- Congreso recibe iniciativas en materia de procuración de justicia, igualdad de género y derechos humanos 

Con la finalidad de garantizar el uso eficiente, eficaz, económico, honesto, transparente y responsable de los recursos públicos, sin menoscabo de la calidad, funcionalidad y valor público de los bienes y servicios que se contraten, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sus Municipios.

De acuerdo con la propuesta legislativa del diputado, la austeridad republicana no implica la adquisición de bienes o servicios de menor calidad, ni la selección automática de la opción más barata, sino la obligación de evitar gastos de lujo, dispendio o privilegio.

Además, priorizar bienes y servicios que ofrezcan mejor desempeño, durabilidad, eficiencia y costo–beneficio, seleccionar proveedores bajo criterios de calidad, eficiencia, precio justo y transparencia, así como asegurar que cada gasto genere el máximo valor social posible. 

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de indicar que el Estado garantizará que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

La ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer como atribución de la Secretaría de Arte y Cultura el fomentar, privilegiar y garantizar la participación del talento artístico y musical local, individual o colectivo, mediante su promoción y contratación en eventos públicos, festividades, ferias, actividades culturales y actos sociales organizados por el Estado o en coordinación con los municipios. 

Las propuestas de los diputados Julio Huerta y José Luis Figueroa, así como la de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 380 del Código Penal del Estado, con la finalidad de elevar hasta en una mitad las penas por el delito de robo cuando una persona que preste sus servicios en instituciones bancarias, financieras, de crédito, de recaudación, de envío, custodia o manejo de caudales, activos financieros o datos sensibles de las personas usuarias, proporcione, filtre, transmita, utilice o permita el acceso a información obtenida con motivo de su empleo o función, con el fin de facilitar la comisión de un hurto.  

Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 2222 del Código Civil, a fin de establecer que una donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario incumpla cargas de carácter no patrimonial impuestas en la donación, siempre que dicho incumplimiento menoscabe la dignidad, el bienestar o las condiciones de vida del donante. 

Ambas propuestas del legislador fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 

CONGRESO RECIBE INICIATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 23 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de contemplar que la violencia digital también constituye los actos de acecho, suplantación de identidad o la manipulación de información, textos y publicación de fotografías, videos, impresiones gráficas o sonoras de contenido violento, íntimo, erótico o sexual. 

Lo anterior, empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, que tenga como finalidad o consecuencia, atentar contra la dignidad y la seguridad de la vida privada, causando daño psicológico o emocional o transgreda algún derecho humano de las mujeres o de sus familias.

Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 21 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de considerar como violencia política en razón de género la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y creación de cuentas falsas en redes sociales, para suplantar la identidad o engañar a la opinión pública, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.

Ambas propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, con la finalidad de considerar como discriminación la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como realizar, promover o tolerar cualquier forma de violencia por expresión de género. 

De igual forma, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para facultar de manera expresa al organismo para realizar visitas periódicas, progresivas y sin previo aviso a cárceles, instituciones policiales, centros penitenciarios, centros para adolescentes, centros de internamiento para la atención de la salud mental y otros espacios donde se restrinja la libertad o la autonomía personal. 

Las iniciativas de las diputadas Angélica Alvarado y Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente. 

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma al artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar el concepto de caminos artesanales, que permita reconocer esta modalidad de infraestructura dentro de la planeación estatal. 

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. 

En otro momento de la sesión, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, con la finalidad de impulsar estas actividades, su inversión, financiamiento y destinatarios de apoyos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para su estudio y resolución procedente. 

Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las políticas de promoción del empleo tendrán entre sus objetivos garantizar la formación tecnológica, impulsando el emprendimiento juvenil y la inclusión en la economía digital.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Julio Miguel Huerta Gómez, dio a conocer que, a partir del siguiente periodo ordinario que comenzará en enero de 2026, iniciará el análisis de las reformas para la revocación de mandato. 

El legislador explicó que el pasado 25 de julio presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer el proceso para la revocación de mandato y, con ello, armonizar la legislación. 

