que la Secretaria de Finanzas y la de Administración debería tener ese recurso etiquetado para sueldos de los empleados para todo 2019, de todas las dependencias.

¿A poco los Directores pueden solicitar la ministración de salarios en forma anticipada y dejarlos en manos de los administrativos de su área?

¿No se supone que las Finanzas y Administración son los responsables del manejo de los sueldos y salarios, ya etiquetados para cada dependencia?

¿Por qué la SEP, dependencia rectora del IMPODE, no ha movido un solo dedo para ver la situación de los trabajadores?

Son sólo preguntas y que alguien debe responder.

Por cierto: el pasado fin de semana les dijeron a los empleados del IMPODE que al no existir dinero, será hasta enero de 2020 cuando puedan pagarles su salario.

¿Será que los dejen sin su salario 5 meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre)?

¡Este gobierno se comprometió a cumplir la ley y hacerla cumplir!.

Por cierto entre los mensajes recibidos por este reportero llegó otro conflicto en puerta en el IMPODE y este es el texto integral:

“Algo anda muy mal en el Instituto Poblano del Deporte, y es que a espaldas de su titular, se han presentado una serie de actos prepotentes y acciones francamente intolerantes en contra de las diferentes asociaciones deportivas y de la ciudadanía que se acercan a estas oficinas. Los malos tratos, la prepotencia y los actos de abuso son originados por quien se dice “muy cercano” por tener una relación con la ex diputada local.

Este nuevo mirrey es el “Licenciado Norberto” como se hace llamar, y ha hecho (desde un puesto que él mismo se inventó, subdirector de deportes) que el paso de Julian Haddad haya sido maravilloso, con todo lo que eso implica.

Señores de la SEP tendrían que darse una vuelta por la colonia Maravillas, para ver el desempeño del licenciado Norberto y poner orden a una instancia por demás sensible y humana dentro del aparato del gobierno”.

Ojalá el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ponga orden y no se afecta a inocentes.

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