Como parte de la propuesta, se contempla que debe realizarse en las urnas una vez cumplida la primera mitad del ejercicio de administración de la persona titular del Poder Ejecutivo. Además, se plantea que el Instituto Electoral del Estado (IEE) sea la instancia encargada de llevar a cabo este procedimiento. 

También, contempla que el total de las firmas que se necesitan para ser considerada como una solicitud formal debe ser del 10 por ciento de la Lista Nominal, de la mitad más uno de los municipios del Estado. Así como fijar un plazo de 30 días para que el IEE determine la procedencia o improcedencia y, en caso de avalarse, realizar la consulta dentro de los 90 días posteriores, a través del voto universal, libre y secreto. 

El diputado detalló que, para que sea vinculante, debe participar el 40 por ciento de la Lista Nominal de la entidad. En tanto, se propone que la instancia para declarar la validez del proceso será el Tribunal Electoral del Estado. 

“Será en el Segundo Periodo de este año legislativo, es decir, a partir del 15 de enero del próximo año, cuando estaremos llevando a cabo las mesas de trabajo”, agregó.  

-En sesión ordinaria se presentaron propuestas legislativas en materia de derechos humanos, procuración de justicia, presupuesto, derechos de la niñez, así como ciencia y tecnología

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de completar el ciclo de apoyo para garantizar que las víctimas de violencia no solo sean protegidas de manera inmediata, sino también para ofrecerles una solución a largo plazo que fomente su autonomía y bienestar, al definir claramente el papel de las Casas de Medio Camino en el proceso de recuperación integral.

Se pretende asegurar que las mujeres, al salir de estos espacios, tengan las herramientas necesarias para vivir libres de violencia, con la posibilidad de reintegrarse de manera plena en la sociedad.

Para su estudio y resolución procedente, la propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.

Asimismo, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el principio de interseccionalidad, a fin de reconocer que las formas de discriminación pueden concurrir y agravarse cuando interactúan múltiples factores de vulnerabilidad. Se pretende la implementación de medidas diferenciadas para garantizar la igualdad sustantiva.

La propuesta legislativa se envió a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis respectivo.

En su momento, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con la finalidad de no solo cambiar la terminología jurídica de “menores” por la de “niñas, niños y adolescentes”, sino reforzar el compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

La propuesta del diputado se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar y humanizar el lenguaje para sustituir tecnicismos jurídicos obsoletos o inadecuados, y eliminar cualquier término que pueda resultar discriminatorio, en estricto cumplimiento del Principio Pro Persona. También se busca el fortalecimiento operativo y la coordinación institucional e interinstitucional.

Para su estudio y dictaminación procedente, la iniciativa se dirigió a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Digital, con el objetivo de reconocer expresamente la obligación de habilitar mecanismos que permitan a las personas usuarias manifestar, actualizar o reservar su identidad de género autopercibida en los portales transaccionales y sistemas digitales, para evitar que el acceso a servicios públicos quede condicionado a la exposición de información sensible.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

En tribuna, la diputada Xel Arianna Hernández García, a nombre de las legisladoras Esther Martínez Romano, Angélica Patricia Alvarado Juárez y Araceli Celestino Rosas, así como de los diputados José Luis Figueroa Cortés y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, presentó un punto de acuerdo por el que exhortan a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, para que realicen la asignación o reasignación necesaria de recursos suficientes y progresivos a las Instancias Municipales de las Mujeres, garantizando su creación, fortalecimiento, operación continua y plena integración dentro de sus estructuras orgánicas, como una inversión esencial para el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres en cada Municipio.

Para su estudio y resolución procedente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de que en los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes como probables víctimas de delitos o testigos, deberá valorarse su testimonio con perspectiva de infancia, ya que ésta reconoce la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia y a los aspectos más favorables para su desarrollo integral.

La propuesta legislativa, que pretende reformar las fracciones V, VI y adicionar la VII al artículo 87 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

-Iniciativa del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género y de infancia, como criterios rectores, dentro de las actuaciones del Estado.

La iniciativa se turnó a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis respectivo.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez, por el que exhortan a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla para que elabore, implemente y evalúe el Programa Estatal y el Programa anual para la Atención de la Violencia Familiar. También para que proceda a la instalación y operación del Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Derechos Humanos.